Con inusitada celeridad la Cámara de Diputados dio el miércoles 20 de noviembre media sanción al proyecto de ley que propicia la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) con el propósito de financiar un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

Así se prevé la afectación de una escala de montos que van desde el 0,35 % al 0,80 % de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado en cuatro años y a mantenerse, para la recuperación, modernización y/o incorporación de material acorde con algunas previsiones de la Ley N° 24.498 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de hace más de 20 años.

El día miércoles 21 pasado se prestó para que en el marco del Seminario “Los desafíos de la Defensa Nacional para la próxima década” organizado por la Comisión de Defensa Nacional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, prestigiosos académicos se refirieran entre otras cosas, al contenido, propósito y significado del mencionado proyecto.

Vale resaltar que en todos los casos, se escucharon opiniones favorables hacia estas previsiones para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas teniendo en cuenta especialmente la situación inédita del desmantelamiento casi completo del parque militar argentino. Algo es más que nada y siempre sería bienvenido teniendo especialmente en cuenta la delicada situación económica actual, pareciera ser la interpretación mayoritaria de los promotores y sus adeptos. “Es lo que hay” dirían otros.

Ya en el año 2010 el Libro Blanco de la Defensa Nacional de la República Argentina propiciaba un presupuesto del 1,5 % del Producto Bruto Interno, cuando desde 2006 se acarreaban con firmeza, presupuestos y devengados en la Defensa Argentina menores al 1% del PBI.

A pesar de lo mencionado, muy lamentablemente el presupuesto de la jurisdicción Defensa continuó siendo consistentemente menor al 1 % del PBI hasta nuestros días con aproximadamente el 0,8 %.

Es importante aclarar que la “función Defensa” del clasificador económico nacional, es decir, aquella parte que se identifica más específicamente con el esfuerzo medido en presupuesto para el Instrumento Militar, apenas alcanza el 0,4 % del PBI.

Vale aquí comparar nuestras decisiones con los actuales gastos sudamericanos en Defensa del 1,6 % del PBI, el objetivo del 2 % de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el promedio mundial en Defensa que ronda el 2,2 % del PBI (Ref. Nueva Mayoría).

Huelgan las palabras para verificar las diferencias entre el 0,8% argentino con el 1,6 %, 2 % y 2,2 % referenciados. Las proporciones están directamente relacionadas con el esfuerzo que cada país dispone para cumplir la función Defensa, que es una responsabilidad esencial del Estado Nacional consistente en disponer de un sistema de seguridad que en síntesis proteja los intereses nacionales de agresiones externas, contribuya a la seguridad interior y apoye a la política exterior. Constituye la capacidad para decir “no”. La Defensa es la capacidad de disuadir y la de limitar la escalada de quien no quiera cooperar en búsqueda de lo que no quiera resignar a costa del otro. La Defensa es capacidad de negociación. Para los economistas que se resisten a disponer fondos para la Defensa, ésta es un factor mensurado que disminuye el riesgo país.

Ya nadie desconoce en la Argentina y en el exterior el descalabro de la Defensa Nacional. Hay repetidos y drásticos informes detallados elaborados en el ámbito militar al Ministerio de Defensa. En el año 2018 el fiscal Di Lello investigó la situación de la Defensa a instancias de la previsible desgracia ocurrida al Submarino ARA “SAN JUAN” a fines del 2017. “After a significant period of decline, Argentina has ceased to be a capable military force” mencionaba una reconocida publicación de Defensa británica en 2018.

Frente a todo eso, no reaccionamos más que con migajas.

El proyecto de ley tan solo prevé un presupuesto dedicado a equipamiento que recién al cabo del cuarto año llegaría a un 0,2 % del PBI, sin asegurar que frente al 0,8 % del PBI actual se supere en algún momento de los próximos años el inequívocamente inservible presupuesto del 1 % del PBI.

La preocupación por la Defensa de los decisores y los que entienden en el proyecto es tan escasa que no se contempla mejorar el mantenimiento del material existente, incrementar el adiestramiento para incentivar al personal y generar alguna capacidad, conservar la infraestructura y asegurar los servicios indispensables para un mínimo funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Al menos, un presupuesto que sirva para justificar hoy su existencia y finalidad principal, como para decir “hagamos algo con lo que tenemos”. Hasta pareciera no haber planes en vigor o en ejecución. Ya no se alude siquiera a la aspiración del 1,5 % del PBI que se consideraba necesario en el 2010.

En síntesis, me pregunto ¿cómo es posible ver con optimismo un proyecto de ley que con el esfuerzo actual del 0,8 % del PBI no asegura superar el 1 % del PBI al cabo de 4 años?

Frente a toda la información disponible, ¿cómo convalidar la parálisis actual por cuatro años o más?

¿Cómo poder aprobar un mensaje estratégico a la comunidad internacional y a los ciudadanos argentinos de incapacidad material y actitudinal que consolida la firme idea de un verdadero desinterés por la Defensa?

En esta situación es altamente probable y previsible que los ciudadanos argentinos y los habitantes de la República Argentina lamentemos nuevamente en el futuro cercano la desatención dada a la Defensa Nacional.

Es tan grave la situación que solo una drástica decisión gubernamental del Poder Ejecutivo en consonancia con el Poder Legislativo podría iniciar la recuperación de las capacidades necesarias para afrontar la protección presente y futura de los intereses nacionales.

Es indispensable llevar a dimensiones razonables el presupuesto asignado a la función Defensa y la jurisdicción Ministerio de Defensa en términos de porcentaje del PBI, así como esa magnitud es tenida en cuenta en el ámbito regional e internacional. Especialmente, frente a la alta incertidumbre de la presente situación y la puja por el poder mundial.

Ante la gravedad de la situación, solo esa decisión sería el signo necesario para transmitir un cambio que llegue a los responsables del gobierno, a todos los ciudadanos, a la propia organización de Defensa, y muy especialmente, a todos los demás actores que constituyen una amenaza a los intereses de la República Argentina, al que ya es su agresor porque usurpa 2.600.000 km2 de jurisdicciones insulares y marítimas circundantes, y a quienes observan las acciones argentinas para decidir su apoyo o ignorancia.(Source/Photo/Author: Eduardo L. Ganeau/Zona Militar)