Por Luis Piñeiro - Defensa.com
La nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que sustituye a la RENAR y entre cuyas responsabilidades está el control y manejo de armas en poder de civiles, desvela el caos del organismo durante la anterior administración kirchnerista. Se han perdido veinte mil expedientes, han desaparecido armas y los inventarios no concuerdan muchas veces con lo anotado. En el deposito central del organismo, que hoy día parece un bunker por las medidas de seguridad extremas, no había un inventario real de cuantas armas se guardaban. Tras un arqueo minucioso, se han llegado a contabilizar 28.471 armas de fuego que están en custodia temporal, buena parte de ellas remitida por juzgados y fiscalías de todo la nación y otra parte entregada por el público de forma voluntaria, en lo que se denominó Plan Nacional de Desarme y que hoy sólo muestra profundas suspicacias.
Recordemos que dicho Plan consistió en pagar un monto determinado a aquellos ciudadanos que entregaran al RENAR armas que estaban en su poder, registradas o no. Algunas de esas armas, que debían haber sido destruidas, aparecieron luego en hechos delictivos demostrando el poco control de las acciones de algunos funcionarios y empleados de la institución. También era conocida la facilidad con que determinados personajes, sindicalistas y funcionarios, obtenían documentación sobre portación de armas, lo que actualmente no ocurre.
La nueva titular del organismo, Natalia Gambaro, informó de las irregularidades que el kirchnerismo dejó a su paso y mostró públicamente ante las cámaras de TV los sistemas de control del depósito central del organismo, exigentes controles que contrastan con los conocidos desvaríos vividos durante el mandato de la anterior administración, donde se “extraviaron” miles de armas que hoy están ocultas o en manos de delincuentes.
Queda por ver si se efectuarán denuncias penales contra los antiguos funcionarios que comandaron el organismo y si se realizará el tan mentado inventario de las armas de fuego en manos de las fuerzas policiales y de seguridad. Mientras tanto se han extremado y complicado las tramitaciones de los ciudadanos que legítimamente desean poseer un arma de fuego, contrarrestando palmariamente la situación que se vive en las calles de las ciudades del país, donde la delincuencia obtiene fácilmente armamento.
Las importantes limitaciones que por años provocaron las políticas de diferentes gobiernos con respecto al espinoso tema de las armas en manos de civiles, provocó la virtual desaparición de la industria armera en la Argentina. Miles de puestos de trabajo se perdieron al cerrarse empresas productoras y negocios del ramo, además, las conocidas limitaciones hacia la actividad del tiro deportivo e incluso la caza han provocado un decaimiento de tales actividades al extremo de cerrar armerías y locales afines. Todo ello en un país que tiene deportistas olímpicos que han obtenido medallas de importancia en las especialidades del tiro en los últimos Juegos Olímpicos, paradojas del destino.
La nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que sustituye a la RENAR y entre cuyas responsabilidades está el control y manejo de armas en poder de civiles, desvela el caos del organismo durante la anterior administración kirchnerista. Se han perdido veinte mil expedientes, han desaparecido armas y los inventarios no concuerdan muchas veces con lo anotado. En el deposito central del organismo, que hoy día parece un bunker por las medidas de seguridad extremas, no había un inventario real de cuantas armas se guardaban. Tras un arqueo minucioso, se han llegado a contabilizar 28.471 armas de fuego que están en custodia temporal, buena parte de ellas remitida por juzgados y fiscalías de todo la nación y otra parte entregada por el público de forma voluntaria, en lo que se denominó Plan Nacional de Desarme y que hoy sólo muestra profundas suspicacias.
Recordemos que dicho Plan consistió en pagar un monto determinado a aquellos ciudadanos que entregaran al RENAR armas que estaban en su poder, registradas o no. Algunas de esas armas, que debían haber sido destruidas, aparecieron luego en hechos delictivos demostrando el poco control de las acciones de algunos funcionarios y empleados de la institución. También era conocida la facilidad con que determinados personajes, sindicalistas y funcionarios, obtenían documentación sobre portación de armas, lo que actualmente no ocurre.
La nueva titular del organismo, Natalia Gambaro, informó de las irregularidades que el kirchnerismo dejó a su paso y mostró públicamente ante las cámaras de TV los sistemas de control del depósito central del organismo, exigentes controles que contrastan con los conocidos desvaríos vividos durante el mandato de la anterior administración, donde se “extraviaron” miles de armas que hoy están ocultas o en manos de delincuentes.
Queda por ver si se efectuarán denuncias penales contra los antiguos funcionarios que comandaron el organismo y si se realizará el tan mentado inventario de las armas de fuego en manos de las fuerzas policiales y de seguridad. Mientras tanto se han extremado y complicado las tramitaciones de los ciudadanos que legítimamente desean poseer un arma de fuego, contrarrestando palmariamente la situación que se vive en las calles de las ciudades del país, donde la delincuencia obtiene fácilmente armamento.
Las importantes limitaciones que por años provocaron las políticas de diferentes gobiernos con respecto al espinoso tema de las armas en manos de civiles, provocó la virtual desaparición de la industria armera en la Argentina. Miles de puestos de trabajo se perdieron al cerrarse empresas productoras y negocios del ramo, además, las conocidas limitaciones hacia la actividad del tiro deportivo e incluso la caza han provocado un decaimiento de tales actividades al extremo de cerrar armerías y locales afines. Todo ello en un país que tiene deportistas olímpicos que han obtenido medallas de importancia en las especialidades del tiro en los últimos Juegos Olímpicos, paradojas del destino.
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