Argentina presentó la Agencia Nacional de Migraciones (ANM), una estructura renovada de control fronterizo y migratorio que operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. El anuncio fue realizado por la ministra Patricia Bullrich, junto a su sucesora designada, Alejandra Monteoliva.
La ANM reemplaza y amplía las funciones de la antigua Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que dependía del Ministerio del Interior. Con este cambio, el control migratorio pasa del ámbito civil al de seguridad, con el objetivo de reforzar la vigilancia en fronteras y puntos de ingreso al país.
La estructura operativa del organismo integrará funciones policiales, migratorias y de inteligencia criminal. Se prevé la creación de una policía migratoria compuesta por efectivos de distintas fuerzas federales, incluyendo personal civil y uniformado, para operar en pasos fronterizos terrestres, aeropuertos y otras zonas estratégicas.
Este cambio marca un giro paradigmático: la migración deja de abordarse únicamente como un trámite administrativo para ser tratada como una cuestión de seguridad nacional. Según el comunicado oficial, la ANM busca combatir delitos transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo, a través de controles más eficaces, inteligencia migratoria y una coordinación más estrecha entre provincias y fuerzas federales.
Las autoridades justifican la reforma en la necesidad de modernizar los controles ante un contexto regional signado por el aumento de la violencia, el desplazamiento de estructuras criminales y la expansión de bandas transnacionales. Además, la dispersión previa de competencias dificultaba la detección de delitos vinculados al ingreso irregular de personas, por lo que una estructura unificada y centralizada se plantea como una solución clave.
El impacto de esta reestructuración es múltiple: por un lado, implica una reorganización institucional del sistema migratorio argentino; por otro, redefine la concepción de la migración, integrándola plenamente al enfoque de seguridad nacional. Asimismo, podría modificar los mecanismos de control, registro y fiscalización de personas, fortaleciendo la presencia estatal en fronteras, aeropuertos y zonas limítrofes.
No obstante, el anuncio plantea interrogantes sobre su implementación concreta: cómo se articulará la labor entre personal civil y fuerzas de seguridad, y cuál será el grado de coordinación con las provincias.
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