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miércoles, 1 de febrero de 2017

Evalúan crear tribunales para los inmigrantes que delinquen

La Dirección de Migraciones y el Ministerio de Justicia analizan nuevos fueros o más secretarías para acelerar los procesos

Por Mariano Obarrio para La Nación

El gobierno de Mauricio Macri analiza ahora la creación de un nuevo fuero judicial migratorio o un cambio de estructuras en el fuero contencioso administrativo federal para agilizar los tiempos de expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos e impedir el ingreso al país de los que tengan antecedentes penales.

Sería el próximo paso para darle operatividad al DNU 70/2017, publicado anteayer en el Boletín Oficial, que dispuso mayores controles migratorios.

"Se busca cumplir con la necesidad de darle mayor operatividad al sistema y agilizar los plazos de la Justicia para aplicar las nuevas disposiciones migratorias", comentó a LA NACION el director nacional de Migraciones, Horacio García. En la actualidad, los casos de migraciones se tramitan en el fuero contencioso administrativo federal.

El ministro de Justicia, Germán Garavano. Foto: Archivo
En ese sentido, García y el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaron un análisis de "ida y vuelta" para determinar si es necesario crear un nuevo fuero o buscar otra solución, con una nueva secretaría en los juzgados contenciosos administrativos de todo el país.

La solución que se adopte se replicará a todo el territorio nacional.

El DNU, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios de la oposición, que lo ratificarían en el Congreso, se orienta a endurecer los controles migratorios, agiliza la deportación de extranjeros vinculados al delito y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, e incluso sectores del kirchnerismo apoyaron la medida, aunque en algunos casos criticaron que se haya adoptado por DNU y no haya sido debatida en el Congreso.

En principio había trascendido que García, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, impulsaba la creación de un fuero judicial migratorio. Sostiene que el fuero contencioso administrativo debe atender infinidad de causas de la administración nacional y se pierde el foco en los inmigrantes implicados en causas penales, por lo que los trámites tardan años.

Pero, con el paso de las horas, se comenzó a analizar con la cartera de Justicia la posibilidad de introducir cambios en las estructuras del fuero contencioso y, así, agilizar las causas. "Podría ser con la creación de secretarías sobre Migraciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. "Se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos", añadió. También se le pedirá una opinión a la Corte Suprema de Justicia.

El DNU de Macri reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a los casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina" al país.

lunes, 8 de junio de 2015

Ley RICO: un látigo antifraude de EE.UU.

Por Fernando Gamiz | Para LA NACION
Director del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO

En el caso de la FIFA, según ha trascendido, parte de las coimas y manipulación de adjudicaciones se convinieron en la sede de la Concacaf en Miami. Mucha evidencia habría sido obtenida durante el allanamiento de la misma. Además se utilizaron cuentas bancarias en EE.UU., y seguramente comunicaciones telefónicas y electrónicas. Los delitos se cometieron en EE.UU.

Aplicaron entonces la Ley RICO, que viene del inglés Racketeer Influenced & Corrupt Organizations Act. En castellano se traduciría como Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales. Promulgada en 1970, su objetivo era combatir a la mafia. Terminados los tiempos de la mafia, la ley empezó a ser aplicada al mundo de los negocios.

Las actividades ilegales que pena son, entre otras: violaciones a leyes estatales contra el juego, asesinato, secuestro, extorsión, robo, cualquier acto de soborno, falsificación, fraude, obstrucción de justicia, lavado de dinero, malversación de fondos de sindicato, quiebra fraudulenta o fraude en acciones.

La ley prevé condenas a prisión hasta 20 años y aun mayores. El condenado debe también ceder los bienes derivados de la actividad ilegal y estará sujeto a pagar hasta tres veces el monto de los daños causados, incluyendo el costo de los abogados y multas.

La ley se aplicó en algunos casos destacados: a miembros de la mafia, la Major Baseball League, el Departamento de Policía de Los Ángeles, Departamento de Policía de Key West, funcionarios públicos de Lousiana, financistas y abogados, y empresas privadas, entre otros. La clave: todos fueron considerados una organización criminal.

Agregado:
Esta ley es codificada bajo el Capítulo 96 del Título 18 del Código de Estados Unidos, que se ocupa de delitos federales y del procedimiento penal. En el momento de su promulgación, el Congreso tenía como finalidad eliminar los efectos negativos de la delincuencia organizada en la economía estadounidense. La ley fue impuesta, según el gobierno norteamericano, a fin de desarticular "organizaciones" ilícitas como la mafia y los cárteles criminales. No obstante, desde que comenzó a ser implementada, su campo de acción ha sido más amplio de lo previsto y es aplicada a cualquier acto o amenaza que implica el homicidio, el secuestro, las apuestas, blanqueo de dinero, conspiración para traficar con narcóticos, obstrucción de la justicia, el incendio, el robo, el soborno, la extorsión, el tráfico de material obsceno o la negociación de una sustancia controlada o química.