La Administración de Barack Obama ha puesto las bases para acelerar las transferencias de presos de Guantánamo, pero el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido dificultar esa posibilidad. | Ben Fox AP
JAIRO MEJIA/EFE
WASHINGTON
La Casa Blanca aseguró está semana que está ultimando un plan para cerrar finalmente la prisión de la base naval de Guantánamo (Cuba), una promesa pospuesta durante años y que sigue en riesgo de no cumplirse antes de que el presidente, Barack Obama, deje la Presidencia.
Tras 14 años de existencia, la prisión, un limbo legal creado por la Administración de George W. Bush para encarcelar, interrogar y procesar como combatientes enemigos a presuntos extremistas islámicos, sigue siendo la cárcel para 116 detenidos.
“Estamos en las últimas fases de finalización del borrador de un plan para cerrar de manera segura y responsable la prisión de Guantánamo y presentarlo al Congreso”, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Earnest reiteró que cerrar Guantánamo es una prioridad para Obama.
Con la llegada del nuevo secretario de Defensa, Ash Carter, la Administración estadounidense ha puesto las bases para acelerar las transferencias de presos, pero el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido un freno.
“El pueblo estadounidense y ambos partidos en el Congreso se oponen a cerrar la prisión de Guantánamo y traer peligrosos terroristas a territorio estadounidense”, explicó esta semana Cory Fritz, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
El Congreso podría bloquear los pasos del Presidente para acelerar las transferencias, mientras que el plan de la Casa Blanca podría incluir la amenaza del veto presidencial para invalidar la oposición del Legislativo.
Obama ha transferido a la mitad de los 242 prisioneros que permanecían en Guantánamo cuando llegó al poder en enero del 2009 y ahora tiene la intención de acelerar las trasferencias antes de que en enero del 2017 se siente un nuevo presidente en el Despacho Oval.
En menos de año y medio, el gobierno estadounidense deberá apresurarse para reducir la población carcelaria de Guantánamo, empezando por los 52 internos que ya han recibido el visto bueno para ser liberados, pero cuya salida se retrasa por la necesidad de acuerdos con terceros países con garantías de que esas personas no se integran en grupos terroristas.
Tras 14 años de existencia, la prisión, un limbo legal creado por la Administración de George W. Bush para encarcelar, interrogar y procesar como combatientes enemigos a presuntos extremistas islámicos, sigue siendo la cárcel para 116 detenidos.
“Estamos en las últimas fases de finalización del borrador de un plan para cerrar de manera segura y responsable la prisión de Guantánamo y presentarlo al Congreso”, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Earnest reiteró que cerrar Guantánamo es una prioridad para Obama.
Con la llegada del nuevo secretario de Defensa, Ash Carter, la Administración estadounidense ha puesto las bases para acelerar las transferencias de presos, pero el Congreso, controlado por los republicanos, ha prometido un freno.
“El pueblo estadounidense y ambos partidos en el Congreso se oponen a cerrar la prisión de Guantánamo y traer peligrosos terroristas a territorio estadounidense”, explicó esta semana Cory Fritz, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner.
El Congreso podría bloquear los pasos del Presidente para acelerar las transferencias, mientras que el plan de la Casa Blanca podría incluir la amenaza del veto presidencial para invalidar la oposición del Legislativo.
Obama ha transferido a la mitad de los 242 prisioneros que permanecían en Guantánamo cuando llegó al poder en enero del 2009 y ahora tiene la intención de acelerar las trasferencias antes de que en enero del 2017 se siente un nuevo presidente en el Despacho Oval.
En menos de año y medio, el gobierno estadounidense deberá apresurarse para reducir la población carcelaria de Guantánamo, empezando por los 52 internos que ya han recibido el visto bueno para ser liberados, pero cuya salida se retrasa por la necesidad de acuerdos con terceros países con garantías de que esas personas no se integran en grupos terroristas.
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