El proyecto de Ushuaia representa una oportunidad para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida. Sin embargo, su impacto dependerá de que sea acompañado por la recuperación de las capacidades logísticas, militares, científicas y presupuestarias deterioradas durante las últimas décadas.
Por Nicolás Sierra
El reciente anuncio del presidente Javier Milei de priorizar la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego volvió a colocar al Atlántico Sur en el centro de la agenda estratégica argentina. La decisión fue presentada en el marco de una serie de medidas vinculadas con la soberanía sobre las Islas Malvinas, el fortalecimiento de la vigilancia marítima y aeroespacial y la protección de los intereses nacionales frente a la explotación unilateral de los recursos naturales en las áreas disputadas.
La iniciativa constituye una oportunidad para avanzar en una obra largamente postergada y recuperar capacidades indispensables para la presencia argentina en sus espacios australes. Sin embargo, su importancia no debería medirse solamente por la infraestructura que llegue a construirse. La Base Naval Integrada es una pieza necesaria, pero no suficiente, para desarrollar una política austral capaz de articular las Islas Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
Su verdadero valor estratégico dependerá de que forme parte de una política de Estado más amplia, respaldada por recursos sostenidos y conectada con la recuperación de las capacidades navales, aéreas, logísticas, científicas y tecnológicas del país. De lo contrario, existe el riesgo de sumar una nueva instalación a un sistema que todavía presenta importantes limitaciones para sostener una presencia permanente, autónoma y efectiva.
Un mismo espacio estratégico
Las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, Tierra del Fuego y la Antártida están sujetas a situaciones jurídicas diferentes, pero forman parte de un mismo espacio geopolítico. Las rutas marítimas, los recursos naturales, la actividad pesquera, las comunicaciones, la presencia militar británica y la proyección hacia el continente antártico vinculan escenarios que con frecuencia son analizados de manera fragmentada.
La posición británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur no se limita al control de esos territorios. Le proporciona al Reino Unido una presencia permanente en el Atlántico Sur, capacidad logística, vigilancia sobre espacios marítimos de gran extensión y una plataforma de proyección hacia la Antártida. No es casual que el reclamo antártico británico se superponga completamente con el argentino y parcialmente con el chileno.
Esto no significa que la cuestión Malvinas y la cuestión antártica sean equivalentes. El Tratado Antártico mantiene en suspenso las reclamaciones territoriales y establece el uso pacífico y científico del continente, mientras que Naciones Unidas reconoce en Malvinas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. No obstante, desde una perspectiva estratégica, ambos escenarios se encuentran estrechamente relacionados.
La capacidad argentina de operar desde Tierra del Fuego, controlar sus espacios marítimos, sostener sus campañas antárticas y prestar servicios a otros países influye sobre su posición relativa en todo el extremo austral. La soberanía no depende exclusivamente de la infraestructura, pero difícilmente pueda sostenerse sin medios materiales que permitan ejercer presencia, producir conocimiento y ofrecer respuestas ante las exigencias de una región cada vez más relevante.
Una política histórica con capacidades debilitadas
Argentina cuenta con antecedentes excepcionales en materia antártica. Mantiene una presencia permanente e ininterrumpida desde 1904, participó de la negociación original del Tratado Antártico, posee una extensa red de bases y desarrolló una comunidad científica especializada que le permitió ocupar un lugar reconocido dentro del sistema internacional antártico.
Sin embargo, esa continuidad histórica convivió con una progresiva pérdida de capacidades. Durante décadas se acumularon problemas de infraestructura, obsolescencia del material aéreo y naval, insuficiencias presupuestarias, postergaciones en el mantenimiento y una dependencia excesiva de unos pocos medios críticos.
La Política Nacional Antártica vigente fue aprobada en 1990. Aunque varios de sus principios continúan siendo válidos, fue concebida en un escenario internacional muy diferente. Desde entonces aumentó la presencia de nuevos actores en el continente, se expandió el turismo, crecieron las capacidades tecnológicas, adquirió mayor centralidad el cambio climático y se profundizó la competencia internacional por influencia, conocimiento y acceso logístico.
La falta de una actualización integral dificulta transformar los intereses nacionales en objetivos contemporáneos, responsabilidades institucionales, metas verificables y previsiones presupuestarias de largo plazo. Argentina sostiene una política antártica histórica, pero necesita adecuar sus instrumentos al escenario del siglo XXI.
El problema no ha sido solamente la disponibilidad de recursos. Un estudio de Ferrari, Ariel H. y Auza, Francisco J., sobre la evolución de la política antártica argentina encontró que, entre 2007 y 2013, el Plan Antártico ejecutó aproximadamente el 60 por ciento de los recursos asignados, lo que equivale a una subejecución cercana al 40 por ciento. La situación fue todavía más pronunciada en los proyectos de inversión, que entre 2008 y 2011 registraron una subejecución de al menos el 60 por ciento. Aunque se trata de un antecedente histórico que no puede trasladarse automáticamente al presente, el estudio expone una dificultad persistente del Estado argentino: convertir las asignaciones presupuestarias en infraestructura y capacidades efectivas.
Al mismo tiempo, las metas científicas previstas fueron cumplidas, lo que expuso una realidad persistente: buena parte de la fortaleza del Programa Antártico Argentino descansó más en el compromiso de su personal científico, técnico y militar que en la eficiencia presupuestaria e institucional del Estado.
Una política estratégica no se mide solamente por los recursos asignados, sino por su ejecución, continuidad y transformación en capacidades efectivas.
La vulnerabilidad de la cadena logística
La actividad antártica depende de una cadena particularmente compleja. Para sostener una campaña no alcanza con disponer de bases en el continente. Se necesitan puertos, depósitos, sistemas de comunicaciones, combustible, buques, aeronaves, helicópteros, talleres, repuestos y personal altamente especializado.
Cuando alguno de estos componentes falla, la capacidad de operar sobre el terreno se reduce. El incendio del rompehielos ARA Almirante Irízar, ocurrido en 2007, mostró la vulnerabilidad de un sistema excesivamente dependiente de una única plataforma. Durante su prolongada indisponibilidad, la Argentina debió contratar medios extranjeros para garantizar la continuidad de las campañas.
La recuperación del Irízar fue fundamental, pero no eliminó el problema estructural. La autonomía logística no puede depender de un solo buque, por más importante y capaz que sea. Requiere redundancia, unidades complementarias, transporte aéreo, helicópteros operativos, infraestructura de mantenimiento y previsión presupuestaria para sostener todo el sistema.
La pérdida de capacidades militares también afecta la presencia argentina en el Atlántico Sur. Controlar espacios marítimos de enorme extensión demanda patrulleros oceánicos, medios aeronáuticos, radares, comunicaciones, inteligencia y capacidad de permanencia. No se trata de promover una militarización de la política antártica, incompatible con el régimen vigente, sino de reconocer que un Estado necesita conocer, vigilar y operar en los espacios marítimos que considera propios.
Una política de soberanía exclusivamente declarativa resulta insuficiente si no está respaldada por capacidades materiales.
Una obra necesaria pero no completamente nueva
La Base Naval Integrada no nació con el reciente anuncio presidencial. Sus antecedentes atraviesan diferentes gobiernos y expresan una necesidad estratégica reconocida desde hace años.
El Polo Logístico Antártico en Ushuaia fue incorporado formalmente a la planificación estatal mediante el Decreto 2645 de 2014. Posteriormente, en 2022 comenzó la construcción de la nueva Base Naval Integrada, concebida para ampliar las capacidades logísticas argentinas en el Atlántico Sur y la Antártida.
La continuidad del proyecto a través de administraciones de distinto signo político muestra que no se trata de una iniciativa partidaria, sino de una necesidad estructural. En este sentido, el anuncio presidencial puede significar una aceleración y una nueva jerarquización política, pero deberá ser acompañado por precisiones sobre su financiamiento, etapas, plazos y capacidades operativas.
El valor de la base no debería evaluarse únicamente por la magnitud de las obras. Su aporte dependerá de las funciones que efectivamente pueda cumplir: abastecimiento de unidades navales, mantenimiento, almacenamiento, comunicaciones, vigilancia, apoyo a las campañas antárticas y coordinación con otras infraestructuras civiles y militares.
Una base sin buques suficientes, sin mantenimiento, sin combustible, sin personal especializado o sin conexión con el sistema antártico puede tener un considerable valor simbólico, pero una capacidad estratégica limitada.
De la base naval al polo logístico
También es necesario diferenciar la Base Naval Integrada del Polo Logístico Antártico. Ambos conceptos están relacionados, pero no son sinónimos.
La Base Naval Integrada constituye principalmente una infraestructura militar destinada a concentrar, abastecer y sostener unidades de la Armada. El polo logístico, en cambio, supone un sistema más amplio, capaz de reunir al puerto, el aeropuerto, las Fuerzas Armadas, los organismos científicos, las universidades, los prestadores privados y los servicios requeridos por las expediciones antárticas nacionales y extranjeras.
Para que Ushuaia se consolide como una verdadera puerta de entrada a la Antártida necesita ofrecer reparaciones, depósitos, transporte, combustible, conectividad, procedimientos aduaneros ágiles, servicios científicos y capacidad de respuesta ante emergencias. También debe generar condiciones competitivas para captar una porción mayor de la actividad logística internacional que actualmente utilizan otros puertos de la región.
La Base Naval Integrada puede ser el núcleo operativo del proyecto, pero el Polo Logístico Antártico requiere una política interinstitucional que excede al Ministerio de Defensa.
Involucra a la Cancillería, la Dirección Nacional del Antártico, el Instituto Antártico Argentino, el Comando Conjunto Antártico, la provincia de Tierra del Fuego, organismos científicos, universidades y empresas privadas.
La multiplicidad de actores no constituye necesariamente una debilidad. El problema aparece cuando no existe una conducción capaz de coordinar responsabilidades, inversiones y objetivos comunes.
Un puente bicontinental
La estrategia debería estructurarse alrededor de un sistema integrado entre Ushuaia, Petrel y Marambio.
Ushuaia funcionaría como retaguardia continental, portuaria, industrial y administrativa. La Base Conjunta Antártica Petrel, ubicada en la isla Dundee, posee condiciones para transformarse en un nodo adelantado que integre operaciones aéreas y marítimas.
Marambio, por su parte, continuará desempeñando una función central como enlace aéreo y plataforma científica.
Los buques, aeronaves y helicópteros serían los conectores de este sistema bicontinental. Su funcionamiento permitiría distribuir cargas, reducir tiempos de operación, mejorar la seguridad de las campañas y ampliar la presencia argentina en el continente.
La combinación de Ushuaia con Petrel y Marambio transformaría instalaciones dispersas en una red logística. Esa red no sólo fortalecería el abastecimiento de las bases argentinas.
También podría permitir la prestación de servicios a otros programas antárticos y aumentar el peso del país dentro de los espacios de cooperación y decisión del Sistema del Tratado Antártico.
En la Antártida, la influencia se construye principalmente mediante la ciencia, la permanencia, la logística y la capacidad de cooperar. Ofrecer asistencia a otros Estados no debilita la soberanía: puede convertirse en un instrumento de posicionamiento internacional y de diplomacia científica.
El presupuesto como expresión de una prioridad
La política austral requiere inversiones que superan los ciclos presupuestarios anuales y los períodos presidenciales. Una base naval, un rompehielos o una instalación antártica no pueden depender de asignaciones ocasionales ni de impulsos coyunturales.
La recuperación de capacidades exige programación plurianual, continuidad financiera, mantenimiento preventivo, renovación de equipamiento, formación de personal y mecanismos de evaluación pública. También requiere establecer prioridades y evitar que los proyectos sean abandonados, reformulados o demorados con cada cambio de gobierno.
El anuncio de nuevos recursos para Defensa deberá traducirse en asignaciones concretas, cronogramas verificables y avances materiales. La continuidad histórica del reclamo argentino contrasta con la discontinuidad que muchas veces caracterizó a los instrumentos destinados a sostenerlo.
Por eso, la construcción de la Base Naval Integrada debería convertirse en una política de Estado con metas que permitan evaluar no solamente cuánto se invierte, sino qué capacidades se recuperan.
De la voluntad soberana a la capacidad efectiva
El reciente anuncio ofrece una oportunidad para colocar nuevamente al Atlántico Sur y a la Antártida entre las prioridades estratégicas de la Argentina. También permite superar una visión fragmentada que suele tratar a Malvinas, Tierra del Fuego y el continente antártico como cuestiones independientes.
Sin embargo, la experiencia nacional demuestra que los anuncios, los antecedentes históricos y las obras aisladas no son suficientes. La soberanía se fortalece mediante la capacidad de permanecer, vigilar, abastecer, investigar, cooperar y responder.
La Base Naval Integrada puede convertirse en la expresión material de una nueva centralidad del Atlántico Sur. Pero su construcción no corregirá automáticamente décadas de deterioro logístico, militar, institucional y presupuestario.
Para que sea verdaderamente estratégica deberá funcionar como el primer eslabón de un sistema bicontinental que conecte Ushuaia con Petrel y Marambio, articule la Defensa con la ciencia y la diplomacia, recupere las capacidades navales y aéreas y cuente con financiamiento sostenido.
Argentina no necesita solamente una nueva base. Necesita transformar esa infraestructura en presencia efectiva y esa presencia en capacidad de influencia. Solo entonces podrá afirmarse que el país comenzó a construir una política austral a la altura de sus intereses en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
