Inauguraron en Santa Fe un radar de la Fuerza Aérea que se usará en la lucha contra el narcotráfico

 El Ministerio de Defensa puso en funcionamiento un dispositivo construido por la estatal INVAP. Es el octavo que controlará el espacio aéreo. Petri anunció que se prevé adquirir drones

El radar operará en Santa Fe y tendrá la lucha contra el narco entre sus misiones 

El Ministerio de Defensa inauguró este miércoles un radar militar que controlará el espacio aéreo y que servirá, entre otras misiones, para la lucha contra el narcotráfico y los vuelos ilegales. Con este equipamiento más los aviones F16, las autoridades afirmaron que se reforzará en los próximos meses la custodia de los cielos argentinos.

El Ministro de Defensa, Luis Petri, junto al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Julián Isaac, el Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier General Fernando Luis Mengo, y representantes de INVAP, inauguraron una nueva estación radar RPA que pondrá en operaciones el octavo Radar Primario Argentino (RPA).

Según se informó oficialmente, el nuevo RPA240, que está ubicado en el interior de la Provincia de Santa Fe, fue entregado a la Fuerza Aérea “para ayudar a fortalecer la custodia y defensa de nuestro espacio aéreo y garantizar la seguridad nacional en una de las zonas del país mas afectadas por amenazas como el narcoterrorismo”.

El ministro Petri destacó la importancia del radar en la lucha contra el narco y planteó que el gobierno argentino está “orgulloso de dar la batalla para que los santafesinos y los rosarinos recuperen la paz perdida”. Además, remarcó que estos radares serán dispositivos fundamentales para impedir que aeronaves vinculadas al tráfico de drogas puedan sobrevolar campos santafesinos o aterrizar en pistas clandestinas.

También resaltó la necesidad de complementar la radarización con un sistema de armas eficiente y, en esa línea, destacó la compra de los aviones F16 adquiridos a Dinamarca con aval militar de Estados Unidos, como así también la posibilidad de empezar a incorporar sistemas no tripulados a la custodia del espacio aéreo, como los drones.

De acuerdo con la información oficial, “los radares militares de banda L se utilizan principalmente para la detección y seguimiento de aeronaves y misiles a distancias largas, contribuyendo así al control del tráfico aéreo militar y a la construcción de un sistema de alerta temprana en defensa”.

La instalación incluye su infraestructura asociada y un radomo sobre una torre de hormigón, así como también distintas contramedidas electrónicas y sistemas de protección para prevenir potenciales ataques o amenazas. “El desarrollo de estos radares representa un logro significativo para la soberanía tecnológica de Argentina, ya que no solo refuerza la seguridad nacional, sino que también reafirma la capacidad del país para desarrollar y gestionar tecnología de defensa de alto nivel”, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado oficial.

Petri encabezó el acto de inauguración de la estación del radar en Santa Fe 

Refuerzo del equipamiento

La incorporación del radar se suma a los aviones F16 que el gobierno de Javier Milei adquirió a Dinamarca con apoyo de EEUU, y los P3 Orion que llegaron esta semana al país para el patrullaje marítimo provenientes de Noruega. Según lo reveló el presidente Javier Milei, también está en análisis la compra de submarinos, habida cuenta que con el naufragio trágico del ARA San Juan, la Armada Argentina se quedó sin ese tipo de buques.

En ese sentido, el primero de los aviones Lockheed Martin P3 Orion, las aeronaves que el Gobierno adquirió a partir de un acuerdo con Noruega para patrullar el mar nacional, arribó en la tarde del lunes a la Base Aeronaval Almirante Zar, en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut.

En el acto de Santa Fe, el ministro Luis Petri adelantó que el gobierno nacional tiene en carpeta la posibilidad de incorporar drones a la Fuerza Aérea. Los aviones no tripulados son clave para los dispositivos de Defensa de los países mejor pertrechados del mundo. Todavía no hubo precisiones sobre cuáles podrían ser los Estados en condiciones de proveer ese tipo de elementos.

Cómo es el "Ojo de Pájaro", el nuevo dron que buscará narcos en la frontera más caliente

El "Ojo de Pájaro", el nuevo drone presentado
 por el Ministerio de Seguridad

En zonas de fronteras tan extensas como porosas, donde las barreras naturales están representadas por ríos de cruce fácil, zonas de monte o directamente cañadas cerca de las zonas urbanas y con viviendas separadas por cinco metros entre uno y otro país, resulta imposible el control sino se cuenta con un soporte de tecnología. En los últimos años, las fuerzas de seguridad federales sumaron equipos de vigilancia remota. Y ahora se agregaron nuevos drones que serán operados por la Gendarmería y la Prefectura en las zonas más calientes del narcotráfico.

Uno de los equipos más destacados, entre los que fueron presentados hoy por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, figura el modelo 650 D del "Ojo de Pájaro", un dron de la línea liviana -aquellos preparados para la observación y no para el ataque- que entró en servicio por primera vez en Israel en 2017. Se trata así de uno de los elementos de última tecnología que fueron adquiridos mediante un acuerdo de país a país, herramienta utilizada en la compra de materiales de estas características, ya que sus fabricantes requieren la aprobación estatal para comercializar esos sistemas no tripulados de vigilancia aérea.

El llamado "Ojo de Pájaro" puede transmitir
 información a unidades de control ubicadas a 40 kilómetros

El "Ojo de Pájaro" puede operar en un rango máximo de 40 kilómetros de distancia de una unidad móvil de control, con una capacidad de 15 horas de vuelo sin necesidad de ser reaprovisionado de combustible. Alcanza una altura operativa de 5000 metros, por lo que puede ser empleado en misiones furtivas. No es el caso de los narcos, más preparados para el empleo de trampas cazabobos para defender sus plantaciones que radares de interceptación, pero si el objetivo tuviese alguna capacidad de contramedidas, el "Ojo de Pájaro" tiene una silueta ideal para confundir radares opuestos.

Ese sistema de unidad no tripulada de reconocimiento aéreo está preparada para misiones de exploración, vigilancia, contrainteligencia y acompañamiento de convoyes en cualquier zona de operaciones, incluso en el ambiente urbano para detectar puntos de venta narco o hasta para seguir desde el aire el paso de ómnibus con barras de fútbol, por ejemplo.

Otra de las unidades de vigilancia aérea remota que será operada por la Gendarmería y la Prefectura

Otra de las unidades de vigilancia aérea remota que será operada por la Gendarmería y la Prefectura
En principio, el " Ojo de Pájaro" está desplegado en La Quiaca, Aguas Blancas y Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Sus cámaras puede transmitir las imágenes, tanto de día como de noche, a larga distancia.

También se presentaron hoy otras unidades aéreas de vigilancia remota de origen israelí y se expuso en público el ISRV, un vehículo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Un transporte blindado con cámaras capaces de reconocer rostros a 5 kilómetros de dictancia e identificar vehículos a 10 kilómetros.

Varios drones son utilizados en pasos fronterizos en el norte

"Hoy estamos llevando alta tecnología a las fronteras. Vamos a ser el primer país de América Latina con un sistema integrado inteligente de fronteras. Tendremos los centros en cuatro puntos: La Quiaca, Salvador Mazza, Aguas Blancas y Puerto Iguazú", expresó la ministra Bullrich al presentar las nuevas unidades de vigilancia.

El ministerio de Seguridad aseguró que "la tecnología combina la acción de los sensores móviles con sensores fijos (cámaras de visión diurna y nocturna, y radares de hasta cinco km de cobertura y que pueden penetrar el follaje) instalados en 11 torres de vigilancia desplegadas a lo largo de la frontera. También se incorporan cámaras lectoras de patentes en vías de ingreso y circulación clave. Los sensores fijos y las cámaras lectoras de patentes actúan 24x7 y transmiten los datos que recogen en tiempo real a los Centros de Comando y Control central de cada sitio a donde se genera un cuadro de situación unificado".(Source/Photo/Author: Daniel Gallo/La Nación)

Los principales desafíos que enfrenta Mario Abdo en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado en Paraguay

Ubicado en el centro de América del Sur, el país juega un papel clave para la seguridad y estabilidad comercial del continente

El presidente paraguayo Mario Abdo Benítez visita a los miembros de un cuerpo especial organizado para combatir a los insurgentes del Ejército Popular Paraguayo (EPP) el 24 de diciembre de 2018, inmediatamente después de un ataque de ese grupo guerrillero contra la hacienda Santa Teresa, cerca de Asunción, Paraguay. (Oficina del Presidente del Paraguay)

En octubre de 2018, fuerzas de seguridad paraguayas frustraron con éxito dos intentos de liberar a "Marcelo Piloto", un líder local de la banda criminal brasileña Comando Vermelho (CV), de la Agrupación Especializada de Policía Nacional, una fuerza de policía civil en Asunción. La sofisticación de los planes, que incluían un coche bomba y armas de guerra, ilustra la evolución de la amenaza de la delincuencia organizada transnacional en Paraguay. Al mismo tiempo, el desbaratamiento exitoso de los intentos, logrado con la colaboración de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales, muestra el progreso que las fuerzas de seguridad paraguayas han logrado en la lucha contra el crimen organizado.

El 15 de agosto de 2018, Mario Abdo Benítez asumió la presidencia de Paraguay, junto a un gabinete de figuras políticas conocidas y nuevas cuyo trabajo ha comenzado a dar resultados en organizaciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dirigida por María González.

El gobierno de de Abdo Benítez hereda una serie de desafíos de seguridad preocupantes, incluyendo la amenaza de la organización guerrillera Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), los crecientes desafíos de las organizaciones criminales transnacionales CV y Primeiro Comando da Capital (PCC), con sede en Brasil, y la necesidad de limpiar instituciones profundamente corruptas cuya reforma será clave para enfrentar exitosamente esos desafíos. R. Evan Ellis, profesor e investigador para América Latina del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, reflexiona sobre estos asuntos en el último número de la revista Military review. Los conceptos más importantes de ese artículo se transcriben a continuación.

LOS DESAFÍOS DE SEGURIDAD DE PARAGUAY

El narcotraficante brasileño Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, conocido como “Marcelo Piloto”, da una conferencia de prensa en la Unidad Especial de la Policía de Paraguay el 6 de noviembre de 2018 en Asunción, Paraguay. Pinheiro fue extraditado a Brasil ese mismo mes para enfrentar múltiples cargos. (AFP)

Durante la mayor parte de la administración anterior, el gobierno paraguayo ha considerado al EPP, un grupo de entre treinta y cincuenta miembros cuyo objetivo es derrocar al Gobierno de Paraguay e instaurar un gobierno de corte marxista-leninista, como la principal amenaza para la seguridad de la nación. Por su parte, Estados Unidos ha concentrado sus esfuerzos en las actividades ilícitas de la Triple Frontera, definida por Ciudad del Este, en el Paraguay; Foz de Iguazú, en Brasil, e Iguazú, en la Argentina. El enfoque de Estados Unidos en la región se centra en las personas afiliadas a la organización terrorista de Oriente Medio Hezbollah y otros grupos terroristas.

Vinculada a estos grupos violentos, Paraguay suministra aproximadamente el 50% de todo el consumo de marihuana en Sudamérica, con la mayoría de sus exportaciones dirigidas a Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. La importancia estratégica de Paraguay se deriva de su posición en el centro del continente sudamericano -a través del cual fluyen variedades de drogas tanto lícitas como ilícitas, dinero, personas y otros bienes- y de los grupos criminales asociados a esos flujos.

El violento asalto comando a Prosegur en Ciudad del Este en abril de 2017 por una banda de más de 50 ladrones afiliadas al PCC, el intento de construir un largo túnel para liberar a los más de ochenta miembros del PCC en la prisión de Pedro Juan Caballero y los dos intentos (fallidos) de liberar al líder de la CV, Marcelo Piloto, muestran el surgimiento del crimen organizado transnacional como un importante desafío de seguridad para Paraguay.

Una de las barreras a la lucha contra el crimen organizado que debe enfrentar el gobierno de Abdo Benitez es la negligencia de las fuerzas de seguridad. La grave situación de la policía paraguaya, por ejemplo, se puso de manifiesto con la suspensión en noviembre de 2018 del vicejefe de la organización, Luis Cantero, acusado de aceptar un soborno de USD 70.000.

Guardias y policías inspeccionan una bóveda que fue explotada durante un robo a mano armada a Prosegur, una empresa de seguridad privada, el 24 de abril de 2017 en Ciudad del Este, Paraguay. El exitoso asalto involucró a más de cincuenta ladrones que robaron aproximadamente USD 12 millones y dejaron a un oficial de policía muerto. Ciudad del Este, ubicada en la frontera con Brasil, ha sido durante mucho tiempo un centro de actividades del crimen organizado. (AP)

Más allá de la policía, el gobierno paraguayo entrante hereda fuerzas armadas poco preparadas para llevar a cabo sus obligaciones por dificultades fundamentales con su estructura, doctrina, equipamiento y entrenamiento. La gravedad de la situación queda ejemplificada por la incapacidad del Ejército paraguayo para encontrar y eliminar al EPP, un pequeño grupo insurgente que opera desde hace muchos años en los departamentos poco poblados de San Pedro y Concepción. Los ataques del EPP se han cobrado más de sesenta vidas desde el surgimiento del grupo en 2008, a pesar de ser superados por el ejército tanto en número de combatientes como en recursos materiales.

Las dificultades de las fuerzas armadas incluyen la necesidad de adquirir o modernizar su equipamiento, pero el ejército paraguayo tiene pocas expectativas de hacerlo más allá de las donaciones que puedan recibir de sus países aliados. El presupuesto total de defensa paraguayo para 2018 fue de USD 280 millones, y aproximadamente el 80% del presupuesto se destinó a gastos de personal y jubilaciones, mientras que aproximadamente la mitad del presupuesto de adquisiciones se gastó en artículos no militares, como suministros de oficina.

La Triple Frontera y las principales rutas de la droga hacia Brasil, Uruguay y Argentina.

La capacidad del ejército paraguayo para reformarse institucionalmente y responder a los desafíos que se le presentan se ve aún más obstaculizada por una serie de problemas estructurales. Para empezar, el ministro de Defensa de Paraguay no está en la cadena de mando de las fuerzas armadas y desempeña un papel más bien de asesor del presidente, lo que limita su capacidad de efectuar un cambio. El ex ministro de Defensa, general Bernardino Soto Estigarribia, renunció al cargo (en el que ocupó durante el gobierno de Cartes) en noviembre de 2018, supuestamente en parte por la falta de autoridad que se le otorgó en esa capacidad. El Congreso paraguayo ha discutido una ley para incluir al Ministerio de Defensa Nacional en la cadena de mando, pero aún no se ha propuesto un proyecto de ley específico.

El camino que el gobierno de Benítez pretende tomar para reformar las fuerzas armadas paraguayas con el fin de combatir más eficazmente al EPP y otros grupos armados aún no está claro. El nuevo gobierno aún no ha proporcionado la visión institucional que definiría tales roles y reformas, ni ha propuesto cambios legales específicos que faciliten dichos cambios.

DESAFÍOS MATERIALES Y DE CAPACITACIÓN DEL EJÉRCITO PARAGUAYO

Más allá de cuestiones de organización y de funciones, cada uno de los servicios militares de Paraguay enfrenta serios desafíos de material y entrenamiento.

El ejército paraguayo ha estado luchando contra la insurgencia del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), principalmente en el noreste de Paraguay (actividad insurgente representada en rojo) a lo largo de su frontera con Brasil, desde 2005.

En cuanto a las fuerzas de infantería, el ejército paraguayo cuenta oficialmente con aproximadamente 14.000 efectivos que perciben un salario, aunque la afluencia de reclutas está limitada por un elevado número de exenciones legales, un factor que el gobierno de Benítez ha indicado que tiene la intención de abordar.

En cuanto a vehículos y sistemas de armas, Paraguay cuenta con un pequeño número de semirremolques y tanques M3 y M4 de la era de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muy pocos, o ninguno, de los tanques tienen armas funcionales y, en el caso de los que las tienen, gran parte de la munición del tanque es de una antigüedad tal que ya no es fiable y es potencialmente peligrosa de usar. Paraguay también cuenta con un número limitado de vehículos de reconocimiento EE-9 Cascavel y EE-11 Urutu blindados para el transporte de personal, de fabricación brasileña.

 Ubicado en el centro de América del Sur, Paraguay es un nexo para los flujos criminales de drogas, bienes, dinero y personas en el continente

Si bien la situación de la armada paraguaya es algo mejor que la del ejército, se enfrenta al reto de proporcionar una presencia limitada a lo largo de los ocho mil kilómetros de ríos navegables de la nación. La Armada paraguaya cuenta con una flota de aproximadamente 170 pequeñas embarcaciones de aluminio para operar en los ríos y un número menor de embarcaciones más grandes, incluyendo su buque insignia, el P-05 Itaipú (adquirido a Brasil en la década de 1980), que es lo suficientemente grande como para embarcar un pequeño helicóptero y tres embarcaciones interceptoras Croq-15 relativamente rápidas.

La armada paraguaya también tiene una modesta capacidad de aviación, incluyendo un helicóptero ligero Esquilo, que se utiliza ocasionalmente en operaciones contra contrabandistas, y seis pequeños aviones Cessna confiscados a narcotraficantes. En cuanto a la Fuerza Aérea, Paraguay cuenta con interceptores de Tucano de dos a cuatro años de antigüedad que aún se encuentran en operación y que podrían ser utilizados para responder a vuelos detectados de narcotráfico. Los planes para adquirir seis aviones adicionales, posiblemente aviones de combate KT-1 coreanos, Super Tucanos brasileños o Wolverines AT-6 estadounidenses, se han dejado de lado por falta de recursos.

POSIBLES SOLUCIONES

El grave estado actual de muchas de las instituciones de seguridad del país no necesariamente refleja el nuevo gobierno del país, sino que es una indicación de cuánto trabajo queda por hacer. Ubicado en el centro de América del Sur, Paraguay es un nexo clave para los flujos criminales de drogas, bienes, dinero y personas en el continente, lo que lo hace un jugador clave en el control de esos flujos y sus consecuencia correspondientes.

Si bien el gobierno paraguayo enfrenta dificultades significativas para responder a los crecientes desafíos del terrorismo y la delincuencia organizada del EPP, es importante que Estados Unidos mantenga su compromiso constructivo con el país y amplíe tanto su nivel de atención como su compromiso con sus socios paraguayos, siempre y cuando sigan progresando en la lucha contra la corrupción y se comprometan a respetar las instituciones y los procesos democráticos.

Hezbollah tiene una fuerte presencia en la Triple Frontera

Con respecto a la reforma militar, Estados Unidos debería emplear sus recursos y su influencia con el gobierno paraguayo para alentarlo a llevar a cabo su reestructuración militar, elaborar un libro blanco de defensa actualizado, una política y estrategia de seguridad nacional. Aún más importante, Estados Unidos debe ayudar al ejército paraguayo a desarrollar un sistema de planificación para aplicar los recursos limitados de una manera racional y transparente para satisfacer las necesidades identificadas, así como para adquirir y mantener esos recursos a lo largo del tiempo.

Durante demasiado tiempo, Paraguay ha recibido poca consideración por parte de Washington, excepto por la preocupación de este último por las actividades de un pequeño número de delincuentes y terroristas en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, Paraguay se encuentra en el centro de los flujos lícitos e ilícitos que conectan el continente. Lo que sucede en Paraguay con esos grupos y flujos criminales tiene el potencial de afectar negativamente la dinámica y el bienestar de sus vecinos. Si conectar al continente a través del comercio y la diplomacia es lo que busca, entonces Estados Unidos tiene mucho que ganar si ayuda al país a desarrollar su sistema de defensa.(Source/Photo: Infobae.com)

Hay más de $200 mil millones embargados en causas de la corrupción y casi USD 600 millones en casos de narcotráfico

El número surge solo de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante, por lo que la cifra final podría ser mucho más alta.

Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Estado podría recuperar hasta $300 mil millones. El nuevo decreto de extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri permitirá utilizar los bienes que provienen del delito.

Al menos $200 mil millones se encuentran embargados por la Justicia en causas de corrupción. Así lo revelaron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara la firma del decreto de necesidad de urgencia para impulsar la política de extinción de dominio que permitirá decomisar, desde los tribunales civiles, distintos bienes y activos de distintas causas penales.

El número surge de los expedientes en donde la Oficina Anticorrupción se presentó como querellante. Por eso, señalan en Tribunales, esa cifra podría incrementarse si se le suman aquellas causas en donde ese organismo del Estado no interviene.

También se elevaría de manera exponencial si se le suman las causas de narcotráfico. En diciembre pasado, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho que los bienes personales y dinero en efectivo que fueron confiscados de narcotraficantes en los últimos tres años implicaban unos USD 593 millones, el equivalente a la construcción de 17.500 viviendas.

La funcionaria nacional, consultada hoy por radio La Red, aseguró que una vez que entre en vigencia la extinción de dominio el Estado podría recuperar hasta 300 mil millones de pesos. "Es una cifra impresionante; yo no puedo luchar contra el narcotráfico si no le saco las cosas, y así les estamos sacando el capital de trabajo, porque los narcos no compran un avión porque les gusta volar, sino porque lo usan para transportar la droga", aseguró.

Los bienes embargados en casos de corrupción

Con el decreto que anunció el presidente Mauricio Macri, el Estado podría hacerse de ese dinero a través de un juicio civil, sin necesidad de una condena penal. Pero la Justicia ha venido avanzando en estos últimos años con el embargo de bienes y la utilización por parte del Estado.

Uno de los aviones de Lázaro Báez

Allí aparecen dos aviones del empresario Lázaro Báez que hoy manejan Aviación Civil y el Ministerio de Seguridad de la Nación y las maquinarias incautadas en la causa de la Ruta del Dinero que quedaron en manos de Vialidad Nacional. La Justicia secuestró 1.355 bienes de Lázaro Báez por un valor de 188 millones de dólares, entre los cuales aparecen 418 inmuebles, entre casas, estancias, lotes y parcelas, y 937 rodados, aviones y maquinarias. Pero además a Lázaro se le secuestraron libros incunables, que fueron entregados a la Biblioteca Nacional, como un ejemplar de "La Razón de Vida", firmado por su autora, Eva Perón; "Viaje a la Patagonia Austral", con la rúbrica del perito Francisco Pascasio Moreno o libros firmados por Juan Domingo Perón y Jorge Luis Borges. También había un ejemplar de "Mi lucha", del nazi y genocida alemán Adolf Hitler, según relató Infobae en octubre pasado.

Otro ejemplo de bienes que ya están en poder del Estado es el yate del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que se convirtió en una "embarcación recuperada de la corrupción" de Prefectura Naval. Jaime espera juicio oral por enriquecimiento ilícito, aunque ya está condenado por la tragedia de Once, entregar dádivas y haber intentado destruir pruebas durante un procedimiento judicial.

En la lista de bienes embargados, a disposición del Estado, aparecen más de de medio centenar de vehículos de ex funcionarios que pasaron a control estatal, entre ellos uno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina está procesada por cuatro causas de corrupción (Vialidad, Hotesur, Los Sauces y cuadernos), además de los dos expedientes más políticos: dólar futuro y Memorándum con Irán.

El yate de Ricardo Jaime

A raíz de la causa de la obra pública, que el próximo 26 de febrero será llevada a juicio oral, con Cristina Kirchner, Julio De Vido y Lázaro Baez en el banquillo, Vialidad Nacional reclamó 1.200 millones de dólares de resarcimiento por los "daños y perjuicios" generados por contratos inconclusos y sobreprecios pagados.

En el caso Hotesur, a Florencia Kirchner le secuestraron en julio de 2016 USD 4,6 millones en una de las 2 cajas de seguridad que intervino en el Banco Galicia y otro millón de dólares en una caja de ahorro. Hasta la Corte Suprema le dijo en 2017 que ya no podía reclamar la devolución de ese dinero.

En tanto, sólo en la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio había dictado embargos por 4 mil millones de pesos a cada uno de los involucrados, desde la ex presidenta hasta el chofer Oscar Centeno pasando por todos los empresarios. La Cámara Federal, sin embargo, corrigió esos números A Cristina Kirchner le fijaron un embargo de 1.500.000 pesos y a De Vido de 1.095.000, pero a los empresarios se les impuso un monto mayor, de acuerdo a la cantidad de hechos por los que están investigados.

Un decomiso, casi 30 años después

Pero la Justicia ya ha demostrado que se puede decomisar bienes de la corrupción. El problema es lo que tarda el proceso judicial para poder concretarlo. En setiembre pasado, la Justicia llevó adelante el decomiso del predio de Tandanor valuado en 40 millones de dólares, aunque su valor inmobiliario supera los 500 millones. Fue después de condenar a ex funcionarios y empresarios privados por la fraudulenta privatización del predio que se hizo al inicio del gobierno de Carlos Menem. Es decir, entre el hecho y el decomiso pasaron casi 30 años.

Bajo la órbita del Ministerio de Justicia funciona el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal en donde se centralizar la información de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Sin embargo, los voceros oficiales señalan que las listas no están actualizadas porque muchas veces los jueces no les reportan de lo incautado en sus respectivas causas para tener los datos al día.

Desde Tribunales, al igual que los voceros oficiales, insisten en marcar la diferencia entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque los embargos preventivos o incautaciones son decisiones judiciales que prohíben temporalmente transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente, mientras que el decomiso, en tanto, es la medida a través de la cual una autoridad estatal (puede ser judicial o no) quita la propiedad sobre un bien que se sospecha ilegal a su titular sin que tenga derecho a resarcimiento. De esto se trata ahora la iniciativa oficial.

Los allegados al ministro de Justicia Germán Garavano explican que "la lista de causas en las que se podría aplicar, y que se tramitan en la Justicia Federal, incluye delitos como corrupción; contrabando de estupefacientes, precursores químicos y armas; amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales; corrupción de menores; proxenetismo; distribución de pornografía infantil; trata de personas y el secuestro extorsivo". Y aclaran que también será posible recuperar bienes de funcionarios que defraudaron la Administración Pública por delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

La iniciativa señala que "durante el desarrollo de la causa judicial, los bienes embargados serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)". (Source/Photo/Author: Prensa Presidencia/Patricia Blanco/Infobae.com)

La AFI desbarató una banda que transportaba 186 kilos de marihuana desde Paraguay

Junto a Gendarmería Nacional y a la secretaría antidrogas paraguaya, incautaron una carga envuelta en 12 rollos de membrana asfáltica

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay inició un trabajo de inteligencia que culminó con un llamado a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la Argentina, en donde alertaron por una lancha que iba a cruzar un cargamento de marihuana envuelto en rollos de membrana asfáltica.

El operativo fue encabezado por la AFI y del mismo participó la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El ingreso de los estupefacientes lo organizó una banda criminal internacional, la cual utilizó el circuito 5 de la zona "El Mangal", lugar por el cual ingresaron la mercadería.

Allí efectuó un "operativo cerrojo" sobre accesos a la zona mencionada, con las fuerzas policiales argentinas y a la colaboración de los grupos de seguridad paraguayos, y detuvieron una camioneta con 4 ocupantes, quienes en la caja trasera transportaban 12 rollos de membrana asfáltica, en 447 paquetes.

El vehículo presentaba un peso excesivo y, tras decomisar la carga, detectaron cerca de 186 kilogramos de marihuana envueltos y escondidos dentro de las membranas. La droga incautada equivaldría a 560.403 dosis y, según los cálculos, tendría un valor de más de 12 millones de pesos.

Se requirió de cuatro testigos para efectuar el control sobre la totalidad de rollos. Allí se procedió a la apertura de un rollo, constatando dentro del mismo en forma acondicionada en  un tubo de pvc gran cantidad de paquetes rectangulares de diversos tamaños.

Se ordenó la detención de los cuatro involucrados, se labraron las actuaciones correspondientes y trasladaron la totalidad de la carga para el conteo y pesaje exacto de las drogas halladas.

Los cuatro detenidos fueron identificados como Silva Taciano Cipar, Silva José Luis Cipar, Cruz Alcides y María Isabel Estigarribia Cipar.(Source/Photo: Infobae.com)

Argentina y Estados Unidos acordaron profundizar la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la región

El ministro de Justicia Germán Garavano se reunió con el jefe del GAFI y secretario de temas de Terrorismo del Tesoro norteamericano Marshall Billingslea

 Garavano dialoga con Billingslea y Otamendi

La Argentina y los Estados Unidos avanzaron hoy en una estrategia común tendiente a luchar contra el financiamiento del terrorismo, coordinar tareas de cooperación para la seguridad nacional y se comprometieron a profundizar el combate contra el narcotráfico en la región.

Estos acuerdos bilaterales se desprendieron de una reunión del ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Justicia y ex presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Santiago Otamendi, que recibieron hoy al secretario adjunto para temas de Financiamiento Terrorista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del GAFI, Marshall Billingslea.

"En el marco del diálogo bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, Garavano y Billingslea se reunieron para identificar amenazas y vulnerabilidades comunes a nuestros sistemas financieros, implementar estrategias e iniciativas conjuntas para contrarrestarlas y proteger nuestra seguridad nacional", sostuvo el Ministerio de Justicia.

Durante un encuentro institucional acordaron trabajar para combatir el terrorismo, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero vinculado a delitos graves como la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. También participaron de la reunión el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado y funcionarios del Gobierno de los EEUU y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Santiago Otamendi, Marshall Billingslea, Germán Garavano y Edward Prado

"Los ilícitos financieros y la corrupción pública habilitan, promueven y socavan el orden económico financiero, destruyen las instituciones públicas y ponen en riesgo a la población. La cooperación internacional es clave combatir estos delitos y el diálogo bilateral colabora en profundizar el compromiso de ambos países. Estamos estableciendo alianzas estratégicas para combatir estos ilícitos que atacan a nuestra sociedad", explicó Garavano.

La Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo tiene la responsabilidad principal de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo, en respuesta a los riesgos específicos que pueden tener un impacto en el territorio nacional y los requisitos globales para una mayor eficacia en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por los Convenios de las Naciones Unidas y las Normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En este marco, en enero de 2017, la Coordinación comenzó a desarrollar la primera Evaluación Nacional de Riesgos en Materia de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a través de la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que resulta una acción inédita a nivel regional, que fue celebrada por los funcionarios de los Estados Unidos.

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia estrechó lazos con Estados Unidos para profundizar la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el financiamiento de grupos radicalizados en la región. De hecho, la detención de los miembros del grupo Barakat en la Triple Frontera formó parte de este acuerdo ya que hubo colaboración de Estados Unidos y una ardua tarea de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con el Ministerio de Seguridad para desterrar este grupo relacionado con el movimiento terrorista Hezbollah.(Source/Photo: Infobae.com)