Sería para reforzar la seguridad en las grandes ciudades, sin retirar gendarmes de la frontera
Por Mariel Fitz Patrick - Infobae
En medio del debate por los posibles cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y su participación en seguridad interna, el Gobierno evalúa la posibilidad de traspasar suboficiales del Ejército a Gendarmería. El objetivo es sumar más efectivos a los operativos de seguridad en los grandes centros urbanos para revertir los alarmantes índices del delito, sin retirar gendarmes de las fronteras, donde se incauta el 90% de la droga que ingresa al país.
La propuesta surgió del Ministerio de Seguridad y ya fue discutida con Jefatura de Gabinete. Todavía no está decidido si el traspaso sería voluntario u obligatorio. Los efectivos militares que pasen a Gendarmería recibirían una capacitación mucho más corta y específica.
"Hoy tenemos Fuerzas Armadas con muchos miembros, pero desatendidos y sin la inversión adecuada. Esta iniciativa permitiría optimizar un recurso que ya tiene el Estado como la Gendarmería, que es una fuerza policial militarizada. A la vez, nos permitiría salir de la discusión de si las Fuerzas Armadas van a hacer seguridad interior para dar respuesta a una situación grave como la seguridad ciudadana", explica una alta fuente oficial. No ignora que ante una situación económica más complicada, el Gobierno debe buscar mejoras en otro reclamo de la sociedad: la inseguridad.
"Las fronteras las tenemos bastante bien cubiertas, pero no podemos sacar gendarmes de ahí porque es el principal punto de ingreso de la droga al país. Pero necesitamos más efectivos en las grandes ciudades, donde hoy hay unos 10.000 hombres, un 33% del total. Con unos 5.000 efectivos más, nos arreglaríamos para reforzar la seguridad", agrega la fuente. Sin embargo, aún no hay un número preciso de cuántos suboficiales estarían en condiciones de pasar desde el Ejército, que hoy cuenta con 50.000 integrantes.
De concretarse la iniciativa, le permitiría al Ejecutivo sortear un escollo importante fijado por la actual Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior. Por estas normas, los militares no pueden emplear la fuerza en el ámbito interno, ni hacer operativos o detenciones, ni iniciar una investigación, excepto en una situación excepcional como el estado de sitio. "No estamos en este momento en condiciones de llevar adelante un debate de este tipo en el Parlamento", admiten en la Casa Rosada.
El incentivo económico
Sin embargo, la propuesta encontraría resistencias en las Fuerzas Armadas. "Por una cuestión de tradición", dicen en los despachos oficiales. Desde el Gobierno apuestan a revertirlas apuntando al incentivo económico, ya que el traspaso implicaría un mejor sueldo. Un jefe de Gendarmería gana actualmente alrededor de $120.000, mientras el salario del escalafón más alto en el Ejército está en la mitad, unos $60.000.
"Pero además del incentivo económico, les permitiría a esos efectivos tener un objetivo más tangible en su tarea profesional, al participar en la lucha contra delitos federales, y en algunas provincias, en articulación con las policías provinciales", argumenta uno de los impulsores de la propuesta.
Ante la consulta de Infobae, fuentes del Ministerio de Defensa y del Ejército, en tanto, dijeron desconocer la existencia del proyecto. Al menos, oficialmente.
Cruces por la distribución de gendarmes
Gendarmería está actualmente en 800 puntos del país, con un mínimo de 20 gendarmes por puesto, por la rotación de turnos.
La distribución de gendarmes y su asignación a zonas calientes de la inseguridad, viene generando cruces políticos. Durante el kirchnerismo, su llegada a los territorios más conflictivos del conurbano bonaerense logró llevar algo de tranquilidad a sus habitantes.
Sin embargo, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, acusó a Cambiemos de haber retirado gendarmes de su distrito por pertenecer al Frente para la Victoria.
Desde el Gobierno responden: "Trabajamos con el mapa del delito. La Matanza tiene mayor población y por ende un número más altos de casos". Ese municipio, junto con Lomas de Zamora y San Martín, son los de mayores índices delictivos del conurbano bonaerense. "Antes había muchos gendarmes solo en esos tres distritos. Nosotros los redistribuimos en 33", argumentan.
También destacan que las fuerzas de seguridad están "cambiando el paradigma: un 80% es inteligencia y solo el 20% es casualidad". Esto explicaría que "no se trata solo de aumentar la presencia" en las calles. "Con el paradigma de inteligencia, agarrás a la banda. Por casualidad, agarrás a uno solo", ejemplifican. Pero no niegan que la "sensación de inseguridad" es lo que termina prevalenciendo y que la gente reclama más efectivos para la prevención.
Según cifras que anunciaría el Ministerio de Seguridad a mediados de junio, en los últimos dos años, los homicidios bajaron un 21,5%. El Gobierno buscará aferrarse a esa estadística para intentar mostrar un logro en un área de gestión donde un solo hecho de impacto social, desvirtúa todos los números. "En este tema, un caso tapa el dato", se lamentan.
En medio del debate por los posibles cambios en el rol de las Fuerzas Armadas y su participación en seguridad interna, el Gobierno evalúa la posibilidad de traspasar suboficiales del Ejército a Gendarmería. El objetivo es sumar más efectivos a los operativos de seguridad en los grandes centros urbanos para revertir los alarmantes índices del delito, sin retirar gendarmes de las fronteras, donde se incauta el 90% de la droga que ingresa al país.
"Hoy tenemos Fuerzas Armadas con muchos miembros, pero desatendidos y sin la inversión adecuada. Esta iniciativa permitiría optimizar un recurso que ya tiene el Estado como la Gendarmería, que es una fuerza policial militarizada. A la vez, nos permitiría salir de la discusión de si las Fuerzas Armadas van a hacer seguridad interior para dar respuesta a una situación grave como la seguridad ciudadana", explica una alta fuente oficial. No ignora que ante una situación económica más complicada, el Gobierno debe buscar mejoras en otro reclamo de la sociedad: la inseguridad.
De concretarse la iniciativa, le permitiría al Ejecutivo sortear un escollo importante fijado por la actual Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior. Por estas normas, los militares no pueden emplear la fuerza en el ámbito interno, ni hacer operativos o detenciones, ni iniciar una investigación, excepto en una situación excepcional como el estado de sitio. "No estamos en este momento en condiciones de llevar adelante un debate de este tipo en el Parlamento", admiten en la Casa Rosada.
"Pero además del incentivo económico, les permitiría a esos efectivos tener un objetivo más tangible en su tarea profesional, al participar en la lucha contra delitos federales, y en algunas provincias, en articulación con las policías provinciales", argumenta uno de los impulsores de la propuesta.
También destacan que las fuerzas de seguridad están "cambiando el paradigma: un 80% es inteligencia y solo el 20% es casualidad". Esto explicaría que "no se trata solo de aumentar la presencia" en las calles. "Con el paradigma de inteligencia, agarrás a la banda. Por casualidad, agarrás a uno solo", ejemplifican. Pero no niegan que la "sensación de inseguridad" es lo que termina prevalenciendo y que la gente reclama más efectivos para la prevención.
