El viernes se habilitó a operar en el país al Eutelsat 113 WA, de la francesa Eutelsat, pese a que ARSAT-2 no tiene vendida su capacidad. A su vez, se firmó el contrato con McKinsey que podría servir para justificar la privatización o el loteo de la compañía.
El titular de ARSAT, Rodrigo de Loredo, le confirmó el jueves pasado a un grupo de diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática que visitó la empresa que ya se firmó el contrato con la consultora McKinsey. En lo formal, es un convenio para asesorar a la compañía en la elaboración de su plan de negocios, aunque un sector del gobierno encabezado por el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana busca que sirva para justificar la incorporación de capital privado o favorecer la colonización empresaria de su infraestructura a través de la firma de contratos.
Al mismo tiempo que se avanza con esa tarea, el Ministerio de Comunicaciones comenzó a autorizar la operación de satélites extranjeros que compiten con la propia Arsat, lo que pone en riesgo su futuro como firma argentina no perteneciente a un grupo multinacional.
El viernes se habilitó al Eutelsat 113 WA (ex Satmex 6) haciendo valer un convenio de reciprocidad con México, pese a que desde 2014 la mexicana Satmex pasó a ser controlada por la francesa Eutelsat, a punto tal que cambió su nombre por Eutelsat Americas. Esa medida se sumó a la reciente decisión de autorizar a la empresa New Skies Satellites, propiedad de la europea SES, a brindar servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital 47.5 Oeste. Además, hay otros satélites extranjeros que podrían ver luz verde en las próximas semanas como Eutelsat 115 WA (ex Satmex 5), Eutelsat 117 WA (ex Satmex 8) y Amazonas 3 de Hispasat, un moderno satélite lanzado en febrero de 2013 que permite, entre otras funciones, brindar banda ancha directo al hogar en banda Ka.
En febrero de 1985 la Unión Internacional de Telecomunicaciones le reservó a Argentina dos posiciones orbitales para el establecimiento de un sistema de satélites nacionales. El gobierno de Carlos Menem resolvió al asumir que no estaba en condiciones de encarar por su propia cuenta la instalación de esos satélites y en 1991 convocó a una licitación para la provisión, puesta en servicio y operaciones de un sistema satelital. En febrero de 1993 se le adjudicó el contrato a una Unión Transitoria de Empresas integrada por Aerospatiale, Alcatel Espace, Alenia Spazio, Deutsche Aerospace y la brasileña Embratel, consorcio luego conocido como Nahuelsat. Desde entonces, esa firma empezó a brindar servicios con un sistema provisorio hasta que en enero de 1997 se lanzó el Nahuel 1, que comenzó a operar en la posición 71,8º Oeste.
En noviembre de 1998, el entonces secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, le asignó a Nahuelsat la posición orbital 81º Oeste para la instalación del segundo satélite, pero Nahuelsat incumplió el contrato y el Nahuel II nunca se construyó. A raíz de esa situación, en agosto de 2004 el gobierno de Néstor Kirchner le revocó la autorización a Nahuelsat y ocupó la posición orbital con un satélite alquilado al grupo holandés SES para no perder ese espacio, que estaba siendo reclamado por Gran Bretaña. Finalmente, en abril de 2006 se decidió crear la estatal Arsat para hacerse cargo de la construcción y puesta en servicio de satélites argentinos.
Más allá de la propia responsabilidad de Nahuelsat, hubo un hecho que ayudó a poner en jaque su modelo de negocios. Cuando se firmó el contrato, se aclaró expresamente que el gobierno argentino no autorizaría a terceros prestadores de satélites extranjeros, salvo que existiese un convenio de reciprocidad de tratamiento por parte del Estado al que pertenecía dicho prestador. Esa última aclaración terminó siendo el Caballo de Troya para los intereses de Nahuelsat porque el gobierno de Carlos Menem incorporó las condiciones para la firma de acuerdos de reciprocidad en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales y luego se firmaron convenios con Estados Unidos, Canadá, México, España, Brasil y Holanda. En los hechos, esos tratados tuvieron poco de reciprocidad y sirvieron fundamentalmente para que consorcios extranjeros pudieran comenzar a brindar servicios satelitales en el país.
La ola más fuerte de autorizaciones se registró durante la breve presidencia de Fernando de la Rúa. Entre 2000 y 2001, el entonces secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, autorizó cerca de veinte satélites. Diez de Intelsat, tres de New Skies Satellites, (hoy SES), tres de Southern Satelite Corporation (subsidiaria de Intelsat), uno de Telesat Canadá, uno de Hispasat y otro de Loral Cyberstar International. En los considerandos de la resolución 82 que autorizó los diez satélites de Intelsat, la secretaría de Comunicaciones remarcó en 2001 que “es deber del gobierno nacional velar por el incremento de la oferta de servicios competitivos y la multiplicidad de actores en el mercado, de modo tal de beneficiar a los consumidores y clientes de todo el país”. Ese mismo argumento sostienen ahora los que presionan para autorizar nuevos satélites con la diferencia de que en este caso el perjudicado no será un consorcio privado que tiene la concesión del servicio satelital sino la empresa estatal Arsat que en los últimos años no sólo puso dos satélites en el espacio sino que consolidó una cadena de valor industrial con Invap y el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa) como principales exponentes.
De hecho, el Eutelsat 113 WA (ex Satmex 6) autorizado el viernes es un satélite mayorista que opera en las bandas C y Ku, las mismas en las que brinda servicio el Arsat 2, el cual todavía no tiene vendida toda su capacidad, según lo reconoció el propio gobierno. Además, aunque esa capacidad estuviese vendida, la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre del año pasado contempla la construcción de nuevos satélites argentinos, situación que evidentemente se complica si la competencia extranjera se incrementa.
Otro problema es que cuando Satmex solicitó la autorización en 2007 era una empresa mexicana, pero en enero de 2014 pasó a ser controlada íntegramente por la francesa Eutelsat, país con el que no hay convenio de reciprocidad satelital vigente, lo que generó más suspicacias en el sector.
“Me resulta injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de proteger nuestra industria satelital.La Argentina necesita integrarse al mundo, nuestro pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible”, aseguró el martes en su muro de Facebook José Antonio Sánchez Elías, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank macrista, y presidente y CEO de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como la española Hispasat, la cual a su vez tiene como accionista a Eutelsat.
Sanchez Elías estuvo a punto de ser designado por Mauricio Macri como ministro de Comunicaciones hasta que un acuerdo con los radicales llevó a poner en su lugar a Oscar Aguad. Pese a ello, promovió a dos hombres de su confianza en puestos clave del ministerio ya que Héctor Huici fue designado secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Hugo Miguel, hasta entonces director de tecnología de Tesacom, asumió como subsecretario de Planeamiento dentro de esa misma secretaria, área que se ocupa justamente del diseño de la política satelital.
El ingreso de satélites extranjeros es muy probable que favorezca una baja de precios aunque a costa de poner en riesgo la industria satelital nacional.
Fuente: Pagina 12
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