Endurecen las condiciones para otorgar la residencia a extranjeros

Endurecen las condiciones para otorgar la
residencia a extranjeros (Fuente: EFE).(TN.com)

Quienes deseen radicarse en el país deberán presentar un certificado de diez años sin antecedentes penales. La medida será anunciada por Frigerio.
El Gobierno refuerza su plan de combate a la inseguridad, uno de los principales ejes que mostrará en la campaña electoral. El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunciará el endurecimiento de las condiciones para otorgar la residencia a los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina. Quienes quieran radicarse en el país deberán presentar un certificado de carencia de antecedentes penales en los últimos diez años.

La medida responde a los hechos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y también a los que el Ejecutivo llama un "descontrol migratorio", como lo definió el canciller Jorge Faurie hace poco más de un mes tras un reunión de Gabinete.

El oficialismo impulsa en paralelo la agilización de la expulsión de los extranjeros que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. El plan que forma parte de un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. Todas estas medidas cobraron fuerza a partir de los casos de motochorros extranjeros que tenían prohibición de entrada al país y pedidos de deportación.

Los extranjeros que no presenten el certificado que determine que en la última década no registraron antecedentes penales no podrán avanzar con los trámites para radicarse en el país.

Hasta el momento quienes iniciaban el papeleo para pedir la residencia permanente debían presentar un certificado que estableciera que no tenían condenas anteriores ni procesos penales "emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años". En los tres últimos años la Dirección de Migraciones otorgó 680 000 radicaciones, encabezadas por ciudadanos paraguayos, bolivianos y venezolanos

Horacio García, director de Migraciones, le dijo a La Nación que el objetivo es que "todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país". "La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", afirmó. Justamente uno de los motivos que impulsaron el pedido de certificado es que en algunos países no se incluyen los registros de delitos después de cumplidas las condenas o transcurrido un determinado plazo.(Source: TN.com)

G20: refuerzan los controles para evitar el ingreso de activistas anti cumbre

Seguridad

Lo hacen en las fronteras y apuntan a extranjeros con antecedentes, de cara al encuentro internacional de la semana próxima.

Tecnología. En Ezeiza, las terminales automáticas de Migraciones Express.

Un plan de Defensa aérea y marítima y otro de control de las calles para evitar manifestaciones violentas como las que se produjeron en Hamburgo 2017. En máximo estado de alerta para la cumbre del G20, el Gobierno argentino también ha fijado un férreo control migratorio de ingreso al país, que ya está focalizado en prevenir la entrada de extranjeros con antecedentes delictivos o activistas anti cumbre como la que tendrá lugar en Buenos Aires a fines de mes.

En esos días llegarán los líderes de una veintena de países, potencias y emergentes, más los "número uno" de importantes organismos internacionales. En total, más de 6.000 extranjeros están legalmente registrados para entrar entonces al país.

Este plan, que supervisan el ministro Rogelio Frigerio (Interior, Obras Públicas y Vivienda) y el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, contempla la recepción permanente de información de organizaciones policiales internacionales como Interpol, y agencias de inteligencia extranjeras europeas y estadounidenses, que trabajarán junto a los distintos organismos del Estado.

“La Argentina está dentro de los estándares más avanzados en el control migratorio y así se la reconoce desde el exterior. Tenemos un trabajo positivo con la Cancillería y el ministerio de Seguridad y además con la Agencia Federal de Inteligencia”, señaló García a Clarín al hablar del escenario para el G20.

El funcionario confirmó un "estado especial", pero señaló que no se modificará la normativa actual -"actuaremos dentro del marco legal", dijo-  sino que trabajarán con las disposiciones vigentes, que igual se endurecieron en los últimos años, por ejemplo en lo que hace a la expulsión para extranjeros que cometan delitos.

Durante la cumbre también habrá "medidas excepcionales" que tengan que ver “con la seguridad de los participantes y la convivencia pacífica”, pero que serán también aplicadas dentro del escenario normativo actual.

Foto: El vicegobernador de Misiones, el ministro Frigerio y Horacio García, director de Migraciones. misiones rogelio frigerio horacio garcia ministro del interior visita misiones junto al director de migraciones

El siguiente es el listado de herramientas que ya están vigentes pero que tendrán un estado de máxima alerta no sólo el viernes 30 y 1 de diciembre -los días exactos de cumbre- sino en los días previos y posteriores para evitar "sorpresas", que van desde el terrorismo convencional al activismo callejero como el que tuvo lugar en Hamburgo 2017. Por las fronteras de Alemania se colaron miles de militantes anti cumbre que provocaron fuertes destrozos en la ciudad.

Actualmente, por la Argentina se produce un tránsito anual de 80 millones de personas (ingresos y egresos). Esto es lo que se tiene registrado en la plataforma online del Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam) en el cual convergen y van a utilizar para la cumbre:

1) El Protocolo I247 
Está conectado a Interpol Internacional con sede en Lyon (Francia) y tiene los registros globales de restricciones de personas (hoy unos 164 millones). Este provee las alertas que pueden implicar la detención de un extranjero en la frontera o su rechazo de entrar al país.

2) API (Información Anticipada de Pasajeros) 
Es un sistema de chequeo de pasajeros con antelación a su arribo al país que proveen las aerolíneas y compañías marítimas, 30 minutos antes de la partida de cada vuelo o de cada buque. El jueves pasado, el secretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, a cargo del la Unidad G20, confirmó que durante la cumbre habrá restricciones no sólo aéreas y marítimas sino también ferroviarias y portuarias. Mientras que Aeroparque estará por completo cerrado del 29 al 1 de diciembre, y tanto Ezeiza como otros aeropuertos locales estarán afectados, la empresa Buquebus informó que también tendrán operaciones limitadas el 29 y totalmente suspendidas el 30 y el 1 en sus viajes a Uruguay.

3) PNR (passenger name record) 
Es una verificación de viajeros aéreos 48 y 6 horas previas al cierre del vuelo, con información más detallada, como trazabilidad del vuelo y datos de pago de reservas.

4) Puertas biométricas (Automated Border Control - ABC Gate por sus siglas en inglés) 
En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Aeroparque y Terminal Puerto de Buenos Aires.

5) Consulta de datos del Registro Nacional de Reincidencia para verificación de antecedentes.
6) Chequeo de identidad con el Registro Nacional de Personas.
7) Verificación de la aptitud migratoria con la base de datos de la DNM.

(Source/Photo/Author: Natasha Niebieskikwiat/Clarín)

Con una fuerte suba de las deportaciones, el Gobierno ajusta el control de extranjeros

Este año la cifra de los que serán expulsados por delinquir llegará a unos 200, cuando en 2015 era de 4; en la Casa Rosada hablan de la necesidad de acortar los plazos del trámite y reforzar el monitoreo

En el contexto del triunfo electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro , y mientras más voces -opositoras y también oficialistas-se alzan pidiendo "mano dura" con los extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en una serie de medidas como tener objetivos claros: establecer circuitos de control migratorio y acortar los tiempos para la expulsión de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

El debate recrudeció luego de que el Gobierno vinculara a dos venezolanos, un paraguayo y un turco con los desmanes ocurridos frente al Congreso durante el reciente debate del presupuesto 2019.

En lo que hace a las deportaciones, desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio , muestran datos que diferencian su política de la del kirchnerismo. Las expulsiones de extranjeros que delinquen pasó de 4 en 2015 (último año de Cristina Kirchner) a 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 en lo que va del año. "Probablemente lleguemos a los 200", dicen cerca del ministro del Interior.

También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año.

La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros.

Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que "se está viendo qué hacer con ellos", ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un "foro migratorio específico" para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.

El presidente Mauricio Macri, que ayer en Córdoba se manifestó contra los inmigrantes "que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida", avala las negociaciones con Pichetto y otros dirigentes en torno a una reforma de la ley migratoria. Tiene aún un escollo: la Corte Suprema todavía no se expidió sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que aceleró los tiempos, aunque para el Gobierno sigue vigente. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay, cuyos ciudadanos componen la amplia mayoría de los extranjeros que llegan al país, se quejaron de este decreto. La otra pata de la estrategia oficial pasa por "legalizar" a los inmigrantes y así "separar la paja del trigo": los que "vienen a trabajar" de quienes "vienen a cometer delitos".

Esta semana, Migraciones puso en marcha el Radex, sistema remoto que permite comenzar el trámite de radicación vía online y obtener una residencia temporaria en pocos días. "La pelea es contra la irregularidad migratoria", afirman desde el edificio de Migraciones, pegado al histórico Hotel de Inmigrantes de Retiro. A través del Radex, el Gobierno obtendrá además los datos laborales de cada inmigrante, con lo cual podrá "reubicarlos" en las provincias que los requieran para trabajar. Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias que ya comenzaron a moverse de manera concreta para absorber inmigrantes - sobre todo venezolanos, que han llegado huyendo de la crisis económica que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro-, y San Juan y Jujuy se sumarán en breve.

El flujo venezolano es particularmente numeroso, y muchos profesionales provenientes de ese país son requeridos en el interior. "Si les damos todo esto y no se regularizan, es porque vinieron con otros fines", se atajan fuentes oficiales.

El Gobierno buscará, en la próxima reunión de ministros del Mercosur, la adhesión de Uruguay, Paraguay y Brasil al intercambio de información sobre antecedentes penales, un dato que el Gobierno considera fundamental para impedir ingresos indeseables. En la Casa Rosada afirman que esta batería de medidas servirá para apaciguar los ánimos de quienes piden más acción contra los extranjeros involucrados en delitos. Se reforzarán, de todos modos, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, los controles en los pasos fronterizos por la cumbre del G-20 de fines de este mes y también de cara a una temporada estival que prevé un enorme flujo de turistas producto de la
devaluación del peso.(Source: La Nación)

Endurecen política contra los inmigrantes ilegales en Argentina

Prevén la creación de un fuero migratorio, una policía de Migraciones, más controles en las fronteras y en los visados y una ratificación del decreto de expulsión de inmigrantes que cometen delitos

Por Martín Dinatale - Infobae

La detención y pedido de deportación de cuatro extranjeros que estaban en los disturbios del Congreso cristalizó la política migratoria que viene llevando adelante el Gobierno y que contempla el ambicioso plan de Mauricio Macri para monitorear de cerca los flujos migratorios en la Argentina y ejercer mayores mecanismos de control para los inmigrantes ilegales.

El programa migratorio del Gobierno prevé, entre otras cosas, la creación de un fuero migratorio, ratificar en la Corte del decreto de expulsión automática de inmigrantes ilegales que cometen delitos, la instauración de una policía migratoria, una App en celulares de policías para detección de extranjeros sin radicación, un esquema más rígido de controles en las fronteras y un sistema de visados electrónicos que termine con la mafia de ventas de visas falsas con tráfico de personas ilegales.

Diez horas después de la detención de los inmigrantes en la manifestación contra el presupuesto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la política migratoria impulsada por el Gobierno busca "evitar que ingresen delincuentes a la Argentina".

La frase engloba el ambicioso programa de la Dirección de Migraciones que está bajo la órbita de Frigerio y que ya se puso en marcha en gran medida aunque restan varios puntos por instrumentar. Este plan empezó a apuntalarse con el decreto 70/2017, impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos.

La expulsión de extranjeros acusados de delitos creció exponencialmente en los últimos tres años. Durante el último año de Cristina Kirchner en el poder, en el 2015, sólo se expulsó a dos extranjeros por delitos. Y según cifras oficiales, en los últimos tres años la Argentina deportó a 1.200 extranjeros que tenían condenas o fueron detenidos por cometer delitos. No solo ello: El Gobierno estima que hay 1.000 inmigrantes más que tienen causas judiciales, están condenados y en condiciones de ser expulsados hoy si los juzgados aceleran los trámites.

Como contrapartida, en el Gobierno destacan que la cantidad de radicaciones de extranjeros creció sustancialmente en la Argentina. Así, unos 580.000 extranjeros regularizaron su situación en los últimos tres años. Y las cifras oficiales del primer semestre de este año muestran que esa ola de radicaciones de inmigrantes no se detiene: ya hay 101.604 inmigrantes radicados o con papeles en trámite en lo que va de este año. Los venezolanos pasaron a encabezar esa lista (con 25.445) seguidos de los paraguayos (24.429) y los bolivianos (19.827).

Según revelaron a Infobae fuentes de la Dirección de Migraciones a cargo de Horacio García, el Gobierno prevé un amplio programa de política migratoria para acorralar a los extranjeros que cometen delitos o que quieren ingresar de manera ilegal al país.

El plan del Gobierno para los inmigrantes ilegales prevé:

1- Decreto en la Corte. En la Casa Rosada confían que ante los hechos que se vieron esta semana con extranjeros detenidos en supuestos hechos de violencia en los alrededores del Congreso la Corte Suprema ratifique el decreto 70/2017 que prevé la figura de "extrañamiento", aplicada por jueces del fuero de ejecución penal para inmigrantes con condena firme impuesta en el país y que cumplieron la mitad de su pena en suelo argentino. El máximo tribunal estudia un caso presentado por el CELS para defender a un extranjero que cometió un delito y está a punto de ser expulsado. La definición de la Corte allanaría el camino al Gobierno para que el Congreso avale este decreto que generó mucha polémica.

2-Un fuero migratorio. En la Dirección de Migraciones existe el borrador de un proyecto de ley para crear la figura de un fuero migratorio dedicado exclusivamente a atender los casos de inmigrantes que cometen delitos y esten en condiciones de ser expulsados del país. "Con cuatro jueces en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia y un par más en el interior del país que se dediquen exclusivamente al fuero migratorio agilizaríamos mucho más las expulsiones y se corregiría el sistema", dijo a Infobae un funcionario del Ministerio del Interior. La idea sería acompañada a su vez por una Cámara Nacional Migratoria que evalúe los casos de esos fueros en una segunda instancia.

3-La policía migratoria. En paralelo al fuero migratorio, el Gobierno evalúa crear una policía migratoria como existe en Estados Unidos y en muchos países europeos para atender y perseguir a los casos específicos de inmigrantes ilegales o las mafias de contrabandistas de visas y extranjeros ilegales. Esta Policía buscaría perseguir las mafias de inmigrantes ilegales e investigar casos de tráficos de personas.

Las violentas protestas frente al Congreso esta semana (Foto: Maximiliano Luna)

4- Una App especial para la Policía. La Dirección de Migraciones ya empezó a extender entre las fuerzas federales y las Policías provinciales una aplicación en los teléfonos de los agentes para que ante los datos de una persona se detecte: la "situación migratoria", es decir su el inmigrante cuenta con radicación en la Argentina o no; los "últimos tránsitos" que permiten saber por cuál paso fronterizo ingresó al país un inmigrante y la "aptitud migratoria", esto es, si hay un requerimiento de Interpol o de las fuerzas de seguridad del inmigrante. También se detalla allí la lista de antecedentes penales.

5- Controles en las fronteras. El Gobierno instalará en los próximos meses nuevos sistema de detección biométrica en 15 pasos fronterizos para cruzar los datos de los extranjeros que ingresen con las bases de Interpol, AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, el Renaper y Migraciones. La idea de esta plataforma informática es detectar por identificación biométrica a los extranjeros y evitar el ingreso de personas que tienen antecedentes penales. Esto se potenció también por la inminente cumbre de presidentes del G20, donde el Gobierno está en alerta por el eventual ingreso de grupos terroristas. La intención de la Casa Rosada es que los países de la región también aporten datos a este sistema.

6- Visa electrónica. En la Dirección de Migraciones avanza la instrumentación de un sistema de "autorización de viaje electrónico" (AVE). Este sistema de visado electrónico que la Argentina ya ratificó con 73 países permitirá realizar on line el pago de la visa, escanear ese documento y agilizar por internet el trámite de visados. La aplicación de este moderno sistema permitirá evitar que haya casos de visas fraguadas como los que se denunciaron recientemente en el consulado argentino en Antofagasta, Chile, donde se investiga la entrega de 300 visas a ciudadanos chinos. También deja en una situación de incomodidad a los consulados que hasta ahora tenían la postestad exclusiva para entregar visas.

La mafia de las visas truchas

El caso de las visas truchas no es nuevo. Desde hace muchos años que hay una mafia de venta ilegal de visados que tienen el amparo de los consulados. Pero el Gobierno está decidido ahora a ir a fondo con este delito. El caso de Antofagasta generó una fuerte polémica puertas adentro de la Cancillería y no es el único caso. Según informó Infobae, la Cancillería inició una "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos.

Ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018. Se intervino ese consulado y se exigió a la funcionaria a regresar a Buenos Aires.

También se está investigando a pedido de la Dirección General de Asuntos Consulares a la embajada Argentina en Arabia donde el reporte interno de la Cancillería sostuvo que "se vio que había algunas visas que no tenían el encuadre migratorio adecuado, y se tendía a aplicar procedimientos previstos por la normativa para situaciones excepcionales, en vez de los de rutina".

La temática de las visas otorgadas por el consulado de Antofagasta a chinos que provienen de la provincia de Fujian fue abordado ayer en la embajada de China por el director de Migraciones Horacio García y un alto funcionario de la Policía Nacional de China. Según pudo saber Infobae, en esa reunión también se evaluó la posibilidad de que Beijing acceda a compartir su base de datos de información de antecedentes.
Por otra parte, en el secretario de Coordinación de Política Exterior Ernesto Gaspari adelantó a las jerarquías de la Cancillería que la investigación de visas irregulares abarcará toda la "cadena de responsabilidades" internas del Palacio San Martín. Esto incluiría también al director de Asuntos Consulares Luis Sobron quien ya adelantó a Infobae que "los casos de consulados con supuestas irregularidades ya fueron detectados" y deslindó responsabilidades de su área en estas investigaciones.

En la Cancillería coinciden en sostener que hace falta mayores controles internos al momento de dar visados y también que se deberá extremar la rigidez de la ley de migraciones. 

Desde Macri para abajo, la intención del Gobierno en pleno ahora es ejercer mayores controles migratorios para eliminar de una vez el tráfico de ilegales y expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina. Esta política genera detractores y la oposición ya levantó críticas. El caso de los cuatro extranjeros que fueron detenidos en la protesta frente al Congreso y se evalúa su expulsión puso una vez más en la mira la política migratoria del Gobierno de cara al futuro inmediato.

Macri lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes

 A través de una aplicación se simplificará el proceso de identificación y radicación de los extranjeros Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Mariano Obarrio  - La Nación

El gobierno de Mauricio Macri implementará a partir del mes que viene un plan de medidas de control de inmigrantes , que se basará en una aplicación para teléfonos celulares de agentes públicos que detectará a extranjeros sin la documentación requerida. La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales.

Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado.

"Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país", explicó Totó García a LA NACION.

En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017.

Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones.

El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo.

En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: "residencia temporaria".

Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular.

En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. "Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado", señaló García.

Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur .

El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. "En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones", dijo una fuente oficial.

"No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros", agregó el funcionario a LA NACION.

En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. "Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán", dijo un funcionario oficial.

En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano.

Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio
En 2018

Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%)

Tasa migratoria

Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los "extra-Mercosur". Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país

Aumentó un 35% la cantidad de extranjeros expulsados de la Argentina

En lo que va del año se deportó a 152 extranjeros que cometieron delitos. En las fronteras se rechazó el ingreso de 8.200 personas con antecedentes penales

Por Martín Dinatale 

Brian, acusado por el asesinato de Brian Aguinaco,

 fue deportado a Perú (Télam)

Los números son irrefutables: desde que el presidente Mauricio Macri emitió el decreto migratorio en los primeros días de este año para habilitar la expulsión de aquellos extranjeros que cometen delitos o tienen causas penales avanzadas en el país, la cantidad de inmigrantes deportados por la Argentina aumentó un 35% comparado con el 2016. Y la proyección para este año es que haya un incremento de expulsados del 70% respecto del año pasado.

Mientras a junio de 2016 había 113 extranjeros expulsados por haber cometido delitos o por tener condenas, en lo que va de este año esa cantidad se incrementó a 152 expulsiones. De la totalidad de los extranjeros en la mira de la justicia que había en el país, 32 fueron expulsados compulsivamente como lo prevé el decreto 70/2017 y el resto por tener un proceso de expulsión avanzado, en acuerdo de las partes de los extranjeros acusados de delitos y con condenas firmes.

Por otra parte, el Ejecutivo incrementó en un 22% el rechazo en puestos de frontera al ingreso de extranjeros con causas penales o antecedentes judiciales vinculados al delito. Así, en lo que va del año se prohibió el ingreso de 8.200 personas que tenían causas judiciales y querían ingresar al país por diferentes lugares de las fronteras.

Los datos surgen de un informe del gobierno que elaboró la Dirección de Migraciones y al que tuvo acceso Infobae. Allí se destaca que de la mayoría de los expulsados los que tenían condenas eran 52 y estaban acusados de tenencia de estupefacientes, 15 por robo agravado, 12 por homicidios agravado, 11 por abuso sexual y el resto por otros delitos. En tanto, la mayoría de los extranjeros expulsados eran paraguayos y le siguen ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, Chile y Alemania.

Por otra parte, el informe destaca que la mayoría tenían antecedentes penales por delitos de narcotráfico.

Según los datos comparativos en 2016, donde aún no regía el mencionado decreto, hubo 231 expulsiones. Pero hasta junio de ese año había 113. De esta manera, en la proyección lineal los funcionarios del gobierno evalúan que el numero de 2017 daría un incremento de alrededor del 70% respecto del 2016. Es que se sabe que se iniciaron más procedimientos de expulsión y ahora son más cortos los trámites. Así, se proyectan unas 400 expulsiones este año contra las 231 que hubo en la totalidad del año pasado.

Sustancialmente esto se debe a la instrumentación del decreto a través del cual el residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas, debe dejar el país.  Además, hay un trabajo muy aceitado que se está realizando entre la Dirección de Migraciones y los jueces federales para poner en marcha la norma.

Por otro lado, y según cifras oficiales, se estima que hay un 26% del universo de presos del Servicio Penitenciario Federal que son extranjeros. La intención del Gobierno es identificar además a aquellos que tienen condenas pero que por el fárrago legal siguen libres y se les podría expulsar de inmediato.

Ver más: Expulsan del país a un colombiano condenado por atacar al fiscal Carlos Stornelli en un violento intento de asalto

Los principales puntos del decreto 70/2017:

1- Si el residente que hubiese sido condenado, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos distintos a los enumerados en el inciso b) y que merezcan para la legislación argentina penas privativas de la libertad.

2- Aquellos extranjeros que con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales.

3- El residente que hubiese sido condenado, en la Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.

En el Ejecutivo aseguran que no existe "una persecución a extranjeros o inmigrantes" sino que por el contrario, evalúan, se trata de un sistema para bajar la delincuencia y como contrapartida destacan que la Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de habilitación de residencias para extranjeros. Según datos oficiales, entre 2016 y 2017 hubo 285.000 radicaciones aprobadas para extranjeros que quieren residir en el país.

Planean regularizar a los extranjeros en el conurbano para evitar el clientelismo

Abrirán delegaciones de Migraciones en cinco intendencias para atender a los inmigrantes indocumentados; se busca eludir el manejo de los jefes comunales con fines partidarios antes de los comicios

Por Martín Dinatale para La Nación

El nuevo giro de la política migratoria que impuso Mauricio Macri no se detendrá con los mayores controles para los extranjeros que cometan delitos en el país, sino que dará un paso más y se meterá de lleno en la política interna: el Ministerio del Interior ampliará en lo inmediato la cantidad de delegaciones de Migraciones en el conurbano para regularizar la situación de los inmigrantes ilegales, que en el futuro podrán votar para cargos comunales.

Se trata de una apuesta muy fuerte no sólo en términos de política migratoria, sino también de enfrentamientos partidarios del Gobierno con algunos intendentes peronistas del conurbano y un respaldo a jefes comunales propios.

Foto: LA NACION

El director de Migraciones, Horacio García, confirmó a LA NACION que el Gobierno abrirá al menos cinco oficinas del Ministerio del Interior en distritos clave del conurbano, como Moreno, Pilar, Quilmes, La Matanza y La Plata. Estas delegaciones de Migraciones se sumarán a las 29 que funcionan en la actualidad en todo el país para regularizar la situación de los inmigrantes.

"Buscamos mejorar el sistema de radicaciones de extranjeros, hacer trámites más eficientes y evitar el clientelismo político que hubo antes", dijo García.

De esta manera, la apuesta del Gobierno es eludir a los intendentes o punteros políticos como intermediarios en la convocatoria de extranjeros y ponerse al frente en el conurbano en los trámites de regularización de documentos para inmigrantes ilegales. Según se pudo saber, en los últimos años hubo muchas irregularidades de los intendentes y un "uso clientelar" de las comunidades de inmigrantes a la hora de reclutarlos para tramitar radicaciones en la Argentina.

Hasta ahora, en la provincia de Buenos Aires buena parte de estas tareas estaban concentradas en las delegaciones de los municipios de Florencio Varela y Almirante Brown, que son comunas manejadas por intendentes del Frente para la Victoria (FPV). Con la apertura de las nuevas delegaciones se equilibrará la balanza: los centros de atención del Ministerio del Interior estarán en Quilmes, que está manejado por el macrista Martiniano Molina; en Pilar, con el macrista Nicolás Ducoté, y en La Plata, con Julio Garro, de Pro. En este último distrito ya existía una delegación, que se ampliará. A la vez, los distritos peronistas de alto nivel de población extranjera, como La Matanza y Moreno, son liderados por los peronistas Verónica Magario y Walter Festa, respectivamente.

Reclutamiento nacional

Con las nuevas oficinas de Migraciones, las tareas de reclutamiento de extranjeros indocumentados serán monitoreadas por las delegaciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Esta particularidad será clave en términos electorales, ya que los extranjeros que regularizan su situación están en condiciones de votar para cargos comunales y ello resulta crucial para traccionar votos de los intendentes. No obstante, el director de Migraciones aclaró a LA NACION que los extranjeros que regularicen su situación ahora no podrán participar de las elecciones de este año, ya que el padrón electoral se cierra en los próximos días. En tal caso, la idea del Gobierno es evitar que haya un uso político de los extranjeros en el futuro, al no dejar en manos de los jefes comunales el manejo de los operativos para regularizar trámites de extranjeros.

El titular de Migraciones, Horacio García, junto a Rogelio Frigerio. Foto: Archivo

Según datos oficiales, en 2016 se realizaron trámites para 215.000 radicaciones nuevas de extranjeros y sólo en diciembre del año pasado se hicieron 28.000 trámites para extranjeros en situación irregular.

"Las nuevas delegaciones en el conurbano sin duda aumentarán la cantidad de radicaciones y ayudarán a transparentar el sistema", dijo García. En adelante, las nuevas delegaciones de Migraciones no sólo se limitarán a entregar documentación a extranjeros ilegales. También realizarán una tarea de monitoreo de los datos aportados por los extranjeros y su posterior chequeo con bases de datos para investigar antecedentes penales.

La nueva estrategia estará acompañada por un aumento en la cantidad de funcionarios de Migraciones encargados de llevar adelante esta tarea. A la vez, las nuevas delegaciones de Migraciones en el conurbano cerraron convenios con varios gremios con el fin de garantizar el blanqueo laboral de los inmigrantes indocumentados. Así, el Ministerio del Interior estableció acuerdos con el gremio Uatre, de peones rurales; con el sindicato de personal doméstico, y con el gremio de trabajadores ladrilleros, con la intención de que estos sindicatos colaboren en la recolección de datos y eviten la precarización laboral de extranjeros.

Este nuevo esquema en la política migratoria se suma al decreto presidencial que impuso un nuevo régimen de control migratorio para los extranjeros con causas penales. Este sistema prevé la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales en tiempos más acotados y la prohibición de ingreso de aquellos con causas relacionadas con el narcotráfico. La iniciativa del Gobierno generó un fuerte malestar con Bolivia, Paraguay y Perú.

Llega una misión de Bolivia

Una misión de alto nivel del gobierno boliviano, liderada por el canciller Fernando Huanacuni, comenzará hoy en la Argentina una ronda de reuniones con funcionarios para conocer el alcance de la nueva política migratoria de Mauricio Macri. La comisión estará con autoridades de la Argentina para ver el alcance del decreto que acelera los plazos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales o que hayan cometido delitos. La puesta en marcha de la normativa despertó preocupación entre los residentes bolivianos en la Argentina, que temen por la aparición de actitudes xenófobas y de discriminación.

5 Delegaciones de Migraciones nuevas

El Ministerio del Interior avanza en un plan para instalar cinco delegaciones de Migraciones en el conurbano con la idea de profundizar los operativos de regularización de extranjeros indocumentados. La intención es evitar que los intendentes utilicen políticamente a los inmigrantes para traccionar votos

215.000 Radicaciones

Según datos oficiales, durante 2016 se realizaron 215.000 radicaciones nuevas a extranjeros. De esa totalidad, 28.000 trámites sólo se realizaron en diciembre pasado. La Dirección de Migraciones busca potenciar estas radicaciones en el conurbano con la presencia de nuevas delegaciones para regularizar la situación de los extranjeros. Estos podrán votar a cargos comunales

Horacio García - Director de Migraciones: "Buscamos mejorar el sistema de radicaciones de los extranjeros, hacer trámites más eficientes y evitar el clientelismo político que hubo antes con los inmigrantes"

Evalúan crear tribunales para los inmigrantes que delinquen

La Dirección de Migraciones y el Ministerio de Justicia analizan nuevos fueros o más secretarías para acelerar los procesos

Por Mariano Obarrio para La Nación

El gobierno de Mauricio Macri analiza ahora la creación de un nuevo fuero judicial migratorio o un cambio de estructuras en el fuero contencioso administrativo federal para agilizar los tiempos de expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos e impedir el ingreso al país de los que tengan antecedentes penales.

Sería el próximo paso para darle operatividad al DNU 70/2017, publicado anteayer en el Boletín Oficial, que dispuso mayores controles migratorios.

"Se busca cumplir con la necesidad de darle mayor operatividad al sistema y agilizar los plazos de la Justicia para aplicar las nuevas disposiciones migratorias", comentó a LA NACION el director nacional de Migraciones, Horacio García. En la actualidad, los casos de migraciones se tramitan en el fuero contencioso administrativo federal.

El ministro de Justicia, Germán Garavano. Foto: Archivo

En ese sentido, García y el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaron un análisis de "ida y vuelta" para determinar si es necesario crear un nuevo fuero o buscar otra solución, con una nueva secretaría en los juzgados contenciosos administrativos de todo el país.

La solución que se adopte se replicará a todo el territorio nacional.

El DNU, que cuenta con el apoyo de la mayoría de los bloques parlamentarios de la oposición, que lo ratificarían en el Congreso, se orienta a endurecer los controles migratorios, agiliza la deportación de extranjeros vinculados al delito y prohíbe el ingreso de migrantes con antecedentes penales.

El Frente Renovador, de Sergio Massa, y el jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Pichetto, e incluso sectores del kirchnerismo apoyaron la medida, aunque en algunos casos criticaron que se haya adoptado por DNU y no haya sido debatida en el Congreso.

En principio había trascendido que García, que depende del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, impulsaba la creación de un fuero judicial migratorio. Sostiene que el fuero contencioso administrativo debe atender infinidad de causas de la administración nacional y se pierde el foco en los inmigrantes implicados en causas penales, por lo que los trámites tardan años.

Pero, con el paso de las horas, se comenzó a analizar con la cartera de Justicia la posibilidad de introducir cambios en las estructuras del fuero contencioso y, así, agilizar las causas. "Podría ser con la creación de secretarías sobre Migraciones", dijo a LA NACION una alta fuente oficial. "Se buscan plazos más cortos porque esas secretarías sólo se dedicarán a esos casos", añadió. También se le pedirá una opinión a la Corte Suprema de Justicia.

El DNU de Macri reglamenta "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a los casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina" al país.

Fronteras: el Gobierno analiza crear una policía migratoria

El plan se suma al proyecto de un "fuero migratorio"

Por Pablo Ibáñez para Clarín.

La idea, que circula en el Gobierno, imitaría a EE.UU. y otros países. Pero requiere que sea votada por el Congreso.

La Dirección Nacional de Migraciones, donde se tramitan los permisos para residir en la Argentina. Foto: Alfredo Martínez.

La más conocida y temida es la de Estados Unidos: la Patrulla Fronteriza, la US Border Patrol. Pero existe, con menos visibilidad y protagonismo en Ecuador, Panamá y, entre otros países, Costa Rica.

La creación de una policía migratoria, destinada a regular el tránsito de personas, figura en el menú de "ideas" que circulan en los despachos oficiales para endurecer los controles fronterizos.

La propuesta, que en gobierno proyectan a mediano plazo, figura en un paquete de reformas e iniciativas que la Casa Rosada impulsa en materia de inmigración, cuyo punto inicial fue el DNU de Mauricio Macri publicado el lunes pasado.

Con ese decreto, se acortaron plazos en procedimiento que involucran a extranjeros con conflictos penales y limita el ingresos de personas con condenas y antecedentes.

El director de Migraciones, Horacio García, confirmó lo que ayer contó Clarín: la idea de crear un "fuero migratorio" que atienda asuntos de extranjería -de conflictos de residencia a expulsiones-, que hoy caen en el farragoso Contencioso Administrativo.

Pero así como García habló de que haya "jueces y fiscales" que se aboquen a temas de migraciones, en paralelo el Casa Rosada se estudia la creación de la policía migratoria.

A Gendarmería, Prefectura Naval, la Polícía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se agregaría esa quinta fuerza con tarea puntual en migraciones.

En rigor, según la ley de Migraciones 25.871, las cuatro fuerzas federales existentes ofician como "policía Auxiliar de Migraciones".

En gobierno explican que hay un punto ciego entre la tarea administrativa de migraciones y la intervención de los agentes de seguridad.

Así como en Estados Unidos y varios países existen fuerzas especiales para migración, lo más habitual -España, Alemania, Brasil- es que la policía federal o nacional tenga un área específica que interviene en migraciones.

"El tema está en estudio pero tiene su complejidad: requiere una ley que pase por el Congreso y puede generar resistencia en las demás fuerzas" confió un funcionario a Clarín.

Más simple: además de implicar una cuestión presupuestaria adicional, que tome funciones de otras reparticiones es lo que despierta recelos.

Podría producirse, por caso, un conflicto de competencias si la nueva fuerza quedara en el ámbito del ministerio del Interior como un brazo ejecutivo de la Dirección de Migraciones y no en Seguridad como las demás fuerzas.

Patricia Bullrich juega en el ring. Hizo circular estadísticas sobre la incidencia de los extranjeros en el delito. Según un informe de la Subsecretaría de Estadística Criminal, solo el 4,8% de los 72693 detenidos en cárceles de todo el país -federales y provinciales- son extranjeros.

Sin embargo, resaltan en Seguridad, de los 3.172 presos por conflictos con la Ley de Estupefacientes, 1.069 de nacionalidad extranjero, es decir que respecto a ese delito la proporción es de "1 a 3", sintetizan desde la cartera de Bullrich.

La ministra será hoy objeto de una denuncia en el INADI por parte de Barrios de Pie. Daniel Menéndez, dijo que “Bullrich parece una funcionaria de Donald Trump" porque acusó a "peruanos, bolivianos y paraguayos" de ser "los responsables del avance de la droga en la Argentina.

“Si bien estamos de acuerdo con que se fortalezcan los controles para luchar contra el narcotráfico, no con estigmatizar a las comunidades extranjeras” dijo Menéndez.

En el gobierno sostienen que las iniciativas respecto a la inmigración son bien recibidas por la mayoría y muestran encuestas con alto nivel de aceptación. Ayer, la consultora Poliarquía mostró una medición que indica que 88% de los encuestados apoya la creación de un tramite exprés para expulsar a extranjeros que cometan delitos.

Prevén endurecer la ley de expulsión de extranjeros que cometen delitos

El Gobierno contempla crear un fuero especial y acotar los plazos procesales en causas que involucran a inmigrantes

Por Martín Dinatale para La Nación

Tan polémico como pragmático. Así se prevé la letra fina de un proyecto de ley que prepara en sigilo el Gobierno para acelerar los procesos de expulsión de extranjeros en condiciones irregulares o con causas judiciales pendientes.

En los últimos días comenzó a redactarse un proyecto de ley que prevé reformular la actual ley de migraciones con un objetivo: avanzar en los demorados procesos de expulsión de extranjeros en situaciones jurídicas contrarias a las normas de la Argentina. Según revelaron a LA NACION fuentes calificadas de la Casa Rosada, el proyecto de ley se está elaborando entre los ministerios de Seguridad, Justicia e Interior. En este último caso, bajo el mandato de la Dirección Nacional de Migraciones. Sustancialmente, lo que plantearía el nuevo proyecto de reforma a la ley de migraciones será:

• Fuero migratorio. La intención sería crear un fuero especial para tratar allí todas las causas judiciales en las que estén involucrados inmigrantes extranjeros con problemas judiciales. En el Gobierno aducen que en la justicia ordinaria hay casos que llevan muchos años frenados porque los jueces están atiborrados de causas y no dan prioridad a los casos de ciudadanos extranjeros. Un fuero migratorio especial -evalúan- agilizaría esos casos.
• Acotar plazos. La intención de la reforma a la ley también sería reducir los plazos y pasos de recusación de una causa. "Hay una industria de la recusación y una avivada de los abogados que hace que un caso de un delincuente extranjero con pruebas fehacientes de un delito demore muchos años por las recusaciones que se presentan", dijo un funcionario del Gobierno que trabaja en este tema. Hay casos en los que un juicio se puede extender por 400 días hábiles en primera instancia por la flexibilidad que permite hoy la ley de migraciones en cuanto a pedidos de recusación.
• Diferenciación de figuras. La intención de la iniciativa oficial de reforma también es ajustar la figura de reincidente de un delito. Es que en muchos casos el extranjero se va del país con una causa penal, pero al volver a delinquir nuevamente en la Argentina no se lo considera reincidente y extiende los plazos de permanencia en el país.

Desde lo conceptual, el Gobierno busca establecer una clara diferencia entre aquellos extranjeros que delinquen y que deben ser expulsados de inmediato de aquellos que están radicados con sus papeles al día y dispuestos a trabajar.

Según datos oficiales a los que accedió LA NACION, en la Argentina existen en la actualidad unos 15.000 extranjeros en condiciones de ser expulsados por diversos motivos que van desde irregularidades en su documentación de radicación hasta casos de acusados de delitos.

A la vez se estima que el 30% de la población del sistema penitenciario federal son casos de extranjeros con condena o proceso en condiciones de ser expulsados. Se trataría de unos 3500 extranjeros cuyas causas judiciales fueron postergadas en el tiempo por la demora de los jueces o por una eventual situación de aprovechamiento de los abogados que utilizan los resquicios legales actuales para alargar los plazos de permanencia. En el Gobierno evalúan que "la mano garantista" que imperó en la administración kirchnerista de los últimos años hizo que exista un parate absoluto de las expulsiones de extranjeros con causas penales. De esta manera se supo que en los últimos 10 años, la Argentina expulsó a 70 extranjeros con causas judiciales y delitos comprobados. De ese universo, 30 fueron eyectados del país durante la actual administración macrista en este último año.

Las autoridades de la Dirección de Migraciones, por su parte, destacaron a LA NACION que "no existe una política de expulsión, sino que, por el contrario, la Argentina es un país altamente receptivo de inmigrantes". Esto lo fundamentan con cifras: en lo que va de este año se efectivizaron 280.000 trámites de radicaciones de extranjeros en el país. Así, la Argentina es uno de los países de América latina con mayor índice de radicación de extranjeros. En Brasil, el año último hubo 70.000 trámites de radicación de extranjeros, y en Uruguay apenas 3000.

"No se puede decir que el gobierno de Macri es expulsivo. Todo lo contrario. Es inclusivo. Pero hace falta cumplir a rajatabla la ley y evitar abusos legales para aquellos que delinquen", graficó un funcionario del Gobierno que trabaja en el proyecto de reforma. Como ejemplo de ello, el funcionario explicó que el plan para albergar a 3000 refugiados sirios es una estrategia de inclusión que no todos los países de América latina llevan adelante.

Avanza el plan oficial de control de las fronteras

La ministra Bullrich acelera la compra de aviones y equipos; acuerdos con países vecinos

Foto: Archivo

Por Martín Dinatale - La Nación

La compra de radares, de aviones espía y helicópteros a Israel, los Estados Unidos, Francia o Italia. Un fuerte control de los vuelos ilegales. Equipamiento moderno en tres puestos críticos de control fronterizo. Imposición de un sistema de monitoreo de vuelos por GPS. Y acuerdos para la reducción de cultivo de coca con Paraguay, Bolivia y Brasil. Esta es la batería de medidas que se dispone encarar en lo inmediato el Gobierno para apuntalar la lucha contra el narcotráfico y el contrabando en la frontera norte de la Argentina.

En el Ministerio de Seguridad ya están los borradores de los llamados a licitación en estos días para la compra de dos aviones espía, un sistema de radares inteligentes modernos y cámaras inteligentes además de globos aeroestáticos. La ministra Patricia Bullrich acaba de viajar a Israel para evaluar los equipamientos de seguridad de frontera que utiliza Tel Aviv. Lo mismo hizo con las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, Italia y Francia.

"Hay que equipar y modernizar cuanto antes nuestra frontera norte para dar una batalla dura contra el narcotráfico y el contrabando", deslizó a LA NACION un destacado funcionario de la Casa Rosada.

El plan que se dispone desplegar Bullrich en coordinación con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) apunta a diferenciar los vuelos irregulares de los ilegales para concentrar todos los controles en las aeronaves que trafican droga en las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil. Se estima que de los aproximadamente 300 vuelos con problemas que se detactan el 80% son irregulares. Por eso, la intención de la ANAC y Seguridad es exigir a todos los vuelos la incorporación de un dispositivo GPS en las aeronaves para poder hacer un seguimiento de sus movimientos. A su vez, en este plan ambicioso para reforzar los controles en la zona norte de la Argentina, el Ministerio de Seguridad reforzará los puestos fronterizos de La Quiaca, la Triple Frontera y Aguas Blancas, considerados de los más críticos. Quedará para más adelante el reequipamiento de los puestos de Salvador Masa y Clorinda. Por otra parte, según pudo saber LA NACION, se prevé la incorporación de dos aviones espía de control que se sumarán a los aviones de patrullaje Pampa de la Fuerza Aérea.


Bullrich acaba de cerrar acuerdos con Paraguay y Bolivia para la quema y reducción de terrenos con cultivo de coca en los aledaños a las fronteras comunes. Tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería se disponen a reforzar los acuerdos con fuerzas de seguridad y la DEA de los Estados Unidos para llevar adelante cursos de capacitación de fuerzas policiales de todas las provincias de la Argentina.

El Gobierno prepara un decreto para endurecer los controles migratorios

Seguridad fronteriza

En la norma trabajan los ministerios de Seguridad e Interior y la Cancillería. Buscan combatir la llegada irregular de personas de otros países,

Controles fronterizos en Salta, sobre la ruta 50. Foto: Andres D'Elia

Por Martín Bravo para Clarín

Inversión en infraestructura en los pasos de frontera para reforzar los controles; renovación informática y mejora del sistema de conectividad para detectar antecedentes penales y pedidos de captura de los ingresantes; cuestionarios más estrictos; implementación de la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo; aceleración de las expulsión de los inmigrantes irregulares y habilitación de lugares de retención hasta la deportación. El Gobierno prepara un decreto para avanzar con ese paquete de medidas y endurecer la política migratoria. Algunas ya están en marcha y el decreto apuntará a modificar la reglamentación de la ley de Migraciones para fortalecer las herramientas y mostrar “mayor eficacia” en esa dirección, lo que generará controversias, aunque en la Casa Rosada aseguran que será apoyado por una porción mayoritaria de la población.

Con aval de Mauricio Macri, trabajan en la iniciativa principalmente los ministerios de Seguridad e Interior, del que dependen Migraciones y el Registro Nacional de las Personas. “Lo que el Presidente quiere es ir hacia un camino en el que pueda entrar y quedarse la gente de buena voluntad y no los delincuentes”, coincidieron funcionarios de las dos carteras, aun con diferencias de criterios no saldadas y pujas por el reparto de tareas. En Balcarce 50 desestiman que lo impulsen a partir de las declaraciones de Miguel Pichetto, que aseguró que Argentina “siempre funcionó como ajuste social de Bolivia y delictivo de Perú” por la falta de control inmigratorio: argumentan que comenzaron a prepararlo antes. Menos por la victoria de Donald Trump: los funcionarios buscan evitar que el Gobierno y estas medidas sean consideradas xenófobas. Admiten, eso sí, que con sus dichos el senador peronista dio un empujón: “Abrió una puerta que pocos se animaban a tocar. Y no es políticamente correcto, pero por abajo genera más apoyo que rechazo”.

La implementación mediante un decreto, de redacción “avanzada” según las fuentes, aunque resta el análisis de Cancillería por los convenios del Mercosur y que Macri salde la disputa de poder entre Seguridad e Interior, también generará polémica. En ambos ministerios argumentaron que en principio no se modificará la ley de Migraciones, sino que será un cambio en su reglamentación. Uno de los objetivos principales será “agilizar” los procesos para aplicar el artículo 29, que enumera las “causas impedientes del ingreso y permanencia de los extranjeros” en el país, entre ellas tener antecedentes por delitos graves, presentar documentos falsos o eludir el control migratorio. “El problema es que las vías recursivas son eternas. En 10 años se hicieron 2.300.000 radicaciones, se dictaron 15.000 disposiciones de expulsión y se materializaron 70. Ese sistema no funciona”, sostuvieron en el ministerio conducido por Rogelio Frigerio. “Vamos a buscar a aquellos que tengan condena y que el que delinquió no pueda volver a entrar”, indicaron en Seguridad, y adelantaron que habilitarán lugares de retención: “Es lo que exige la ley y como no hay y en muchos casos no se los puede detener, se escapan”.

Otra de las iniciativas será endurecer las exigencias para los ingresos. “Estamos trabajando en una revisión integral de los procesos para entrar al país”, confirmaron cerca de Frigerio. Una de las medidas en análisis del ministerio dirigido por Patricia Bullrich es implementar cuestionarios más complejos sobre el motivo de la entrada en cuanto a alojamiento, trabajo, estudio o turismo, aunque en Interior contraponen que con los países del Mercosur iría en contra de los acuerdos vigentes. Otra es avanzar en convenios con países de la región para compartir información sensible. Cancillería estudia las alternativas. La creación de un fuero especial para agilizar los procesos y una policía migratoria es otro motivo de puja entre los dos ministerios, todavía sin saldar.

Como en otras áreas, los funcionarios macristas adjudican a la herencia la falta de herramientas para un control adecuado de los ingresos al país: marcan que desde 2002 no había mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos. En Interior enumeran la implementación de una base de datos compartida con Interpol, la incorporación de dispositivos técnicos para detectar pedidos de captura y antecedentes penales, la tarjeta vecinal fronteriza (habilita el paso por 72 horas y hasta 50 kilómetros) ya en marcha para registrar los flujos en esas áreas, el control integrado con Chile y el programa de información anticipada de pasajeros como las primeras medidas que permitieron “aumentar el control en un 20%”. También la capacitación de unos 2.500 inspectores para cubrir los 263 pasos. “Nunca es suficiente el personal, son 9.500 kilómetros de frontera”, admiten. “Estamos estudiando el tema para que a la Argentina ingresen las personas que quieran trabajar pero no los que tengan antecedentes penales y ya sepamos la conducta que han tenido en sus países de origen”, aseguró Bullrich. “No queremos fomentar ánimos xenófobos, que están en la sociedad. Nuestro adversario a vencer es la migración irregular, no el inmigrante”, dijo Horacio García, director de Migraciones.