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martes, 21 de agosto de 2018

Macri lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes

 A través de una aplicación se simplificará el proceso de identificación y radicación de los extranjeros Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Mariano Obarrio  - La Nación

El gobierno de Mauricio Macri implementará a partir del mes que viene un plan de medidas de control de inmigrantes , que se basará en una aplicación para teléfonos celulares de agentes públicos que detectará a extranjeros sin la documentación requerida. La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales.

Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado.

"Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país", explicó Totó García a LA NACION.

En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017.

Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones.

El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo.

En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: "residencia temporaria".

Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular.

En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. "Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado", señaló García.

Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur .

El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. "En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones", dijo una fuente oficial.

"No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros", agregó el funcionario a LA NACION.

En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. "Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán", dijo un funcionario oficial.

En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano.

Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio
En 2018

Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%)

Tasa migratoria

Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los "extra-Mercosur". Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país

viernes, 3 de febrero de 2017

Controles migratorios: crece la tensión con Bolivia y Paraguay

EL DECRETO DE MAURICIO MACRI

Evo Morales anunció que enviará a su canciller a la Argentina. Y Cartes manifestó su preocupación.

Por Natasha Niebieskikwiat . Clarín

En una situación algo confusa pero que refleja las heridas que se abrieron con el endurecimiento de los controles migratorios para los extranjeros que cometan o hayan cometido delitos, el presidente Evo Morales anunció ayer el envio de una misión de alto nivel a la Argentina, encabezada por su nuevo canciller Fernando Huanacuni, que vendría junto al presidente del Senado, Alberto Gonzales, y el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

Sin embargo, consultado por Clarín, en el equipo de la canciller Susana Malcorra dijeron que no había pedido oficial de entrevista, y que no hay visita pautada al momento con ningún funcionario boliviano. Pero al mismo tiempo, el embajador argentino en La Paz, Normando Alvarez García, quien coincidentemente estaba ayer en en Salta con su contraparte Bolivia na, el embajador Javier Tito Veliz, recibió la notificación de que los bolivianos quieren hablar a alto nivel molestos con el Gobierno. Y de hecho él mismo se reunirá con el canciller Hanacuni el lunes. Al mismo tiempo, también en consulta de Clarín, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo, señaló que el presidente Morales tiene una invitación de Macri a la Argentina, y que será bien bienvenido cuando así lo desee. Inicialmente, la fecha estaba pactada para asistir juntos a un partido entre Boca y River el próximo 16 de abril.

Pero en el medio subió la tensión, también el gobierno de Horacio Cartes, que manifestó su preocupación por los nuevos controles migratorios argentinos, a través de una entrevista que mantuvo el martes el embajador de Paraguay aquí, Federico González, con el vicencanciller Pedro Villagra Del gado. Desde hace semanas, especialmente Bolivia y Paraguay venían mostrando inquietud por los controles. Ambos países tienen en Argentina comunidades, que suman muchos votos en momentos de elecciones.

Pero la polémica la reavivó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Acá vienen ciudadanos peruanos y araguayos y se terminan matando por el control de la droga (...). Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen, como choferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico”, sentenció, en el contexto del decreto que el lunes pasado firmó Macri modificando la ley de Migraciones. Ya el miércoles, el mandatario boliviano se manifestó miércoles lípticamente contra los muros co mo el que pretende levantar Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con México.

Luego dijo que no podía entender cómo algunos países de la región puedan “pensar igual que en los Estados Unidos”, y exhortó Macri a buscar la integración de los países sudamericanos. “Nuestros hermanos en Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien (buscan) cómo mejorar la situación económica familiar pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de Argentina”.

En todo el ambiente diplomático sentenciaba lo poco bienvenidas que fueron las palabras de la ministra Bullrich, que en todo caso metieron en problemas a Macri. “Si entran holandeses, estadounidenses, o de cualquier nacionalidad que cometan delitos serán deportados. No había que nombrar a ninguna comunidad porque este decreto no es contra los extranjeros sino contra los que cometan delitos, y sean de cualquier nacionalidad”, se justificaban. No lo interpretaron así los vecinos.

El comunicado que dio el embajador González señala que el gobierno de Paraguay “considera preocupante las mencionadas expresiones que generalizan y estigmatizan a la comunidad paraguaya en Argentina”. Y dijo que seguirá accionado para “salvaguardar los derechos” de su colectividad residente aquí. Por su parte, el presidente del Senado boliviano señaló que Evo “está preocupado” por posibles acciones xenóbas.

Nueva política migratoria

El decreto que regula el ingreso y la expulsión de extranjeros con antecedentes penales no es discriminatorio y forma parte de la lucha contra la delincuencia

(La Nación) - Como parte de su política de lucha contra el crimen organizado, el Gobierno comenzó a modificar el sistema migratorio endureciendo las exigencias para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, al tiempo que simplifica los trámites para la expulsión de aquellos que delincan. También se creará una policía abocada a controlar nuestras fronteras.

Un flamante decreto dispone la creación de la Comisión Nacional de Fronteras cuyo fin será evitar, como dijo el Presidente, que "el crimen internacional elija nuestro país para delinquir". Esa comisión deberá elaborar una nueva ley de fronteras.

Son medidas imprescindibles que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo para no llegar al actual estado de cosas, pues un país que abandona el cuidado de sus fronteras invita a instalarse en su territorio a las principales modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas décadas.

Recordemos las llamativas demoras en las que incurrió el menemismo para informatizar los puestos de frontera y el control del ingreso y egreso de personas -además del otorgamiento ilegal de la ciudadanía argentina al terrorista y traficante de armas y drogas Monzer Al Kassar-, y la política del kirchnerismo ya no de puertas abiertas, sino de una absoluta y cómplice falta de control de nuestras fronteras que redundó, entre otros muchos males, en el notorio incremento del narcotráfico.

El decreto contempla también trámites sumarios para agilizar la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos graves que conlleven penas superiores a los 3 años y de cumplimiento efectivo. Entre las causas de expulsión se encuentra el haber sido condenado o estar cumpliendo condena, poseer antecedentes penales o una condena no firme en la Argentina o en el exterior por delitos que, según las leyes argentinas, acarreen penas privativas de la libertad.

Sobre ese punto, el presidente Macri afirmó que, en la actualidad, existen casos en los que el trámite de expulsión demanda más de ocho años. Es el del narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada González, a quien, transcurridos ocho años, aún no se lo puede extraditar.

También se pondrá en marcha con otros países un sistema de alerta como el que ya existe con los Estados Unidos, por el cual Washington avisa con media hora de anticipación a la partida de un vuelo si alguien condenado por delitos sexuales o narcotráfico quiere ingresar en nuestro territorio.

En ese sentido, el Gobierno activó el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, según la sigla en inglés), que obliga a las líneas áreas a brindar datos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los viajeros antes de que arriben o egresen del país para mejorar los controles migratorios en los aeropuertos. Se trata, entre otros, de datos como nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora y ticket de equipaje.

Esto permitirá saber si una persona es requerida judicialmente y rechazar su ingreso en el país, poniéndola a disposición de la Justicia. En la ampliación del sistema de alertas deberían jugar un papel preponderante los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) destacados en el exterior. Se trata de que el personal de la Dirección Nacional de Migraciones cuente con la información necesaria para que las autoridades nacionales resuelvan si se acepta o no el ingreso de quien ha cumplido una condena en su país de origen, facultad privativa de cada nación.

El conjunto de medidas no responde a un enfoque xenófobo ni discriminatorio, sino a una necesidad impostergable de combatir la delincuencia debido a la política de pasividad que siguió el gobierno anterior, llegándose al extremo de que avionetas que transportaban drogas trasponían nuestras fronteras en el Noreste o Noroeste, y se adentraban sin inconvenientes hasta provincias como La Pampa. Otro tanto puede afirmarse de la extrema facilidad con la que importantes narcotraficantes de países latinoamericanos se han instalado en el nuestro para llevar adelante su comercio mortal.

Todos los países, incluidos nuestros vecinos, tienen políticas para la inmigración. La iniciativa del Gobierno se limita a algo tan básico como impedir el ingreso -y facilitar la expulsión- de los extranjeros que han delinquido. No se refiere, en cambio, a limitar los ingresos por otras razones. Comenzar de una vez por todas a controlar nuestras fronteras será la forma de evitar que la Argentina siga siendo un santuario para los delincuentes de otras latitudes.

miércoles, 25 de enero de 2017

Extranjeros: Macri reconvierte 14 nuevos “centros de frontera”

Por Ezequiel Rudman - Ambito.com
INSTALARÁN CÁMARAS INFRARROJAS, LECTORES DE PATENTES Y MEJORAS PARA LA LOGÍSTICA Y COMERCIO
Miguel Pichetto, jefe del bloque FpV-PJ, estuvo ayer en Casa Rosada. El Presidente firma decreto para mejor infraestructura y controles en la frontera.

Misiones. El modelo a replicar será el paso a Brasil a través de Iguazú. Más cabinas de control, nueva infraestructura, cámaras y control vehicular con información centralizada de migraciones, AFIP y seguridad.

El Gobierno nacional creará por decreto nuevos centros de frontera en 14 pasos internacionales habilitados con el objetivo de mejorar la infraestructura, centralizar la información migratoria, cruzar datos y elevar el control de ingreso tanto de extranjeros de países limítrofes como de mercaderías por tierra. El texto apunta principalmente a la Triple Frontera y ya está listo sobre el escritorio de Mauricio Macri, quien podría estampar su firma entre hoy y el próximo lunes.

Los 14 centros de frontera, donde se entre cruzarán datos de Migraciones, Justicia y Seguridad, incluyendo una base de datos con alertas sobre antecedentes penales, incluirán cámaras domo con luces infrarrojas para controlar tanto el ingreso de personas y de intercambio comercial. Se buscarán mejorar los procesos de logística, ingreso de personas, carga y descarga de mercadería, y hasta casas de cambio. El Poder Ejecutivo Nacional también dispuso la colocación de lectores de patentes de vehículos para detectar automóviles con denuncias de robo o pedido de secuestro, control que hasta ahora no se realizaba en los pasos 14 fronterizos internacionales incluidos en el decreto.

El objetivo de estas dependencias será centralizar la información de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la Aduana, a cargo de la AFIP y los ministerios de Justicia, encabezado por Germán Garavano, y de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Gobierno de Macri busca así coordinar a los ministerios con competencias en los pasos internacionales para centralizar y acelerar el tratamiento de expedientes en caso de extranjeros que busquen ingresar al país.

Los 14 centros de frontera que se crearán por decreto estarán ubicados en los pasos fronterizos con Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. En el límite con el país trasandino habrá 9: en San Francisco (Catamarca), Pircas Negras (La Rioja), Agua Negra (San Juan), en Cristo Redentor y Pehuenche (Mendoza), en Pino Hachado y Cardenal Samoré (Neuquén), en Integración Austral (Santa Cruz) y en San Sebastián (Tierra del Fuego). La cantidad de nuevas instalaciones en paso a Chile se debe a la prioridad que el oficialismo otorga, más allá del plano criminal, a los corredores viales de intercambio comercial del eje con salida al Océano Pacífico. En el borde con Uruguay se instalará un centro de frontera en el límite Concordia-Salto en la provincia de Entre Ríos. El modelo a replicar de estos nuevos centros, que incluirán más cabinas de peaje y controles más exhaustivos, es la instalación inaugurada por Rogelio Frigerio el 19 de diciembre pasado en Puerto Iguazú, Misiones, en el paso a Foz de Iguazú, Brasil. A partir del decreto, se crearán dos centros nuevos en Paso de los Libres-Uruguayana, y en Santo Tomé-Sao Borja en Corrientes, todos en el borde con territorio brasileño. El control de la triple frontera, a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se completará con un nuevo centro en la capital de Misiones, en el paso a Paraguay vía Encarnación.

Más allá de este decreto, la Casa Rosada también trabaja en un proyecto de ley para acelerar los tiempos de expulsión de extranjeros. Ayer, el jefe de los senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, estuvo en la sede del Ejecutivo. El Gobierno, de acuerdo con el director nacional de Migraciones, Horacio García, trabaja en un borrador para resolver la expulsión de un extranjero que delinque en el país, que en la actualidad puede llegar a demorar hasta ocho años. Pichetto es el principal aliado de Macri para blindar la aprobación de esta ley en el Senado.

Esa ley podría ser debatida en el marco de una reforma penal de fondo. Ayer el Gobierno nacional conformó la comisión que tratará la reforma del Código Penal. Será presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky. e integrada por otros doce juristas y especialistas: el exministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el juez de la Cámara del Crimen de Córdoba Víctor Vélez; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal; el procurador salteño Pablo López Viñals; el fiscal Pablo Turano; el camarista Guillermo Yacobucci, Fernando Córdoba (cercano al ex procurador Esteban Righi); Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

jueves, 17 de septiembre de 2015

El síndrome de Mohács: la receta de la Hungría de Orbán para los refugiados