Por Mariano De Vedia - LA NACION
La oposición cuestiona que se elimine el régimen fijado por Alfonsín.
Una fuerte repercusión generó en el ámbito político el decreto 721/2016, firmado por Mauricio Macri , que fija nuevas atribuciones en el ministro de Defensa y en los jefes de las Fuerzas Armadas, dejando sin efecto la regulación que había dictado en enero de 1984, tras el retorno de la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín .
Fuentes cercanas al ministro de Defensa, Julio Martínez, negaron que se transfieran funciones de responsabilidad política y aclararon a LA NACION que el decreto se limita a fijar "un reordenamiento administrativo y una división del trabajo".
No opina así el ex ministro Agustín Rossi , quien condujo el área de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Se toca el decreto fundacional de Alfonsín, que establecía la conducción civil de la Defensa", dijo ayer Rossi a LA NACION, al señalar que "no eran conquistas de un espacio político, sino logros de la democracia".
Advirtió que el decreto cede a los jefes de las fuerzas atribuciones que tenía el ministro de Defensa, como disponer los cambios de destino del personal militar. "Antes el ministro disponía todas las designaciones a partir del grado de coronel. Ahora se limita esa tarea a los destinos de la «conducción superior», sin definir desde qué grado", objetó Rossi. La norma habilita a los jefes militares a designar agentes civiles y autorizar sus cambios de destino
El nuevo decreto conserva en el ministro cinco facultades: designar al personal militar en la conducción superior de las FF. AA., nombrar al auditor general, disponer los retiros y bajas obligatorias de los oficiales, así como las altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicios en situación de retiro, y resolver los recursos presentados por los oficiales superiores contra resoluciones de los jefes de las fuerzas.
Antes se contemplaban facultades disciplinarias y atribuciones que fijaba el Reglamento de los Tribunales de Honor de las FF.AA., pero quedaron sin efecto cuando esos tribunales fueron derogados. "La mayoría de las funciones ya estaban en el decreto 436/84. No hace falta acumular en el ministro todo el trabajo del área y es conveniente simplificar los circuitos administrativos", explicó un colaborador de Martínez. El nuevo decreto permite a los jefes de cada fuerza designar al personal militar retirado para funciones docentes. "Antes de un nombramiento para un instituto universitario o secundario, nosotros cruzábamos los datos con el área de derechos humanos, para ver los antecedentes, cosa que ahora no ocurrirá", observó Rossi.
El legislador bonaerense Fernando "Chino" Navarro declaró que "estas facultades estaban bajo la órbita del poder político en el Ministerio de Defensa y ahora son transferidas nuevamente al control militar".
La oposición cuestiona que se elimine el régimen fijado por Alfonsín.
Una fuerte repercusión generó en el ámbito político el decreto 721/2016, firmado por Mauricio Macri , que fija nuevas atribuciones en el ministro de Defensa y en los jefes de las Fuerzas Armadas, dejando sin efecto la regulación que había dictado en enero de 1984, tras el retorno de la democracia, el entonces presidente Raúl Alfonsín .
Fuentes cercanas al ministro de Defensa, Julio Martínez, negaron que se transfieran funciones de responsabilidad política y aclararon a LA NACION que el decreto se limita a fijar "un reordenamiento administrativo y una división del trabajo".
No opina así el ex ministro Agustín Rossi , quien condujo el área de Defensa durante el gobierno de Cristina Kirchner. "Se toca el decreto fundacional de Alfonsín, que establecía la conducción civil de la Defensa", dijo ayer Rossi a LA NACION, al señalar que "no eran conquistas de un espacio político, sino logros de la democracia".
Advirtió que el decreto cede a los jefes de las fuerzas atribuciones que tenía el ministro de Defensa, como disponer los cambios de destino del personal militar. "Antes el ministro disponía todas las designaciones a partir del grado de coronel. Ahora se limita esa tarea a los destinos de la «conducción superior», sin definir desde qué grado", objetó Rossi. La norma habilita a los jefes militares a designar agentes civiles y autorizar sus cambios de destino
El nuevo decreto conserva en el ministro cinco facultades: designar al personal militar en la conducción superior de las FF. AA., nombrar al auditor general, disponer los retiros y bajas obligatorias de los oficiales, así como las altas y ceses de oficiales y suboficiales para prestar servicios en situación de retiro, y resolver los recursos presentados por los oficiales superiores contra resoluciones de los jefes de las fuerzas.
Antes se contemplaban facultades disciplinarias y atribuciones que fijaba el Reglamento de los Tribunales de Honor de las FF.AA., pero quedaron sin efecto cuando esos tribunales fueron derogados. "La mayoría de las funciones ya estaban en el decreto 436/84. No hace falta acumular en el ministro todo el trabajo del área y es conveniente simplificar los circuitos administrativos", explicó un colaborador de Martínez. El nuevo decreto permite a los jefes de cada fuerza designar al personal militar retirado para funciones docentes. "Antes de un nombramiento para un instituto universitario o secundario, nosotros cruzábamos los datos con el área de derechos humanos, para ver los antecedentes, cosa que ahora no ocurrirá", observó Rossi.
El legislador bonaerense Fernando "Chino" Navarro declaró que "estas facultades estaban bajo la órbita del poder político en el Ministerio de Defensa y ahora son transferidas nuevamente al control militar".
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