¿Qué sucederá con la Agencia de Seguridad Migratoria tras el rechazo de incorporar a Valenzuela? – Monteoliva ya define la nueva estructura

Tras el rechazo de incorporar a Diego Valenzuela en la Agencia de Seguridad Migratoria, resulta interesante preguntarse qué sucederá con la nueva agencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Según reportes recientes, la Ministra de la cartera, Alejandra Monteoliva, ya estaría definiendo la nueva estructura del organismo. 

El día de ayer, se dio a conocer que, finalmente, tras las expectativas y especulaciones, Diego Valenzuela (ex intendente de Tres de Febrero, alineado con el Gobierno Nacional) no asumirá como titular de la nueva Agencia Nacional de Migraciones. Tras haberse frustrado su incorporación al Gobierno Nacional, Valenzuela asumirá como Senador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), tras haber sido electo en las últimas elecciones legislativas del año pasado. 

Diego Valenzuela era el elegido de Javier Milei para presidir la flamante agencia migratoria, lanzada por el Gobierno Nacional, bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. Créditos: Santiago Filipuzzi / La Nación.

Cabe recordar que, Valenzuela fue electo en septiembre del año pasado. Sin embargo, cuando el Gobierno Nacional le propuso asumir la titularidad de la nueva agencia migratoria, que estaba siendo lanzada bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, Valenzuela solicitó licencia. Hace unas semanas atrás, la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, había señalado que la intención del gobierno era sumar al ex intendente de Tres de Febrero, que fue el primero que abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, como titular del nuevo organismo de control migratorio. 

No obstante, su llegada al Gobierno Nacional comenzó a perder fuerza, con el paso de las semanas, en tanto el decreto reglamentario que debe poner en marcha la dependencia se viene demorando. Sin fecha de confirmación para el mismo, la llegada de Valenzuela tenía más dudas que certezas. Mientras se aguardaba por la nueva Agencia de Seguridad Migratoria, la Dirección Nacional de Migraciones, que aún continúa vigente, articula las tareas de control migratorio, bajo el Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con las Fuerzas Federales de Seguridad.

En las últimas horas, se confirmó, sin embargo, que finalmente Diego Valenzuela no asumirá la titularidad de la flamante agencia migratoria. Por su parte, Valenzuela –que estaba haciendo uso de su licencia– jurará y asumirá su banca en el Senado de la Legislatura bonaerense, y continuará con su actividad política en la Provincia de Buenos Aires. 

La decisión de frenar la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y desplazar a Valenzuela del gobierno habría sido de Karina Milei, generando tensiones y cruces con Patricia Bullrich, que había impulsado la agencia y la candidatura de Valenzuela como titular del organismo. Créditos: Infobae.

Según advierten diversas fuentes, la responsable de frenar la creación de la Agencia Nacional de Migraciones y desplazar a Valenzuela del gobierno habría sido Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia de la Nación Argentina. Esta decisión habría generado tensiones y cruces con Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad Nacional y Senadora de La Libertad Avanza, que impulsó la creación de la agencia, que en enero estaba ultimando y ajustando detalles para ser formalizada, y no solo propuso sino que además respaldó a Valenzuela como titular del organismo, enfrentándose, incluso, como se señaló, a Monteoliva que apostaba por otro titular. 

En paralelo, según advierten diversos reportes, la Ministra de Seguridad Nacional Monteoliva ya estaría definiendo la nueva estructura de la agencia, que apunta a relanzar el control migratorio, con un enfoque centrado en la seguridad, aunque sin ampliar el presupuesto vigente. Cabe recordar que, Monteoliva estaba buscando sumar gente de su equipo y de su confianza dentro de la nueva agencia migratoria, que ahora parece haber quedado frenada, tras la decisión de Karina Milei, y se desconoce cuándo es que se podría estar poniendo en marcha operativa. 

Endurecen las condiciones para otorgar la residencia a extranjeros

Endurecen las condiciones para otorgar la
residencia a extranjeros (Fuente: EFE).(TN.com)

Quienes deseen radicarse en el país deberán presentar un certificado de diez años sin antecedentes penales. La medida será anunciada por Frigerio.
El Gobierno refuerza su plan de combate a la inseguridad, uno de los principales ejes que mostrará en la campaña electoral. El ministro del Interior Rogelio Frigerio anunciará el endurecimiento de las condiciones para otorgar la residencia a los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina. Quienes quieran radicarse en el país deberán presentar un certificado de carencia de antecedentes penales en los últimos diez años.

La medida responde a los hechos de inseguridad en los que estuvieron involucrados extranjeros y también a los que el Ejecutivo llama un "descontrol migratorio", como lo definió el canciller Jorge Faurie hace poco más de un mes tras un reunión de Gabinete.

El oficialismo impulsa en paralelo la agilización de la expulsión de los extranjeros que delinquen o que entraron de forma ilegal al país. El plan que forma parte de un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. Todas estas medidas cobraron fuerza a partir de los casos de motochorros extranjeros que tenían prohibición de entrada al país y pedidos de deportación.

Los extranjeros que no presenten el certificado que determine que en la última década no registraron antecedentes penales no podrán avanzar con los trámites para radicarse en el país.

Hasta el momento quienes iniciaban el papeleo para pedir la residencia permanente debían presentar un certificado que estableciera que no tenían condenas anteriores ni procesos penales "emitidos por las autoridades competentes de los países donde hayan residido por un plazo superior a un año, durante el transcurso de los últimos tres años". En los tres últimos años la Dirección de Migraciones otorgó 680 000 radicaciones, encabezadas por ciudadanos paraguayos, bolivianos y venezolanos

Horacio García, director de Migraciones, le dijo a La Nación que el objetivo es que "todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país". "La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad", afirmó. Justamente uno de los motivos que impulsaron el pedido de certificado es que en algunos países no se incluyen los registros de delitos después de cumplidas las condenas o transcurrido un determinado plazo.(Source: TN.com)

Con una fuerte suba de las deportaciones, el Gobierno ajusta el control de extranjeros

Este año la cifra de los que serán expulsados por delinquir llegará a unos 200, cuando en 2015 era de 4; en la Casa Rosada hablan de la necesidad de acortar los plazos del trámite y reforzar el monitoreo

En el contexto del triunfo electoral del ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro , y mientras más voces -opositoras y también oficialistas-se alzan pidiendo "mano dura" con los extranjeros que delinquen, el Gobierno avanza en una serie de medidas como tener objetivos claros: establecer circuitos de control migratorio y acortar los tiempos para la expulsión de aquellos inmigrantes que cometan delitos.

El debate recrudeció luego de que el Gobierno vinculara a dos venezolanos, un paraguayo y un turco con los desmanes ocurridos frente al Congreso durante el reciente debate del presupuesto 2019.

En lo que hace a las deportaciones, desde el Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio , muestran datos que diferencian su política de la del kirchnerismo. Las expulsiones de extranjeros que delinquen pasó de 4 en 2015 (último año de Cristina Kirchner) a 33 en 2016, 75 en 2017 y 150 en lo que va del año. "Probablemente lleguemos a los 200", dicen cerca del ministro del Interior.

También subió de manera evidente la cantidad de extranjeros que delinquieron aquí y fueron enviados a sus países natales para que terminen allí de cumplir con sus condenas: de 235 en 2015 pasó a 240 al año siguiente, 414 el año pasado y alrededor de 370 este año.

La Justicia anuló en marzo un decreto del presidente Mauricio Macri que fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y la radicación de extranjeros.

Con relación a los cuatro detenidos por los incidentes, en el Gobierno coinciden en que "se está viendo qué hacer con ellos", ya que la causa judicial no avanzó. Allí surgió la idea de reformar la ley migratoria para acelerar los procesos de expulsión y utilizar el vehículo de un "foro migratorio específico" para tramitar casos graves. Pichetto y el Gobierno también coinciden en la necesidad de contar con una policía migratoria, más allá de que hoy este rol es cumplido por distintas fuerzas de seguridad.

El presidente Mauricio Macri, que ayer en Córdoba se manifestó contra los inmigrantes "que no vienen a trabajar, sino a delinquir, y nos complican la vida", avala las negociaciones con Pichetto y otros dirigentes en torno a una reforma de la ley migratoria. Tiene aún un escollo: la Corte Suprema todavía no se expidió sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que aceleró los tiempos, aunque para el Gobierno sigue vigente. Los gobiernos de Bolivia y Paraguay, cuyos ciudadanos componen la amplia mayoría de los extranjeros que llegan al país, se quejaron de este decreto. La otra pata de la estrategia oficial pasa por "legalizar" a los inmigrantes y así "separar la paja del trigo": los que "vienen a trabajar" de quienes "vienen a cometer delitos".

Esta semana, Migraciones puso en marcha el Radex, sistema remoto que permite comenzar el trámite de radicación vía online y obtener una residencia temporaria en pocos días. "La pelea es contra la irregularidad migratoria", afirman desde el edificio de Migraciones, pegado al histórico Hotel de Inmigrantes de Retiro. A través del Radex, el Gobierno obtendrá además los datos laborales de cada inmigrante, con lo cual podrá "reubicarlos" en las provincias que los requieran para trabajar. Neuquén, Río Negro y Chubut son las provincias que ya comenzaron a moverse de manera concreta para absorber inmigrantes - sobre todo venezolanos, que han llegado huyendo de la crisis económica que se vive en su país por la gestión de Nicolás Maduro-, y San Juan y Jujuy se sumarán en breve.

El flujo venezolano es particularmente numeroso, y muchos profesionales provenientes de ese país son requeridos en el interior. "Si les damos todo esto y no se regularizan, es porque vinieron con otros fines", se atajan fuentes oficiales.

El Gobierno buscará, en la próxima reunión de ministros del Mercosur, la adhesión de Uruguay, Paraguay y Brasil al intercambio de información sobre antecedentes penales, un dato que el Gobierno considera fundamental para impedir ingresos indeseables. En la Casa Rosada afirman que esta batería de medidas servirá para apaciguar los ánimos de quienes piden más acción contra los extranjeros involucrados en delitos. Se reforzarán, de todos modos, y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, los controles en los pasos fronterizos por la cumbre del G-20 de fines de este mes y también de cara a una temporada estival que prevé un enorme flujo de turistas producto de la
devaluación del peso.(Source: La Nación)

Endurecen política contra los inmigrantes ilegales en Argentina

Prevén la creación de un fuero migratorio, una policía de Migraciones, más controles en las fronteras y en los visados y una ratificación del decreto de expulsión de inmigrantes que cometen delitos

Por Martín Dinatale - Infobae

La detención y pedido de deportación de cuatro extranjeros que estaban en los disturbios del Congreso cristalizó la política migratoria que viene llevando adelante el Gobierno y que contempla el ambicioso plan de Mauricio Macri para monitorear de cerca los flujos migratorios en la Argentina y ejercer mayores mecanismos de control para los inmigrantes ilegales.

El programa migratorio del Gobierno prevé, entre otras cosas, la creación de un fuero migratorio, ratificar en la Corte del decreto de expulsión automática de inmigrantes ilegales que cometen delitos, la instauración de una policía migratoria, una App en celulares de policías para detección de extranjeros sin radicación, un esquema más rígido de controles en las fronteras y un sistema de visados electrónicos que termine con la mafia de ventas de visas falsas con tráfico de personas ilegales.

Diez horas después de la detención de los inmigrantes en la manifestación contra el presupuesto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que la política migratoria impulsada por el Gobierno busca "evitar que ingresen delincuentes a la Argentina".

La frase engloba el ambicioso programa de la Dirección de Migraciones que está bajo la órbita de Frigerio y que ya se puso en marcha en gran medida aunque restan varios puntos por instrumentar. Este plan empezó a apuntalarse con el decreto 70/2017, impulsado por el Poder Ejecutivo para acelerar la expulsión de extranjeros acusados de la comisión de delitos.

La expulsión de extranjeros acusados de delitos creció exponencialmente en los últimos tres años. Durante el último año de Cristina Kirchner en el poder, en el 2015, sólo se expulsó a dos extranjeros por delitos. Y según cifras oficiales, en los últimos tres años la Argentina deportó a 1.200 extranjeros que tenían condenas o fueron detenidos por cometer delitos. No solo ello: El Gobierno estima que hay 1.000 inmigrantes más que tienen causas judiciales, están condenados y en condiciones de ser expulsados hoy si los juzgados aceleran los trámites.

Como contrapartida, en el Gobierno destacan que la cantidad de radicaciones de extranjeros creció sustancialmente en la Argentina. Así, unos 580.000 extranjeros regularizaron su situación en los últimos tres años. Y las cifras oficiales del primer semestre de este año muestran que esa ola de radicaciones de inmigrantes no se detiene: ya hay 101.604 inmigrantes radicados o con papeles en trámite en lo que va de este año. Los venezolanos pasaron a encabezar esa lista (con 25.445) seguidos de los paraguayos (24.429) y los bolivianos (19.827).

Según revelaron a Infobae fuentes de la Dirección de Migraciones a cargo de Horacio García, el Gobierno prevé un amplio programa de política migratoria para acorralar a los extranjeros que cometen delitos o que quieren ingresar de manera ilegal al país.

El plan del Gobierno para los inmigrantes ilegales prevé:

1- Decreto en la Corte. En la Casa Rosada confían que ante los hechos que se vieron esta semana con extranjeros detenidos en supuestos hechos de violencia en los alrededores del Congreso la Corte Suprema ratifique el decreto 70/2017 que prevé la figura de "extrañamiento", aplicada por jueces del fuero de ejecución penal para inmigrantes con condena firme impuesta en el país y que cumplieron la mitad de su pena en suelo argentino. El máximo tribunal estudia un caso presentado por el CELS para defender a un extranjero que cometió un delito y está a punto de ser expulsado. La definición de la Corte allanaría el camino al Gobierno para que el Congreso avale este decreto que generó mucha polémica.

2-Un fuero migratorio. En la Dirección de Migraciones existe el borrador de un proyecto de ley para crear la figura de un fuero migratorio dedicado exclusivamente a atender los casos de inmigrantes que cometen delitos y esten en condiciones de ser expulsados del país. "Con cuatro jueces en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia y un par más en el interior del país que se dediquen exclusivamente al fuero migratorio agilizaríamos mucho más las expulsiones y se corregiría el sistema", dijo a Infobae un funcionario del Ministerio del Interior. La idea sería acompañada a su vez por una Cámara Nacional Migratoria que evalúe los casos de esos fueros en una segunda instancia.

3-La policía migratoria. En paralelo al fuero migratorio, el Gobierno evalúa crear una policía migratoria como existe en Estados Unidos y en muchos países europeos para atender y perseguir a los casos específicos de inmigrantes ilegales o las mafias de contrabandistas de visas y extranjeros ilegales. Esta Policía buscaría perseguir las mafias de inmigrantes ilegales e investigar casos de tráficos de personas.

Las violentas protestas frente al Congreso esta semana (Foto: Maximiliano Luna)

4- Una App especial para la Policía. La Dirección de Migraciones ya empezó a extender entre las fuerzas federales y las Policías provinciales una aplicación en los teléfonos de los agentes para que ante los datos de una persona se detecte: la "situación migratoria", es decir su el inmigrante cuenta con radicación en la Argentina o no; los "últimos tránsitos" que permiten saber por cuál paso fronterizo ingresó al país un inmigrante y la "aptitud migratoria", esto es, si hay un requerimiento de Interpol o de las fuerzas de seguridad del inmigrante. También se detalla allí la lista de antecedentes penales.

5- Controles en las fronteras. El Gobierno instalará en los próximos meses nuevos sistema de detección biométrica en 15 pasos fronterizos para cruzar los datos de los extranjeros que ingresen con las bases de Interpol, AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, el Renaper y Migraciones. La idea de esta plataforma informática es detectar por identificación biométrica a los extranjeros y evitar el ingreso de personas que tienen antecedentes penales. Esto se potenció también por la inminente cumbre de presidentes del G20, donde el Gobierno está en alerta por el eventual ingreso de grupos terroristas. La intención de la Casa Rosada es que los países de la región también aporten datos a este sistema.

6- Visa electrónica. En la Dirección de Migraciones avanza la instrumentación de un sistema de "autorización de viaje electrónico" (AVE). Este sistema de visado electrónico que la Argentina ya ratificó con 73 países permitirá realizar on line el pago de la visa, escanear ese documento y agilizar por internet el trámite de visados. La aplicación de este moderno sistema permitirá evitar que haya casos de visas fraguadas como los que se denunciaron recientemente en el consulado argentino en Antofagasta, Chile, donde se investiga la entrega de 300 visas a ciudadanos chinos. También deja en una situación de incomodidad a los consulados que hasta ahora tenían la postestad exclusiva para entregar visas.

La mafia de las visas truchas

El caso de las visas truchas no es nuevo. Desde hace muchos años que hay una mafia de venta ilegal de visados que tienen el amparo de los consulados. Pero el Gobierno está decidido ahora a ir a fondo con este delito. El caso de Antofagasta generó una fuerte polémica puertas adentro de la Cancillería y no es el único caso. Según informó Infobae, la Cancillería inició una "auditoría consular" para determinar la cantidad de visas truchas que se entregaron en los últimos años a ciudadanos chinos.

Ya hay un sumario en marcha a Sol Durini, la cónsul argentina en Antofagasta, Chile, y a un administrativo de esas oficinas, quienes habrían entregado unas 300 visas a ciudadanos chinos, entre junio de 2017 y julio de 2018. Se intervino ese consulado y se exigió a la funcionaria a regresar a Buenos Aires.

También se está investigando a pedido de la Dirección General de Asuntos Consulares a la embajada Argentina en Arabia donde el reporte interno de la Cancillería sostuvo que "se vio que había algunas visas que no tenían el encuadre migratorio adecuado, y se tendía a aplicar procedimientos previstos por la normativa para situaciones excepcionales, en vez de los de rutina".

La temática de las visas otorgadas por el consulado de Antofagasta a chinos que provienen de la provincia de Fujian fue abordado ayer en la embajada de China por el director de Migraciones Horacio García y un alto funcionario de la Policía Nacional de China. Según pudo saber Infobae, en esa reunión también se evaluó la posibilidad de que Beijing acceda a compartir su base de datos de información de antecedentes.
Por otra parte, en el secretario de Coordinación de Política Exterior Ernesto Gaspari adelantó a las jerarquías de la Cancillería que la investigación de visas irregulares abarcará toda la "cadena de responsabilidades" internas del Palacio San Martín. Esto incluiría también al director de Asuntos Consulares Luis Sobron quien ya adelantó a Infobae que "los casos de consulados con supuestas irregularidades ya fueron detectados" y deslindó responsabilidades de su área en estas investigaciones.

En la Cancillería coinciden en sostener que hace falta mayores controles internos al momento de dar visados y también que se deberá extremar la rigidez de la ley de migraciones. 

Desde Macri para abajo, la intención del Gobierno en pleno ahora es ejercer mayores controles migratorios para eliminar de una vez el tráfico de ilegales y expulsar a los extranjeros que cometan delitos en la Argentina. Esta política genera detractores y la oposición ya levantó críticas. El caso de los cuatro extranjeros que fueron detenidos en la protesta frente al Congreso y se evalúa su expulsión puso una vez más en la mira la política migratoria del Gobierno de cara al futuro inmediato.

Macri lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes

 A través de una aplicación se simplificará el proceso de identificación y radicación de los extranjeros Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Mariano Obarrio  - La Nación

El gobierno de Mauricio Macri implementará a partir del mes que viene un plan de medidas de control de inmigrantes , que se basará en una aplicación para teléfonos celulares de agentes públicos que detectará a extranjeros sin la documentación requerida. La novedad será acompañada por un sistema para regularizar su situación a través de la radicación. El objetivo será blanquearlos o expulsarlos del país si no lo hacen o si tienen antecedentes penales.

Desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno radicó a 530.000 extranjeros, expulsó a 1200 por delitos y otras causas y hay 600 procesos en marcha. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio , le presentó el programa a Macri, quien ordenó extenderlo a todas las fuerzas de seguridad. El director nacional de Migraciones, Horacio García, busca que los inmigrantes tributen por los servicios y los derechos que les da el Estado.

"Peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos como condición para que accedan a los servicios y derechos que otorga el país", explicó Totó García a LA NACION.

En caso de que no accedan a regularizarse dentro de los 30 días de ser detectados como ilegales, o en caso de registrar antecedentes penales en su país o en la Argentina, comenzará el proceso de expulsión, que se redujo de cuatro años a cuatro meses, tras el decreto 70/2017.

Según las cifras de Migraciones, en lo que va de 2018 los venezolanos lideraron las radicaciones, incluso por encima de los bolivianos y paraguayos, que encabezan el índice del flujo migratorio históricamente. Desde enero se radicaron 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otros países (14,71%). Total: 100.604 radicaciones.

El primer paso del plan de control de inmigrantes ilegales consistirá en lanzar en septiembre una aplicación para teléfonos celulares de agentes de salud, seguridad, policías, gendarmes y policías provinciales, entre otros. El dispositivo permitirá conocer la situación migratoria de cualquier extranjero: si tiene residencia permanente, temporaria, visa de turista o si no está regular. También detectará si no tiene registro de ingreso en la frontera por algún paso fronterizo.

En una demostración que hizo García en los últimos días, puso el nombre del asesor presidencial ecuatoriano Jaime Duran Barba y la aplicación arrojó como resultado: "residencia temporaria".

Según los funcionarios migratorios, si se identifica a un extranjero con ingreso ilegal circulando cerca de un paso fronterizo, en flagrancia, se lo podría expulsar del país hasta que haga su ingreso legal. En caso de ser residentes ilegales se les dará un plazo de 30 días para radicarse. Suelen encontrarse casos en hospitales, donde se atienden: los médicos los podrían detectar con la aplicación de su celular.

En la aplicación se ingresará el nombre, la nacionalidad y fecha de nacimiento del extranjero, y se accederá a su situación migratoria, últimos tres ingresos y salidas del país, y los antecedentes. "Si usan un hospital público o servicios, deben tributar al Estado", señaló García.

Para radicarse, Migraciones lanzará en septiembre otro sistema de regularización a distancia, por internet, que reemplazará el trámite de largas colas y burocracia estatal. En el sitio web de Migraciones, el interesado iniciará el trámite en el link de Radex (Radicación a Distancia de Extranjeros). Deberá ingresar datos biográficos, fotos de sus certificados de residencia y antecedentes penales del país de origen y pagar la tasa: $3000 para ciudadanos del Mercosur y $6000 para los extra- Mercosur .

El proceso terminará en la sede de Migraciones correspondiente a su domicilio para las huellas dactilares y la foto, tras lo cual se le enviará el DNI a su casa. El trámite completo debería tardar, si es normal, una semana. "En los últimos 15 años ingresaron muchos extranjeros que recibieron asistencia del Estado, en salud o educación, sin pagar impuestos. Todos deben ser regulares, con derechos y con obligaciones", dijo una fuente oficial.

"No puede ser que no se tribute. Hoy no se siente como una necesidad la regularización. Los derechos y los beneficios del Estado deben tener el mismo estatus para argentinos y para extranjeros", agregó el funcionario a LA NACION.

En la regularización, Migraciones preguntará la actividad profesional de origen para vincularla con la demanda de trabajo en la Argentina. En Río Negro, el organismo descubrió una demanda de 43 médicos. "Entonces, van a ir médicos venezolanos. Pero también los argentinos se enteraron y también irán", dijo un funcionario oficial.

En los próximos días, el Centro Argentino de Ingenieros hará un relevamiento para 6700 ingenieros venezolanos recién ingresados, que podrán insertarse en el mercado local. El 93% de ellos no tiene problemas en ir al interior. El 80% de los 530.000 inmigrantes radicados desde 2015 viven en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano.

Venezolanos, a la cabeza del flujo migratorio
En 2018

Ingresaron al país 25.445 venezolanos (25,04%), 24.429 paraguayos (24,04%), 18.827 bolivianos (19,5%), 8889 peruanos (8,75%), 8063 colombianos (7,94%) y 14.951 de otras naciones (14,71%)

Tasa migratoria

Pagarán $3000 los ciudadanos del Mercosur y 6000 los "extra-Mercosur". Los venezolanos son considerados del Mercosur, pese a la sanción al país

El plan del Gobierno para trasladar inmigrantes del GBA y la Capital al interior del país

Por Martín Dinatale - Infobae.com 

El proyecto también apunta a los argentinos que son del interior y viven en Buenos Aires; prevén entregar tierras y planes sociales.

Bajo el estricto objetivo de "descentralizar el país" y terminar con la concentración de la población argentina en Buenos Aires, el Gobierno empezó a trabajar en un ambicioso plan para trasladar a los inmigrantes extranjeros y los argentinos del interior que viven en el conurbano bonaerense o en la Capital Federal hacia centros urbanos o zonas rurales de las diferentes provincias.

El denominado "proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina" contemplará una fuerte campaña de concientización para trasladar al interior del país a aquellos inmigrantes que realizan sus trámites de radicación y para los que ya están viviendo en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que los argentinos del interior que están en esa misma zona. La iniciativa prevé desde el ofrecimiento de tierras del Estado en diferentes provincias hasta programas sociales, asistencia sanitaria y educativa. Se busca que no haya un "inmigrante ciego", es decir aquel que no logra percibir que hay en el interior del país buenas condiciones de vida para poder instalarse y que cree que la única opción de habitat es el área metropolitana de Buenos Aires.

Según pudo saber Infobae, la puesta en marcha de este programa se instrumentó a partir de una radiografía con un detallado relevamiento de datos del Conurbano bonaerense y de la Capital Federal. Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones que se realizó recientemente señala que el 82% de los 285.000 inmigrantes extranjeros que se radicaron entre el 2016 y lo que va de este año en la Argentina viven en el primer cordón del GBA o en la Ciudad de Buenos Aires. Y muchos de estos carecen de trabajo o de servicios básicos dignos para vivir.

Según este relevamiento de datos, las principales corrientes migratorias que se instalan en Buenos Aires provienen en su mayoría de Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile. A la vez, ha crecido el número de inmigrantes de China, Corea del Sur y Japón. Aunque también hay inmigrantes de Italia, España y Alemania, en menor medida.

En el Ejecutivo están convencidos de que si estas cifras se proyectan en el tiempo en menos de 10 años colapsará el sistema laboral, educativo y sanitario del GBA y la Capital Federal.

El miércoles pasado se realizó la primera reunión del proyecto de reorientación de flujos migratorios que coordinó la Dirección Nacional de Migraciones junto con los Ministerios de Desarrollo Social e Industria. A estos se les sumará la tarea coordinada de los Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Producción y la Agencia Administradora de Bienes del Estado. Este último organismo resultará clave en el armado del plan ya que se prevé el ofrecimiento de tierras del Estado que hay en el interior del país para que por medio de créditos a largo plazo los inmigrantes extranjeros o argentinos que viven en el conurbano o en la Capital y quieran trasladarse al interior del país puedan adquirir tierras. Se está estudiando un programa de créditos blandos para la adquisición de tierras estatales que hoy no se usan en el interior del país. También se evalúa un esquema de alquileres de tierras o edificios públicos.

"Como ocurre en todos los lugares del mundo, la intención del Gobierno es trabajar para que haya una migración ordenada, regulada y segura", dijo a Infobae el director de Migraciones, Horacio García, al resaltar las presuntas bondades del proyecto. Para el coordinador de este plan la intención oficial que monitorea el Ministerio del Interior es que "ciudadanos provenientes de distintas provincias y que no hayan alcanzado un futuro venturoso puedan reorientarse hacia los lugares adonde el país necesita desarrollo y trabajo genuino".

Desde el próximo mes el Gobierno lanzará una fuerte campaña de concientización para apoyar el traslado hacia el interior con apoyo estatal de diferentes provincias que ofrezcan mejoras laborales y de calidad de vida.

Buena parte de este proyecto se canalizará desde los nuevos centros de migraciones de La Matanza, Moreno, Pilar y Quilmes así como también la Dirección de Migraciones de la Capital Federal. Allí está pensado la instalación de oficinas de provincias que orienten a los inmigrantes a buscar trabajo y un futuro en el interior del país y no solo en Buenos Aires.

La intención del Gobierno es articular entre los Ministerios de Trabajo, Salud, Educación y Producción para ofrecer trabajo de acuerdo a las habilidades de cada beneficiario de este programa y ciertas comodidades de vivienda, salud y educación para sus hijos.

Controles migratorios: crece la tensión con Bolivia y Paraguay

EL DECRETO DE MAURICIO MACRI

Evo Morales anunció que enviará a su canciller a la Argentina. Y Cartes manifestó su preocupación.

Por Natasha Niebieskikwiat . Clarín

En una situación algo confusa pero que refleja las heridas que se abrieron con el endurecimiento de los controles migratorios para los extranjeros que cometan o hayan cometido delitos, el presidente Evo Morales anunció ayer el envio de una misión de alto nivel a la Argentina, encabezada por su nuevo canciller Fernando Huanacuni, que vendría junto al presidente del Senado, Alberto Gonzales, y el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico.

Sin embargo, consultado por Clarín, en el equipo de la canciller Susana Malcorra dijeron que no había pedido oficial de entrevista, y que no hay visita pautada al momento con ningún funcionario boliviano. Pero al mismo tiempo, el embajador argentino en La Paz, Normando Alvarez García, quien coincidentemente estaba ayer en en Salta con su contraparte Bolivia na, el embajador Javier Tito Veliz, recibió la notificación de que los bolivianos quieren hablar a alto nivel molestos con el Gobierno. Y de hecho él mismo se reunirá con el canciller Hanacuni el lunes. Al mismo tiempo, también en consulta de Clarín, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Fulvio Pompeo, señaló que el presidente Morales tiene una invitación de Macri a la Argentina, y que será bien bienvenido cuando así lo desee. Inicialmente, la fecha estaba pactada para asistir juntos a un partido entre Boca y River el próximo 16 de abril.

Pero en el medio subió la tensión, también el gobierno de Horacio Cartes, que manifestó su preocupación por los nuevos controles migratorios argentinos, a través de una entrevista que mantuvo el martes el embajador de Paraguay aquí, Federico González, con el vicencanciller Pedro Villagra Del gado. Desde hace semanas, especialmente Bolivia y Paraguay venían mostrando inquietud por los controles. Ambos países tienen en Argentina comunidades, que suman muchos votos en momentos de elecciones.

Pero la polémica la reavivó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Acá vienen ciudadanos peruanos y araguayos y se terminan matando por el control de la droga (...). Muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen, como choferes, mulas, partes de una cadena, en los temas de narcotráfico”, sentenció, en el contexto del decreto que el lunes pasado firmó Macri modificando la ley de Migraciones. Ya el miércoles, el mandatario boliviano se manifestó miércoles lípticamente contra los muros co mo el que pretende levantar Donald Trump en la frontera de Estados Unidos con México.

Luego dijo que no podía entender cómo algunos países de la región puedan “pensar igual que en los Estados Unidos”, y exhortó Macri a buscar la integración de los países sudamericanos. “Nuestros hermanos en Argentina no son delincuentes, narcotraficantes. Más bien (buscan) cómo mejorar la situación económica familiar pero también aportando al desarrollo del hermano pueblo de Argentina”.

En todo el ambiente diplomático sentenciaba lo poco bienvenidas que fueron las palabras de la ministra Bullrich, que en todo caso metieron en problemas a Macri. “Si entran holandeses, estadounidenses, o de cualquier nacionalidad que cometan delitos serán deportados. No había que nombrar a ninguna comunidad porque este decreto no es contra los extranjeros sino contra los que cometan delitos, y sean de cualquier nacionalidad”, se justificaban. No lo interpretaron así los vecinos.

El comunicado que dio el embajador González señala que el gobierno de Paraguay “considera preocupante las mencionadas expresiones que generalizan y estigmatizan a la comunidad paraguaya en Argentina”. Y dijo que seguirá accionado para “salvaguardar los derechos” de su colectividad residente aquí. Por su parte, el presidente del Senado boliviano señaló que Evo “está preocupado” por posibles acciones xenóbas.

Nueva política migratoria

El decreto que regula el ingreso y la expulsión de extranjeros con antecedentes penales no es discriminatorio y forma parte de la lucha contra la delincuencia

(La Nación) - Como parte de su política de lucha contra el crimen organizado, el Gobierno comenzó a modificar el sistema migratorio endureciendo las exigencias para el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, al tiempo que simplifica los trámites para la expulsión de aquellos que delincan. También se creará una policía abocada a controlar nuestras fronteras.

Un flamante decreto dispone la creación de la Comisión Nacional de Fronteras cuyo fin será evitar, como dijo el Presidente, que "el crimen internacional elija nuestro país para delinquir". Esa comisión deberá elaborar una nueva ley de fronteras.

Son medidas imprescindibles que debieron haberse adoptado hace mucho tiempo para no llegar al actual estado de cosas, pues un país que abandona el cuidado de sus fronteras invita a instalarse en su territorio a las principales modalidades del crimen organizado, como el narcotráfico y el tráfico de personas y de armas. Eso fue lo que ocurrió en las últimas décadas.

Recordemos las llamativas demoras en las que incurrió el menemismo para informatizar los puestos de frontera y el control del ingreso y egreso de personas -además del otorgamiento ilegal de la ciudadanía argentina al terrorista y traficante de armas y drogas Monzer Al Kassar-, y la política del kirchnerismo ya no de puertas abiertas, sino de una absoluta y cómplice falta de control de nuestras fronteras que redundó, entre otros muchos males, en el notorio incremento del narcotráfico.

El decreto contempla también trámites sumarios para agilizar la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos graves que conlleven penas superiores a los 3 años y de cumplimiento efectivo. Entre las causas de expulsión se encuentra el haber sido condenado o estar cumpliendo condena, poseer antecedentes penales o una condena no firme en la Argentina o en el exterior por delitos que, según las leyes argentinas, acarreen penas privativas de la libertad.

Sobre ese punto, el presidente Macri afirmó que, en la actualidad, existen casos en los que el trámite de expulsión demanda más de ocho años. Es el del narcotraficante peruano Marco Antonio Estrada González, a quien, transcurridos ocho años, aún no se lo puede extraditar.

También se pondrá en marcha con otros países un sistema de alerta como el que ya existe con los Estados Unidos, por el cual Washington avisa con media hora de anticipación a la partida de un vuelo si alguien condenado por delitos sexuales o narcotráfico quiere ingresar en nuestro territorio.

En ese sentido, el Gobierno activó el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API, según la sigla en inglés), que obliga a las líneas áreas a brindar datos a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los viajeros antes de que arriben o egresen del país para mejorar los controles migratorios en los aeropuertos. Se trata, entre otros, de datos como nombre, apellido, documento de viaje, número de vuelo, compañía transportadora y ticket de equipaje.

Esto permitirá saber si una persona es requerida judicialmente y rechazar su ingreso en el país, poniéndola a disposición de la Justicia. En la ampliación del sistema de alertas deberían jugar un papel preponderante los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) destacados en el exterior. Se trata de que el personal de la Dirección Nacional de Migraciones cuente con la información necesaria para que las autoridades nacionales resuelvan si se acepta o no el ingreso de quien ha cumplido una condena en su país de origen, facultad privativa de cada nación.

El conjunto de medidas no responde a un enfoque xenófobo ni discriminatorio, sino a una necesidad impostergable de combatir la delincuencia debido a la política de pasividad que siguió el gobierno anterior, llegándose al extremo de que avionetas que transportaban drogas trasponían nuestras fronteras en el Noreste o Noroeste, y se adentraban sin inconvenientes hasta provincias como La Pampa. Otro tanto puede afirmarse de la extrema facilidad con la que importantes narcotraficantes de países latinoamericanos se han instalado en el nuestro para llevar adelante su comercio mortal.

Todos los países, incluidos nuestros vecinos, tienen políticas para la inmigración. La iniciativa del Gobierno se limita a algo tan básico como impedir el ingreso -y facilitar la expulsión- de los extranjeros que han delinquido. No se refiere, en cambio, a limitar los ingresos por otras razones. Comenzar de una vez por todas a controlar nuestras fronteras será la forma de evitar que la Argentina siga siendo un santuario para los delincuentes de otras latitudes.

Fronteras: el Gobierno analiza crear una policía migratoria

El plan se suma al proyecto de un "fuero migratorio"

Por Pablo Ibáñez para Clarín.

La idea, que circula en el Gobierno, imitaría a EE.UU. y otros países. Pero requiere que sea votada por el Congreso.

La Dirección Nacional de Migraciones, donde se tramitan los permisos para residir en la Argentina. Foto: Alfredo Martínez.

La más conocida y temida es la de Estados Unidos: la Patrulla Fronteriza, la US Border Patrol. Pero existe, con menos visibilidad y protagonismo en Ecuador, Panamá y, entre otros países, Costa Rica.

La creación de una policía migratoria, destinada a regular el tránsito de personas, figura en el menú de "ideas" que circulan en los despachos oficiales para endurecer los controles fronterizos.

La propuesta, que en gobierno proyectan a mediano plazo, figura en un paquete de reformas e iniciativas que la Casa Rosada impulsa en materia de inmigración, cuyo punto inicial fue el DNU de Mauricio Macri publicado el lunes pasado.

Con ese decreto, se acortaron plazos en procedimiento que involucran a extranjeros con conflictos penales y limita el ingresos de personas con condenas y antecedentes.

El director de Migraciones, Horacio García, confirmó lo que ayer contó Clarín: la idea de crear un "fuero migratorio" que atienda asuntos de extranjería -de conflictos de residencia a expulsiones-, que hoy caen en el farragoso Contencioso Administrativo.

Pero así como García habló de que haya "jueces y fiscales" que se aboquen a temas de migraciones, en paralelo el Casa Rosada se estudia la creación de la policía migratoria.

A Gendarmería, Prefectura Naval, la Polícía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se agregaría esa quinta fuerza con tarea puntual en migraciones.

En rigor, según la ley de Migraciones 25.871, las cuatro fuerzas federales existentes ofician como "policía Auxiliar de Migraciones".

En gobierno explican que hay un punto ciego entre la tarea administrativa de migraciones y la intervención de los agentes de seguridad.

Así como en Estados Unidos y varios países existen fuerzas especiales para migración, lo más habitual -España, Alemania, Brasil- es que la policía federal o nacional tenga un área específica que interviene en migraciones.

"El tema está en estudio pero tiene su complejidad: requiere una ley que pase por el Congreso y puede generar resistencia en las demás fuerzas" confió un funcionario a Clarín.

Más simple: además de implicar una cuestión presupuestaria adicional, que tome funciones de otras reparticiones es lo que despierta recelos.

Podría producirse, por caso, un conflicto de competencias si la nueva fuerza quedara en el ámbito del ministerio del Interior como un brazo ejecutivo de la Dirección de Migraciones y no en Seguridad como las demás fuerzas.

Patricia Bullrich juega en el ring. Hizo circular estadísticas sobre la incidencia de los extranjeros en el delito. Según un informe de la Subsecretaría de Estadística Criminal, solo el 4,8% de los 72693 detenidos en cárceles de todo el país -federales y provinciales- son extranjeros.

Sin embargo, resaltan en Seguridad, de los 3.172 presos por conflictos con la Ley de Estupefacientes, 1.069 de nacionalidad extranjero, es decir que respecto a ese delito la proporción es de "1 a 3", sintetizan desde la cartera de Bullrich.

La ministra será hoy objeto de una denuncia en el INADI por parte de Barrios de Pie. Daniel Menéndez, dijo que “Bullrich parece una funcionaria de Donald Trump" porque acusó a "peruanos, bolivianos y paraguayos" de ser "los responsables del avance de la droga en la Argentina.

“Si bien estamos de acuerdo con que se fortalezcan los controles para luchar contra el narcotráfico, no con estigmatizar a las comunidades extranjeras” dijo Menéndez.

En el gobierno sostienen que las iniciativas respecto a la inmigración son bien recibidas por la mayoría y muestran encuestas con alto nivel de aceptación. Ayer, la consultora Poliarquía mostró una medición que indica que 88% de los encuestados apoya la creación de un tramite exprés para expulsar a extranjeros que cometan delitos.

Extranjeros: Macri reconvierte 14 nuevos “centros de frontera”

Por Ezequiel Rudman - Ambito.com
INSTALARÁN CÁMARAS INFRARROJAS, LECTORES DE PATENTES Y MEJORAS PARA LA LOGÍSTICA Y COMERCIO
Miguel Pichetto, jefe del bloque FpV-PJ, estuvo ayer en Casa Rosada. El Presidente firma decreto para mejor infraestructura y controles en la frontera.

Misiones. El modelo a replicar será el paso a Brasil a través de Iguazú. Más cabinas de control, nueva infraestructura, cámaras y control vehicular con información centralizada de migraciones, AFIP y seguridad.

El Gobierno nacional creará por decreto nuevos centros de frontera en 14 pasos internacionales habilitados con el objetivo de mejorar la infraestructura, centralizar la información migratoria, cruzar datos y elevar el control de ingreso tanto de extranjeros de países limítrofes como de mercaderías por tierra. El texto apunta principalmente a la Triple Frontera y ya está listo sobre el escritorio de Mauricio Macri, quien podría estampar su firma entre hoy y el próximo lunes.

Los 14 centros de frontera, donde se entre cruzarán datos de Migraciones, Justicia y Seguridad, incluyendo una base de datos con alertas sobre antecedentes penales, incluirán cámaras domo con luces infrarrojas para controlar tanto el ingreso de personas y de intercambio comercial. Se buscarán mejorar los procesos de logística, ingreso de personas, carga y descarga de mercadería, y hasta casas de cambio. El Poder Ejecutivo Nacional también dispuso la colocación de lectores de patentes de vehículos para detectar automóviles con denuncias de robo o pedido de secuestro, control que hasta ahora no se realizaba en los pasos 14 fronterizos internacionales incluidos en el decreto.

El objetivo de estas dependencias será centralizar la información de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, la Aduana, a cargo de la AFIP y los ministerios de Justicia, encabezado por Germán Garavano, y de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Gobierno de Macri busca así coordinar a los ministerios con competencias en los pasos internacionales para centralizar y acelerar el tratamiento de expedientes en caso de extranjeros que busquen ingresar al país.

Los 14 centros de frontera que se crearán por decreto estarán ubicados en los pasos fronterizos con Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. En el límite con el país trasandino habrá 9: en San Francisco (Catamarca), Pircas Negras (La Rioja), Agua Negra (San Juan), en Cristo Redentor y Pehuenche (Mendoza), en Pino Hachado y Cardenal Samoré (Neuquén), en Integración Austral (Santa Cruz) y en San Sebastián (Tierra del Fuego). La cantidad de nuevas instalaciones en paso a Chile se debe a la prioridad que el oficialismo otorga, más allá del plano criminal, a los corredores viales de intercambio comercial del eje con salida al Océano Pacífico. En el borde con Uruguay se instalará un centro de frontera en el límite Concordia-Salto en la provincia de Entre Ríos. El modelo a replicar de estos nuevos centros, que incluirán más cabinas de peaje y controles más exhaustivos, es la instalación inaugurada por Rogelio Frigerio el 19 de diciembre pasado en Puerto Iguazú, Misiones, en el paso a Foz de Iguazú, Brasil. A partir del decreto, se crearán dos centros nuevos en Paso de los Libres-Uruguayana, y en Santo Tomé-Sao Borja en Corrientes, todos en el borde con territorio brasileño. El control de la triple frontera, a cargo del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se completará con un nuevo centro en la capital de Misiones, en el paso a Paraguay vía Encarnación.

Más allá de este decreto, la Casa Rosada también trabaja en un proyecto de ley para acelerar los tiempos de expulsión de extranjeros. Ayer, el jefe de los senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, estuvo en la sede del Ejecutivo. El Gobierno, de acuerdo con el director nacional de Migraciones, Horacio García, trabaja en un borrador para resolver la expulsión de un extranjero que delinque en el país, que en la actualidad puede llegar a demorar hasta ocho años. Pichetto es el principal aliado de Macri para blindar la aprobación de esta ley en el Senado.

Esa ley podría ser debatida en el marco de una reforma penal de fondo. Ayer el Gobierno nacional conformó la comisión que tratará la reforma del Código Penal. Será presidida por el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky. e integrada por otros doce juristas y especialistas: el exministro de Justicia bonaerense Carlos Mahiques; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el juez de la Cámara del Crimen de Córdoba Víctor Vélez; Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital Federal; el procurador salteño Pablo López Viñals; el fiscal Pablo Turano; el camarista Guillermo Yacobucci, Fernando Córdoba (cercano al ex procurador Esteban Righi); Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

Tecnología israelí para el control de las fronteras argentinas

 Por Luis Piñeiro - Defensa.com

El Ministerio de Seguridad argentino ha adquirido a Israel tres sistemas integrados de control de frontera por un monto de 35 millones de dólares.  La operación, realizada bajo la fórmula de Gobierno a Gobierno, implica la instalación de los centros de vigilancia en La Quiaca (Jujuy), Aguas Blancas (Salta) y Puerto Iguazú (Misiones), este último para la protección de la famosa Triple Frontera.

Con la misma tecnología utilizada habitualmente en las líneas fronterizas israelíes, lo que garantizaría una efectividad elevada, constan de un sistema de vigilancia electrónica con cámaras instaladas en globos aerostáticos. Estas cámaras y sensores, instalados a una altitud de 600 metros, permiten escudriñar el panorama y observar un vehículo a casi quince kilómetros de distancia,  posibilitando la verificación del movimiento de personas a unos siete kilómetros. Asimismo, el sistema se complementa con cámaras fijas y elementos de alerta de movimiento, que pueden orientar  a los globos hacia los objetivos.

Todo el equipamiento se caracteriza por su alta movilidad, lo que permite desplegar a las unidades hacia otros lugares en forma rápida según los requerimientos tácticos. Los lugares seleccionados para la instalación de los puestos de vigilancia obedecen a las crecientes intrusiones de la frontera nacional.  Las áreas limítrofes con Bolivia y Paraguay representan hoy los puntos más complejos y peligrosos, vías impunes de entrada de la droga que llega a las principales ciudades argentinas.

Extensas superficies difíciles de vigilar, fuerzas de seguridad casi inexistentes, ya que la mayoría de su personal se encuentra, contraviniendo su razón de ser, realizando tareas de vigilancia interior en las ciudades y un preocupante grado de corrupción en aumento, hace de estas regiones fronterizas tierra de nadie, lo que es aprovechado por  las organizaciones mafiosas para el transporte de estupefacientes, la trata de personas y el contrabando de mercaderías, vendidas luego en mercados ilegales de las principales urbes del país.

La suavidad de las leyes migratorias argentinas, producto de una equivocada política de amistad hacia otros países del continente, ha sido aprovechada por elementos delictivos que se han instalado fuertemente durante años en las ciudades y que reciben continuamente el flujo de drogas, mercaderías y personas indocumentadas e ilegales, lo que ha provocado un gigantesco incremento del consumo, comercialización y movimiento de drogas, a la vez  que traslada una problemática inmigratoria muy compleja.

En un abrir y cerrar de ojos, el nuevo gobierno argentino se topó con alarmantes cifras de inmigrantes ilegales, entre bolivianos, paraguayos y africanos, comerciando productos de contrabando en las ciudades principales, conformando un problema de seguridad interna mayúsculo al que nadie había prestado atención  en los últimos años, más allá de la advertencia de periodistas  especializados. De la noche a la mañana, la Argentina se convirtió en el primer país consumidor y exportador cocaína del continente, toda proveniente de Bolivia que llega a la famosa Hidrovía  para su exportación a Europa.

Con un escenario de líneas limítrofes desguarnecidas, ya que, como decimos, sus prefectos o gendarmes están en las principales ciudades jugando a policías, en vez de guarnecer las fronteras como marca la Ley,  miles de kilómetros han sido aprovechados para la penetración de elementos marginales. Esperemos que la inversión en equipos contribuya a poner en orden la situación caótica  que se vive en el espacio fronterizo  de la República Argentina.