Por: Gustavo Carabajal para LA NACION
Con la asignación de un presupuesto extra de 6000 millones de pesos para los próximos dos años, la gobernadora María Eugenia Vidal encarará, a partir de pasado mañana, la reforma de la policía provincial, prevista en la ley de emergencia de seguridad aprobada en enero pasado.
El decreto, que será firmado pasado mañana por el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, incluirá la compra de nuevos equipos de comunicaciones de última generación, cámaras y lectores de patentes de alta definición, además de miles de chalecos antibalas.
También se pasará a retiro a 18 comisarios generales y, a partir de ahora, unos 7800 jefes policiales tendrán la obligación de presentar declaraciones juradas de sus bienes. Desaparecerá la llamada Policía Buenos Aires II y se ampliará de seis a nueve meses la formación de suboficiales.
Al monto extra, se le sumará el presupuesto de la policía, que es de 36.000 millones de pesos por año, el cual, en su mayor parte, se consume en el pago de los sueldos de los 90.000 efectivos que integran la fuerza de seguridad más numerosa del país.
El decreto, elaborado por Ritondo y su equipo de asesores, entre los que figuran varios comisarios en actividad, incluye medidas decididas luego de que se revisó el desempeño de la policía en la búsqueda de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, los condenados por el triple crimen de la efedrina; los inventarios de móviles policiales y el recuento del personal.
Después de una auditoría de 100 días, el ministro Ritondo encontró una serie de irregularidades, como el pago de 14.000 seguros de automotor, cuando, en realidad, había 6800 rodados. Aún no se sabe cuál fue el destino del dinero que se pagó de más.
"Parte de los fondos extras se destinarán a la compra de 15.000 chalecos antibalas. Cuando me hice cargo del ministerio, sólo un tercio de los 90.000 policías tenían ese elemento de protección y la mayoría de esos chalecos estaban vencidos. Era importante achicar la cúpula. Cuando daba una indicación pasaba por nueve comisarios hasta que se cumplía la orden", expresó el ministro.
La decisión de Ritondo de reducir de 44 a 26 la cantidad de comisarios generales se fundó en la evaluación que hizo durante la búsqueda de los tres prófugos condenados por el triple homicidio de la efedrina, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. La mayoría de los comisarios generales que fueron desafectados estaban al frente de las denominadas Coordinaciones Departamentales de Investigaciones, que desde pasado mañana dejarán de funcionar.
Además, se decidió reformular la forma en la que se realizan los estudios socioambientales de los nuevos policías que ingresaban en la fuerza de seguridad. Esta medida se tomó, por ejemplo, luego que se conocieron casos de agentes que egresaron de la escuela durante la gestión anterior que tenían familiares que integraban bandas de asaltantes.
"Queremos que los policías que salgan a la calle sean los mejores. No se puede repetir lo que ocurría antes, que se anotaban mil aspirantes en las distintas academias y egresaban casi todos. Al mejorar la formación se evitarán casos como los que terminaron con cuatro inocentes muertos al ser atropellados por suboficiales que manejaban móviles y que carecieron de una adecuada preparación", explicó Ritondo.
La reforma elaborada por el ministro y su equipo de asesores, entre los que figuran varios jefes policiales en actividad, incluyó la creación de la superintendencia de Inteligencia Criminal, con el objetivo de cruzar datos sobre todas las investigaciones contra organizaciones delictivas encaradas en territorio bonaerense.
En el plan, que se aplicará desde pasado mañana, se incluyó la asignación de recursos humanos y de equipos tecnológicos para las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. En tanto que Ritondo y sus colaboradores decidieron reforzar la estructuras de las 32 jefaturas departamentales y que el comisario de cada jurisdicción se encargue de manejar los móviles policiales y asignarlos a la zona que considere necesario.
Con respecto a las denominadas policías locales, la reforma encarada por la administración de la gobernadora Vidal apuntó a que los intendentes tengan la responsabilidad operativa de los efectivos, que se formarán en las academias de la policía bonaerense.
Sobre la cuestión de la formación de los uniformados, el ministro anunció que la instrucción de los nuevos policías se concentrará en la tradicional Escuela Juan Vucetich, en Berazategui.
Además de enfocar la reforma policial en la lucha contra el narcotráfico, Ritondo explicó que se apuntará a reducir la cantidad de homicidios en ocasión de robo.
"Con la reforma se establecerá un programa de medidas y acciones para darle seguridad a los vecinos. Se aplicará una política activa de prevención del robo de automóviles, se combatirán los desarmaderos y se hará un seguimiento eficaz de los hechos delictivos. Hay que frenar los homicidios", afirmó Ritondo.
Según el ministro, parte de la prevención de realizará con unos 1500 móviles policiales que pueden cubrir las rondas en las cuadrículas del conurbano.
La reforma policial estaba prevista en la ley de emergencia de seguridad sancionada a mediados de enero pasado. En la norma se estableció un plazo de 60 días para la elaboración de un plan para la reorganización de "gestión y funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública provincial".
Para cumplir con esa norma, la administración de Vidal decidió destinar $ 3000 millones de un crédito del Banco Mundial y una suma similar que saldrá de la reasignación de recursos para comprar equipamiento y otros materiales.
Con la colaboración de Jesús Cornejo
El caso de la oficial que era hermana de un prófugo
Entre la medidas que figuran en la reforma policial, se estableció la profundización de los estudios socioambientales para los aspirantes que quieran ingresar en la fuerza de seguridad provincial. Según fuentes del ministerio encabezado por Cristian Ritondo, el hecho de que no realizarán esas entrevistas posibilitó que, durante la gestión anterior, ingresara en la policía una mujer de apellido Schillaci. Era nada más y nada menos que la hermana de Víctor Schillaci, uno de los tres condenados por el triple homicidio de la efedrina que, el 27 de diciembre pasado, huyó del penal de General Alvear. El dato se descubrió durante la búsqueda de los tres evadidos. Aunque nunca se determinó que la mujer ayudó a su hermano, el dato puso en alerta a las autoridades del ministerio, quienes decidieron aumentar los controles. También se registraron casos en los que varios aspirantes tenían familiares que formaban parte de bandas de piratas del asfalto. Esas situaciones salieron a la luz no por estudios socioambientales sino durante escuchas telefónicas en las que se investigaron a esas bandas delictivas.
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