Los ex ministros Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, el analista político Rosendo Fraga y la especialista en no proliferación nuclear Irma Argüello debatieron en la Universidad del CEMA sobre los alcances del decreto del presidente Mauricio Macri que permite a las Fuerzas Armadas participar en cuestiones de terrorismo y crimen organizado transnacional
Por Germán Padinger - Infobae
A fines de julio, el Gobierno presentó un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas que incluyó modificaciones en el decreto 727, establecido en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner para limitar su participación en asuntos de seguridad interna.
Mediante el decreto 683, el presidente Mauricio Macri planteó cinco cambios al texto original, abriendo las puertas para el uso del arma militar en cuestiones de terrorismo y crimen organizado transnacional, además de la custodia de "objetivos estratégicos", y derogó también el decreto 1691 sobre organización y funcionamiento de las FFAA.
El histórico giro ha generado un debate en los ambientes académicos del país, y el martes cuatro expertos en defensa se reunieron en la Universidad del CEMA para dialogar sobre su importancia.
"En el mundo de hoy los riesgos externos que enfrentan los países poco tienen que ver con las típicas guerras convencionales entre Estados en las que los protagonistas eran ejércitos regulares", presentó Argüello.
Para la especialista en desarme y no proliferación nuclear, el decreto 727 original fue "fruto de una nefasta ideologización de la defensa" que llevó al país a "una indefensión, vaciando de funciones y recursos a las Fuerzas Armadas y reduciendo su rol a escenarios de plausibilidad casi nula en el mundo de hoy, para el cual tampoco los preparó".
Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa durante las presidencias de Ricardo Alfónsin, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, consideró por su parte que "el mérito del decreto es que ha colocado la discusión en el seno de la sociedad, tenemos un problema de Defensa y Seguridad, que el decreto reconoce, pero no alcanza a preocupar demasiado a la ciudadanía".
En 1988, durante su primer período al frente de la cartera de Defensa, se promulgó la influyente Ley 23.554 de Defensa Nacional, que establece el "origen externo" de las agresiones contempladas en el rol de las Fuerzas Armadas y que diferencia fundamentalmente a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Fue reglamentada en 2006 por el decreto 727 del ex presidente Kirchner, ahora modificado por Macri.
"Nosotros seguíamos manejando con un concepto que heredamos de una época que ya no existía en el mundo ni en Argentina. Esto marcó a la ley de 1988. En ese tiempo estábamos mirando lo que pasó una década antes, pero no tiene nada que ver con el mundo de hoy", explicó al respecto del origen de la legislación.
"Sin embargo, aún tenemos la pesadilla de leer gente que está cuestionando las nuevas políticas con la mentalidad puesta hace 30 años, insisten en que se está preparando la represión de las fuerzas armadas", agregó.
Jaunarena enfatizó que la diferencia entre Seguridad y Defensa que persiste en Argentina "no existe más en el mundo". "La frontera es difusa y debemos asumirlo", consideró, ofreciendo los ejemplos de Francia, donde soldados custodian iglesias y mezquitas ante la amenaza terrorista, o Chile, donde las Fuerzas Armadas participaron activamente asegurando el orden durante los recientes terremotos.
Finalmente, el ex ministro recordó que "estamos pobres, y que vamos a estar pobre por bastantes tiempo y con una sociedad que tiene infinidad de reclamos". "De tal manera es previsible que los recursos que se destinen a seguridad y defensa sean limitados, y como consecuencia de ello tenemos que administrarlos con la mayor equidad y certeza", concluyó.
Para Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, el decreto es "una decisión en la dirección correcta, aunque sea perfectible".
El analista recordó hechos recientes en el mundo que dan cuenta del estado de la Defensa en la actualidad, como el aumento récord del gasto militar de Estados Unidos, el acuerdo sobre la soberanía del Mar Caspio firmado por Rusia, Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Kazakstán, o el anuncio de Nueva Zelanda por el cual establece a la Antártida como su prioridad en Defensa.
"Que una potencia tenga intereses nacionales, no quiere decir que vaya actuar con Fuerzas Armadas nacionales. En todo el mundo estamos viendo potencias actuando en función de intereses nacionales pero no con Fuerzas Armadas regulares sino con una cantidad de instrumentos", consideró, haciendo hincapié en las milicias y otros grupos no estatales que proliferan en diferentes conflictos contemporáneos.
Ricardo López Murphy, ministro de Defensa entre 1999 y 2001, durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, buscó resaltar que "el objetivo central de todos los recursos del Estado que hacen a su seguridad, sea interna o externa, es preservar el monopolio de la fuerza".
"Gran parte de los argumentos [para el decreto de 2006] es que quieren que desarmemos el Estado, para poder imponer lo que no pudieron imponer, no hay que perder la perspectiva", advirtió.
López Murphy consideró que las hipótesis de trabajo que separan la seguridad interna de la externa y plantean amenazas sólo de actores estatales externos son "un anacronismo que responde más a la realidad de la Segunda Guerra Mundial".
Por Germán Padinger - Infobae
A fines de julio, el Gobierno presentó un plan de reestructuración de las Fuerzas Armadas que incluyó modificaciones en el decreto 727, establecido en 2006 por el ex presidente Néstor Kirchner para limitar su participación en asuntos de seguridad interna.
Mediante el decreto 683, el presidente Mauricio Macri planteó cinco cambios al texto original, abriendo las puertas para el uso del arma militar en cuestiones de terrorismo y crimen organizado transnacional, además de la custodia de "objetivos estratégicos", y derogó también el decreto 1691 sobre organización y funcionamiento de las FFAA.
El histórico giro ha generado un debate en los ambientes académicos del país, y el martes cuatro expertos en defensa se reunieron en la Universidad del CEMA para dialogar sobre su importancia.
Los ex ministros Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy, y el analista político
Rosendo Fraga, participaron del evento moderado por Irma Argüello,
directora de la Fundación NPS Global.
"En el mundo de hoy los riesgos externos que enfrentan los países poco tienen que ver con las típicas guerras convencionales entre Estados en las que los protagonistas eran ejércitos regulares", presentó Argüello.
Para la especialista en desarme y no proliferación nuclear, el decreto 727 original fue "fruto de una nefasta ideologización de la defensa" que llevó al país a "una indefensión, vaciando de funciones y recursos a las Fuerzas Armadas y reduciendo su rol a escenarios de plausibilidad casi nula en el mundo de hoy, para el cual tampoco los preparó".
En 1988, durante su primer período al frente de la cartera de Defensa, se promulgó la influyente Ley 23.554 de Defensa Nacional, que establece el "origen externo" de las agresiones contempladas en el rol de las Fuerzas Armadas y que diferencia fundamentalmente a la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Fue reglamentada en 2006 por el decreto 727 del ex presidente Kirchner, ahora modificado por Macri.
"Nosotros seguíamos manejando con un concepto que heredamos de una época que ya no existía en el mundo ni en Argentina. Esto marcó a la ley de 1988. En ese tiempo estábamos mirando lo que pasó una década antes, pero no tiene nada que ver con el mundo de hoy", explicó al respecto del origen de la legislación.
"Sin embargo, aún tenemos la pesadilla de leer gente que está cuestionando las nuevas políticas con la mentalidad puesta hace 30 años, insisten en que se está preparando la represión de las fuerzas armadas", agregó.
Jaunarena enfatizó que la diferencia entre Seguridad y Defensa que persiste en Argentina "no existe más en el mundo". "La frontera es difusa y debemos asumirlo", consideró, ofreciendo los ejemplos de Francia, donde soldados custodian iglesias y mezquitas ante la amenaza terrorista, o Chile, donde las Fuerzas Armadas participaron activamente asegurando el orden durante los recientes terremotos.
Finalmente, el ex ministro recordó que "estamos pobres, y que vamos a estar pobre por bastantes tiempo y con una sociedad que tiene infinidad de reclamos". "De tal manera es previsible que los recursos que se destinen a seguridad y defensa sean limitados, y como consecuencia de ello tenemos que administrarlos con la mayor equidad y certeza", concluyó.
El presidente Mauricio Macri junto a personal militar y por delante de un avión Pampa III
Para Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, el decreto es "una decisión en la dirección correcta, aunque sea perfectible".
El analista recordó hechos recientes en el mundo que dan cuenta del estado de la Defensa en la actualidad, como el aumento récord del gasto militar de Estados Unidos, el acuerdo sobre la soberanía del Mar Caspio firmado por Rusia, Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán y Kazakstán, o el anuncio de Nueva Zelanda por el cual establece a la Antártida como su prioridad en Defensa.
"Que una potencia tenga intereses nacionales, no quiere decir que vaya actuar con Fuerzas Armadas nacionales. En todo el mundo estamos viendo potencias actuando en función de intereses nacionales pero no con Fuerzas Armadas regulares sino con una cantidad de instrumentos", consideró, haciendo hincapié en las milicias y otros grupos no estatales que proliferan en diferentes conflictos contemporáneos.
Oscar Aguad, ministro de Defensa
Ricardo López Murphy, ministro de Defensa entre 1999 y 2001, durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, buscó resaltar que "el objetivo central de todos los recursos del Estado que hacen a su seguridad, sea interna o externa, es preservar el monopolio de la fuerza".
"Gran parte de los argumentos [para el decreto de 2006] es que quieren que desarmemos el Estado, para poder imponer lo que no pudieron imponer, no hay que perder la perspectiva", advirtió.
López Murphy consideró que las hipótesis de trabajo que separan la seguridad interna de la externa y plantean amenazas sólo de actores estatales externos son "un anacronismo que responde más a la realidad de la Segunda Guerra Mundial".
La participación de las fuerzas Armadas bro dando apoyo logístico a las fuerzas Federales es un paso en la dirección correcta, sin embargo la opinión del Sr. Ministro de defensa sobre la falta de hipótesis de conflicto es cuanto menos errónea por no decir una "Mera justificacion" de la falta de compra de armamento de primera línea para las tres fuerzas que presentan una obsolescencia manifiesta de por lo menos tres décadas.
ResponderEliminar