Por Javier Bonilla. Defensa.com
Sometida a la escasez de recursos, con presupuestos inferiores a la susbsistencia, la licitación por un sistema NAVTEX en suspenso, una gestión de adquisiciones durante años mal planteada y una crisis económica permanente desde hace más de dos lustros que impide adquirir una red de vigilancia costera VTS certificada, 3 patrulleros Oceánicos y helicópteros medianos SAR, la Armada Nacional Uruguaya se encuentra ahora sorprendida por la oferta de una empresa con sede en Asturias (España).
La firma Luzardomarine Group, un “facilitador”, según se define en su web, con sede en Langreo, dirigida por Alberto Luzardo y con asesores uruguayos en su planteamiento, ha propuesto la opción de un contrato prácticamente de leasing y wet leasing por hasta 10 unidades de superficie, radares y Plataforma Offshore de Operaciones (POO) a cuenta del presupuesto naval de la Armada, con una retribución por servicios prestados dentro de la nómina de la Armada Nacional / Ministerio de Defensa Nacional y como “Personal Equiparado Ejecutivo, Técnico, Naval y de control de equipos”.
Su argumento promocional principal, enunciando que las unidades estarían “totalmente pagadas en pocos años sin generar deudas al país", se enfrenta al no menos atendible de que si la propia Armada adquiriese, a través del Estado, el equipamiento que reclama desde hace una década, evitando los 58 millones de dólares que Uruguay pierde por pesca clandestina no detectada, sería una inversión absolutamente auto financiada.
Otro ítem considerado irritante por los marinos uruguayos, por parte de la oposición y por las Fuerzas Armadas en general, es que el operador sería el grupo privado durante un plazo de, al menos, cinco años, mentras la Fuerza pierde decenas de oficiales y técnicos año tras año precisamente por falta de estímulos salariales o tecnológicos, quedando la institución en su más bajo nivel histórico de operatividad.
Además, la propuesta de la asturiana habría sido presentada a las autoridades nacionales en un curioso marco, como son los Consejos de Ministros que, de manera promocional, desarrolla el gobierno mensualmente en el interior del país, en este caso en el pequeñísimo balneario de San Luis, de clarísima impronta oficialista, a 60 kilómetros de Montevideo, entre el domingo y lunes pasado.
La Armada ya había preseleccionado la oferta de OPV de la alemana Lürssen, había evaluado positivamente algunos helicópoteros como el AW-169 y organizado una gira para los posibles proveedores de VTS por todos los puntos vitales que integrarían esta cadena, durante el año pasado. El malestar generado por el planteamiento de una propuesta de esta índole es manifiesto.
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