Argentina es uno de los únicos tres países del continente en disponer de una guardia costera separada y autónoma de su armada (los otros dos son Canadá y Estados Unidos), en el resto de los países de América, la guardia costera opera subordinada a la armada y con medios y personal provistos por esta.
Esta separación tan nítida entre ambas fuerzas (siquiera dependen del mismo ministerio) supondría en teoría que los roles de ambas están perfectamente determinados y por tanto no existen superposiciones entre las dos.
En la práctica esto no es así, por un lado la Prefectura Naval sufrió un proceso por el cual se vio cada vez más comprometida en roles y funciones que no les son propios, así medios y personal de la fuerza terminaron siendo empleados para tareas tan ajenas a su función de origen como realizar controles vehiculares en avenidas o autopistas, evitar incidentes entre barras en partidos de fútbol o realizar tareas de seguridad en las zonas más castigadas por la inseguridad en el Conurbano Bonaerense y otros grandes centros urbanos del país. Todo esto en detrimento de su función principal, lo que llevo a la fuerza a (por ejemplo) reconvertir viejos pesqueros en guardacostas a falta de recursos para adquirir naves más aptas para la tarea.
La Argentina dispone de una de las pesquerías más ricas del mundo, esta situación es aprovechada por cientos de pesqueros ilegales que, ante la deficiente y paupérrima respuesta del Estado, operan sin control alguno, poniendo en peligro a las especies por sobreexplotación y provocándole millonarias pérdidas al país y su industria pesquera. Ante esta situación la Prefectura Naval dispone de medios aéreos y navales totalmente insuficientes para dar una respuesta adecuada.
En vista de esta situación, desde el poder político y desde un sector de la Armada se impulsa un aumento de la participación de esta fuerza armada en las tareas de patrullaje y control de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). En este sentido, en declaraciones a la prensa realizadas días atrás, el propio Jefe de la Armada manifestó que uno de los dos proyectos más avanzados de la fuerza y que ya contaba con aval político era el de la incorporación de patrulleros oceánicos (de los cuales dos se construirían en el extranjero y dos en el CINAR) para emplearlos en el patrullaje de la ZEE.
Cuesta entender la lógica de esta decisión, por un lado la pesca ilegal es un delito, no un acto de guerra, de modo que sería aumentar la responsabilidad de una fuerza armada en tareas propias de una fuerza de seguridad. En segundo término es inentendible como en el contexto de una flota de superficie envejecida y obsoleta la Armada establece como prioritario la incorporación de buques de este tipo y en tercer término es todavía menos explicable como un gobierno que hace de la eficiencia en la gestión de los recursos del Estado una de sus principales banderas se permite tal superposición de tareas (con el consiguiente derroche de recursos) entre la Prefectura Naval y la Armada.
La Armada (o sea la marina de guerra para que quede claro) tiene como misión principal equiparse y adiestrarse para enfrentarse con otras homologas, si se cambia el objetivo y se decide que su misión principal sea el patrullaje de la ZEE y la protección pesquera inevitablemente se producirá en el mediano y largo plazo una metamorfosis de la fuerza, ya que para la nueva tarea asignada unidades tales como destructores, buques logísticos o submarinos son absolutamente innecesarios, con una adecuada flota de patrulleros con capacidad oceánica sería más que suficiente.
La pregunta sería ¿Por qué transformar a la Armada en una guardia costera cuando ya se dispone de una?, la respuesta no es solo una, por un lado el poder político hace años que busca darle una “utilidad real” a las FF.AA, el razonamiento es que las posibilidades de un conflicto armado convencional son prácticamente nulas y las Fuerzas Armadas son enormes estructuras sin uso alguno e imposibles de capitalizar políticamente. Por otro lado es bien conocida la “competencia” que hace años mantienen la Armada y la Prefectura Naval, no solo respecto a la asignación de recursos, sino también respecto a la asignación de tareas. Volver a la situación anterior a 1985* (o sea volver a transformar a la PNA en un organismo dependiente de la Armada)** no es una idea que desagrade a determinados sectores de la fuerza (permitiría eliminar a un competidor por la asignación de recursos) y una buena forma de ir lográndolo es progresivamente absorber sus responsabilidades principales.
Es un camino peligroso, aunque la Armada pretenda combinar las tareas propias de una guardia costera con las de una marina de guerra el poder político solo ve la utilidad de la primera y por tanto la privilegiará por sobre la segunda. Esta es una situación posible a futuro y que debe hacer reflexionar a civiles y militares.
La respuesta a la pregunta que conforma el titulo de la editorial es ambas, se requiere de una Prefectura Naval despojada de todas las tareas que le fueron asignadas en los últimos años y que conforman una subversión de su rol principal y equipada como corresponde para la tarea de patrullaje de la ZEE (un buen comienzo podría ser seguir adelante con la construcción de nuevos patrulleros oceánicos, pero asignarlos a esta fuerza en vez de a la Armada).
Al mismo tiempo se requiere de una Armada (o sea de una marina de guerra, es importante no perder de vista esto) que se concentre en su rol principal, que dicho rol sea entendido y ponderado por el poder político y que progresivamente (nadie pierde de vista la compleja realidad económica del país) recupere su capacidad operativa, comenzando por modernizar la flota actual y continuando por incorporar naves que si estén en relación con la misión que debe tener asignada en vez de intentar acaparar tareas que no le competen y que terminarán por perjudicar a la fuerza.
* Hasta 1985 dependía organicamente de la Armada, a partir de ese año comenzó a depender directamente del Ministerio de Defensa, para luego pasar a depender del Ministerio del Interior y finalmente del Ministerio de Seguridad.
**Esto sería imposible con la legislación vigente, pero no es algo insalvable, de hecho es conocida la idea de la gestión de gobierno actual de modificar las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior actualmente vigentes para volver más flexible la intervención de las FF.AA en determinadas tareas de seguridad interna.
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