El litio va a dar que hablar en las próximas décadas, y el Cono Sur está llamado a desempeñar un rol clave en el suministro de este insumo estratégico. Estamos en presencia del más liviano de todos los metales, que cuenta con propiedades especiales en la conducción del calor y la electricidad. “El litio es uno de los elementos más comunes sobre la faz de la Tierra –explicó a DEF el biólogo Rodolfo Tecchi, investigador en la materia y actual rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu)–. Es un compuesto que está en muchísimos minerales, pero es difícil encontrarlo en forma disponible para ser purificado en formas económicamente aceptables”. Ahí es justamente donde adquieren importancia los salares altoandinos, ya que es posible acceder al litio que se encuentra disuelto en el agua que está debajo de su costra de sal.
“Los polímeros de litio permiten brindar mucha energía en poco tiempo, que es lo que se necesita para hacer arrancar, por ejemplo, motores de automóviles; por otro lado, mantienen un nivel de carga alto durante un lapso considerable de tiempo”, añadió Tecchi. Por su parte, el director del Instituto de Química de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (Inquimae), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ernesto Calvo, señalaba a la revista de divulgación Exactamente, que “extraer el litio de los salares es relativamente sencillo, pues no se necesita ingeniería; solo hay que evaporar y cristalizar”. En cambio, matizó, para obtenerlo de minerales hay que “romper uniones químicas, lo cual es más costoso”.Las baterías del futuro
Actualmente este preciado metal es el principal insumo de las baterías descargables, conocidas popularmente como “pilas de litio”, que alimentan dispositivos electrónicos portátiles, como teléfonos celulares, laptops, i-pods y cámaras fotográficas digitales. Paralelamente, contamos con las más modernas baterías recargables, destinadas a abastecer el floreciente mercado de los autos híbridos y eléctricos. En el estadio actual del desarrollo, ilustraba Calvo a DEF en una entrevista concedida en marzo de 2013, un auto totalmente eléctrico contaría con una autonomía de 160 kilómetros. “Lo que se busca es alcanzar los 400 o 500 kilómetros de autonomía, pero para eso la tecnología actual no alcanza, porque la cantidad de energía depende de cuántos átomos de litio se coloquen –añade–. Aun siendo liviana, esta tecnología utiliza carbón, con lo cual al peso del litio hay que sumarle este peso, más el del envoltorio y la electrónica.”
Para superar estas dificultades, el horizonte más promisorio es el que plantean las baterías recargables de litio oxígeno (también conocidas como de “baterías de litio-aire”), pues, tal como nos comentaba el director del Inquimae, sería “la única tecnología capaz de competir con los combustibles fósiles, como el diésel y la nafta, en términos de densidad de energía”. Según el químico Nenad Markovic, investigador del Argonne National Laboratory de EE. UU. que participó en septiembre de 2012 de un simposio internacional organizado en nuestro país por el Inquimae y el Conicet, la batería de litio oxígeno estaría en condiciones de suministrar “una energía cinco a diez veces mayor a la de una batería convencional de ion-litio”. Una de las empresas mejor posicionadas en esta carrera es la estadounidense IBM, a través de su proyecto “Battery 500”, del que también participan las japonesas Central Glass y Asahi Kasei Corporation. Por su parte, el gobierno alemán está subvencionando el proyecto de investigación “GLANZ”, que cuenta con la participación de la Universidad de Münster, el consorcio Schott y grandes actores de la industria, entre los que destacan Rockwood Lithium, Varta Microbattery y Volkswagen.
La industria también está moviendo sus fichas. Tesla Motors, principal desarrolladora de autos eléctricos, anunció en julio del año pasado la firma de un acuerdo con la japonesa Panasonic para la construcción de una planta de fabricación de baterías de ion-litio. Con su producción, la proyectada “gigafábrica” debería abastecer hacia 2020 a un total de 500.000 vehículos Tesla, lo que equivale a superar “el número de baterías de ion-litio que se produjeron en todo el mundo en 2013”, según confirmó el presidente de Tesla, Elon Musk. No es la primera alianza de este tipo, ya que en 2007 las japonesas Nissan y NEC conformaron la joint-venture Automobile Energy Supply Corporation (AESC) para manufacturar ese mismo tipo de tecnología, aunque destinada a autos híbridos. En enero de 2013, por su parte, la alemana BMW y la japonesa Toyota sellaron una asociación para avanzar juntas en el desarrollo de la nueva generación de baterías de litio-aire.
La “Arabia Saudita” del litio
En este contexto de altas expectativas para el desarrollo de esta promisoria fuente de energía, el denominado “Triángulo del Litio” se ha convertido en un imán para los grandes actores de la industria electrónica y automovilística. Esta zona, atravesada por los salares de Atacama, Uyuni, Hombre Muerto, Rincón y Olaroz, está ubicada en las zonas fronterizas de Bolivia, Chile y Argentina. Concentra alrededor del 60 por ciento de las reservas mundiales de litio y el 85 por ciento de las reservas internacionales de litio en salmueras. Según proyecciones del investigador R. Keith Evans, existen en el planeta reservas por 29,8 millones de toneladas, de las cuales 17,6 corresponden a reservorios de litio en salmueras; de estas últimas, 14,9 se ubicarían en el mencionado “Triángulo del Litio”.
En la actualidad Chile es el mayor productor de carbonato de litio del planeta. Las ventajas comparativas del salar de Atacama, de 2800 kilómetros cuadrados, son su “alta tasa de evaporación, buena infraestructura de acceso, facilidad de conexión a puertos, coproducción de sales de potasio y reservas de gran calidad”, tal como señala el analista Pedro Pavlovic Zuvic en su informe sobre La industria del litio en Chile, publicado en la revista del Colegio de Ingenieros trasandino. Allí el autor subrayaba que “las salmueras del salar de Atacama poseen la más alta concentración de litio (0,15 por ciento promedio) y una química muy favorable (moderada razón magnesio/litio) en comparación con las de otros salares”.
La producción del carbonato de litio en Chile está en manos de dos grandes empresas: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), cuyos accionistas mayoritarios son la sociedad de inversiones local Pampa Calichera y el grupo japonés Kowa; y la Sociedad Chilena de Litio (SCL), surgida en 1980 como empresa mixta con participación de la estatal Corfo, que vendió su participación accionaria en 1989, y actualmente es controlada por el grupo Rockwood Lithium, con sede en Fráncfort del Meno (Alemania). En cuanto a la capacidad instalada de sus plantas, la de SQM alcanza las 48.000 toneladas anuales de carbonato de litio –aunque evalúa una posible ampliación para llegar a 60.000–; en tanto que la de SCL cuenta actualmente con una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales, aunque proyecta aumentarla a 45.000.
Argentina y su política zigzagueante
La principal explotación de litio en funcionamiento en nuestro país es el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto, ubicado en territorio catamarqueño. Si bien el impulso inicial estuvo a cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) entre finales de la década del 60 y mediados de los 70, las reformas económicas impulsadas por el gobierno de facto de 1976-1983 dieron por tierra con cualquier posibilidad de desarrollo e industrialización local de ese insumo. Federico Nacif, integrante del Programa Institucional de Intervención Socio Ambiental (PIIdISA) de la Universidad Nacional de Quilmes, recuerda que para 1982 “la DGM decidió abandonar definitivamente el proyecto de prefactibilidad para la explotación del salar del Hombre Muerto (‘por falta de recursos económicos’) y presentar como alternativa un llamado a licitación internacional”.
En ese marco, una empresa estadounidense comenzó a interesarse por las reservas evaporíticas argentinas: la Lithium Corporation of America, que sería adquirida en 1985 por FMC Lithium. Tras la reforma del Estado lanzada en 1993 y la provincialización de los recursos naturales, plasmada en la reforma constitucional de 1994, el Proyecto Fénix sería concesionado por la administración de Catamarca y pasaría a ser operado por Minera del Altiplano, subsidiaria local de FMC. En abril de 1998, inauguración del Proyecto Fénix llevó a la Argentina a ser “la segunda exportadora mundial de compuestos de litio”. Actualmente, cuenta con una planta de absorción selectiva del mineral y otra de producción de carbonato de litio in situ, en Catamarca, y otra de cloruro de litio, en Güemes (Salta). La producción anual está en el orden de las 12.000 toneladas de carbonato de litio y 6000 toneladas de cloruro de litio, lo que ubica a FMC en el cuarto lugar a nivel mundial.
Al describir el régimen de promoción de inversiones en el que se insertó la explotación del litio en este primer proyecto, Nacif habla de una “efectiva transformación de los recursos públicos en propiedad minera concesionable para la producción de materias primas en forma de commodities”. El investigador recuerda, además, que FMC goza de un régimen de estabilidad fiscal por 30 años en virtud de la Ley 24196 de 1993 y comenta, a modo de ejemplo, que cuando en 2007 el gobierno buscó extender el limitado esquema de retenciones al sector minero (del 5 y 10 por ciento), las empresas interpusieron medidas cautelares alegando la violación de la mencionada estabilidad fiscal. Sin embargo, en el caso de Minera del Altiplano (FMC Lithium), en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de amparo por considerar que la empresa no había logrado demostrar que la aplicación de los derechos de exportación hubiese redundado en un aumento de la carga tributaria total.
En el último tiempo, el gran interés que despierta este recurso a nivel internacional ha llevado a las provincias productoras a adoptar una serie de medidas tendientes a involucrarse en la fase de explotación. El puntapié lo dio el Ejecutivo jujeño, en marzo de 2011, cuando el entonces gobernador Walter Barrionuevo firmó un decreto declarando al litio “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la provincia”. Tras cartón se creó la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que un año más tarde se integraría como socia minoritaria, con el 8,5 por ciento en ambos casos, de los proyectos Sales de Jujuy –cuyos accionistas mayoritarios son la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tosusho– y Cauchari-Olaroz –cuya operadora es la canadiense Lithium Americas, a través de su subsidiaria local Minera Exar, en sociedad con la japonesa Mitsubishi y la autopartista canadiense Magna–. Las otras dos grandes iniciativas en la Puna argentina son el proyecto Sal de Vida, de la australiana Galaxy Resources, en un área de 385 kilómetros cuadrados del salar del Hombre Muerto compartida por las provincias de Salta y Catamarca; y el Proyecto Rincón, operado por la canadiense ADY Resources, en el salar del Rincón (Salta).
Bolivia: una fuerte apuesta del Estado
El caso boliviano ofrece una perspectiva muy diferente de la que prima hasta hoy en la explotación de los recursos de los salares de Atacama, en Chile, y del Hombre Muerto, en Argentina. En 1974, el gobierno boliviano declaró como “reserva fiscal” las reservas minerales de las provincias Nor Lípez y Sur Lípez, lo que fue ratificado en 1985. El área afectada era, en concreto, de la Reserva Fiscal del salar de Uyuni, cuya administración, explotación, procesamiento y comercialización ha quedado en manos del Estado en virtud del artículo 369 de la nueva Constitución (“recursos de carácter estratégico para el país”) y del Decreto Supremo 29.117, firmado en mayo de 2007 por Evo Morales. La ejecución de la estrategia de explotación del litio está en manos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Aunque las reservas son enormes, la explotación no está libre de dificultades: los costos de extracción hacen que la producción de litio en Bolivia sea más cara que en Chile y Argentina, porque en el salar de Uyuni está mezclado con otros varios minerales, especialmente con potasio, boro y magnesio”, indica la investigadora Juliana Ströeble-Gregor, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, en un artículo publicado en la edición de marzo-abril de 2013 de la revista Nueva Sociedad. “La transformación a clorato requiere, además, el desarrollo de una nueva tecnología de evaporación, ya que en esta región boliviana –en contraste con los dos países vecinos mencionados– hay una temporada de lluvias de tres meses de duración”.
La estrategia del Gobierno boliviano contempla tres fases. La primera de ellas se puso en marcha en enero de 2013 con la inauguración de una planta piloto para la producción de carbonato de litio, ubicada en la localidad de Llipi, a 120 kilómetros del salar de Uyuni, donde –según información de fuentes oficiales– ya se ha alcanzado un producto con el 99,5 por ciento de pureza. Una segunda etapa dio inicio en febrero de 2014, a partir de la puesta en funcionamiento de la planta industrial de baterías de ion-litio en La Palca (Potosí), construida bajo la modalidad “llave en mano” por la empresa china LinYi Dake Trade. La última instancia del plan gubernamental contempla un futuro acuerdo con empresas que aporten la tecnología para la producción de baterías recargables para vehículos.
Industrialización local y valor agregado
En las conclusiones de su trabajo El litio en Argentina: de insumo estratégico a commodity, que acaba de publicar en la revista Herramienta, Federico Nacif lamenta que el debate hoy en la Argentina esté limitado únicamente “al nivel de inversiones extranjeras radicadas, la cantidad de empleo generado, el monto de las regalías percibidas por las provincias y –eventualmente– el impacto ambiental”. Desde su punto de vista, “superar la actual visión desarrollista/extractivista significa ver la alta rentabilidad internacional de los componentes de litio (carbonato de litio, litio metálico, cátodos, baterías recargables) solo como una condición económica que posibilitaría, a largo plazo, satisfacer una demanda social interna: la soberanía energética en base a la acumulación de energía renovable”.
En ese sentido, Ernesto Calvo señala que el gran desafío es “darles valor agregado a las sales de litio”, ya que “un kilo de carbonato de litio cuesta seis dólares, mientras que una batería de cinco kilos representa 25.000 dólares”. A juicio de Nacif, “la revolución tecnológica en baterías de litio impulsada por las instituciones de ciencia y tecnología de los países centrales nos obliga a encarar una estrategia alternativa a la concesión de los recursos para la explotación decommodities destinadas a abastecer lejanos desarrollos industriales”. En ese marco, sostiene, “la propiedad de los bienes naturales comunes emerge como condición de posibilidad para una política soberana de industrialización del litio al servicio de un nuevo esquema energético en América Latina”.
La industria también está moviendo sus fichas. Tesla Motors, principal desarrolladora de autos eléctricos, anunció en julio del año pasado la firma de un acuerdo con la japonesa Panasonic para la construcción de una planta de fabricación de baterías de ion-litio. Con su producción, la proyectada “gigafábrica” debería abastecer hacia 2020 a un total de 500.000 vehículos Tesla, lo que equivale a superar “el número de baterías de ion-litio que se produjeron en todo el mundo en 2013”, según confirmó el presidente de Tesla, Elon Musk. No es la primera alianza de este tipo, ya que en 2007 las japonesas Nissan y NEC conformaron la joint-venture Automobile Energy Supply Corporation (AESC) para manufacturar ese mismo tipo de tecnología, aunque destinada a autos híbridos. En enero de 2013, por su parte, la alemana BMW y la japonesa Toyota sellaron una asociación para avanzar juntas en el desarrollo de la nueva generación de baterías de litio-aire.
La “Arabia Saudita” del litio
En este contexto de altas expectativas para el desarrollo de esta promisoria fuente de energía, el denominado “Triángulo del Litio” se ha convertido en un imán para los grandes actores de la industria electrónica y automovilística. Esta zona, atravesada por los salares de Atacama, Uyuni, Hombre Muerto, Rincón y Olaroz, está ubicada en las zonas fronterizas de Bolivia, Chile y Argentina. Concentra alrededor del 60 por ciento de las reservas mundiales de litio y el 85 por ciento de las reservas internacionales de litio en salmueras. Según proyecciones del investigador R. Keith Evans, existen en el planeta reservas por 29,8 millones de toneladas, de las cuales 17,6 corresponden a reservorios de litio en salmueras; de estas últimas, 14,9 se ubicarían en el mencionado “Triángulo del Litio”.
En la actualidad Chile es el mayor productor de carbonato de litio del planeta. Las ventajas comparativas del salar de Atacama, de 2800 kilómetros cuadrados, son su “alta tasa de evaporación, buena infraestructura de acceso, facilidad de conexión a puertos, coproducción de sales de potasio y reservas de gran calidad”, tal como señala el analista Pedro Pavlovic Zuvic en su informe sobre La industria del litio en Chile, publicado en la revista del Colegio de Ingenieros trasandino. Allí el autor subrayaba que “las salmueras del salar de Atacama poseen la más alta concentración de litio (0,15 por ciento promedio) y una química muy favorable (moderada razón magnesio/litio) en comparación con las de otros salares”.
La producción del carbonato de litio en Chile está en manos de dos grandes empresas: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), cuyos accionistas mayoritarios son la sociedad de inversiones local Pampa Calichera y el grupo japonés Kowa; y la Sociedad Chilena de Litio (SCL), surgida en 1980 como empresa mixta con participación de la estatal Corfo, que vendió su participación accionaria en 1989, y actualmente es controlada por el grupo Rockwood Lithium, con sede en Fráncfort del Meno (Alemania). En cuanto a la capacidad instalada de sus plantas, la de SQM alcanza las 48.000 toneladas anuales de carbonato de litio –aunque evalúa una posible ampliación para llegar a 60.000–; en tanto que la de SCL cuenta actualmente con una capacidad de producción de 24.000 toneladas anuales, aunque proyecta aumentarla a 45.000.
Argentina y su política zigzagueante
La principal explotación de litio en funcionamiento en nuestro país es el Proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto, ubicado en territorio catamarqueño. Si bien el impulso inicial estuvo a cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) entre finales de la década del 60 y mediados de los 70, las reformas económicas impulsadas por el gobierno de facto de 1976-1983 dieron por tierra con cualquier posibilidad de desarrollo e industrialización local de ese insumo. Federico Nacif, integrante del Programa Institucional de Intervención Socio Ambiental (PIIdISA) de la Universidad Nacional de Quilmes, recuerda que para 1982 “la DGM decidió abandonar definitivamente el proyecto de prefactibilidad para la explotación del salar del Hombre Muerto (‘por falta de recursos económicos’) y presentar como alternativa un llamado a licitación internacional”.
En ese marco, una empresa estadounidense comenzó a interesarse por las reservas evaporíticas argentinas: la Lithium Corporation of America, que sería adquirida en 1985 por FMC Lithium. Tras la reforma del Estado lanzada en 1993 y la provincialización de los recursos naturales, plasmada en la reforma constitucional de 1994, el Proyecto Fénix sería concesionado por la administración de Catamarca y pasaría a ser operado por Minera del Altiplano, subsidiaria local de FMC. En abril de 1998, inauguración del Proyecto Fénix llevó a la Argentina a ser “la segunda exportadora mundial de compuestos de litio”. Actualmente, cuenta con una planta de absorción selectiva del mineral y otra de producción de carbonato de litio in situ, en Catamarca, y otra de cloruro de litio, en Güemes (Salta). La producción anual está en el orden de las 12.000 toneladas de carbonato de litio y 6000 toneladas de cloruro de litio, lo que ubica a FMC en el cuarto lugar a nivel mundial.
Al describir el régimen de promoción de inversiones en el que se insertó la explotación del litio en este primer proyecto, Nacif habla de una “efectiva transformación de los recursos públicos en propiedad minera concesionable para la producción de materias primas en forma de commodities”. El investigador recuerda, además, que FMC goza de un régimen de estabilidad fiscal por 30 años en virtud de la Ley 24196 de 1993 y comenta, a modo de ejemplo, que cuando en 2007 el gobierno buscó extender el limitado esquema de retenciones al sector minero (del 5 y 10 por ciento), las empresas interpusieron medidas cautelares alegando la violación de la mencionada estabilidad fiscal. Sin embargo, en el caso de Minera del Altiplano (FMC Lithium), en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda de amparo por considerar que la empresa no había logrado demostrar que la aplicación de los derechos de exportación hubiese redundado en un aumento de la carga tributaria total.
En el último tiempo, el gran interés que despierta este recurso a nivel internacional ha llevado a las provincias productoras a adoptar una serie de medidas tendientes a involucrarse en la fase de explotación. El puntapié lo dio el Ejecutivo jujeño, en marzo de 2011, cuando el entonces gobernador Walter Barrionuevo firmó un decreto declarando al litio “recurso natural estratégico generador del desarrollo socioeconómico de la provincia”. Tras cartón se creó la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), que un año más tarde se integraría como socia minoritaria, con el 8,5 por ciento en ambos casos, de los proyectos Sales de Jujuy –cuyos accionistas mayoritarios son la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tosusho– y Cauchari-Olaroz –cuya operadora es la canadiense Lithium Americas, a través de su subsidiaria local Minera Exar, en sociedad con la japonesa Mitsubishi y la autopartista canadiense Magna–. Las otras dos grandes iniciativas en la Puna argentina son el proyecto Sal de Vida, de la australiana Galaxy Resources, en un área de 385 kilómetros cuadrados del salar del Hombre Muerto compartida por las provincias de Salta y Catamarca; y el Proyecto Rincón, operado por la canadiense ADY Resources, en el salar del Rincón (Salta).
Bolivia: una fuerte apuesta del Estado
El caso boliviano ofrece una perspectiva muy diferente de la que prima hasta hoy en la explotación de los recursos de los salares de Atacama, en Chile, y del Hombre Muerto, en Argentina. En 1974, el gobierno boliviano declaró como “reserva fiscal” las reservas minerales de las provincias Nor Lípez y Sur Lípez, lo que fue ratificado en 1985. El área afectada era, en concreto, de la Reserva Fiscal del salar de Uyuni, cuya administración, explotación, procesamiento y comercialización ha quedado en manos del Estado en virtud del artículo 369 de la nueva Constitución (“recursos de carácter estratégico para el país”) y del Decreto Supremo 29.117, firmado en mayo de 2007 por Evo Morales. La ejecución de la estrategia de explotación del litio está en manos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) dependiente de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
“Aunque las reservas son enormes, la explotación no está libre de dificultades: los costos de extracción hacen que la producción de litio en Bolivia sea más cara que en Chile y Argentina, porque en el salar de Uyuni está mezclado con otros varios minerales, especialmente con potasio, boro y magnesio”, indica la investigadora Juliana Ströeble-Gregor, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, en un artículo publicado en la edición de marzo-abril de 2013 de la revista Nueva Sociedad. “La transformación a clorato requiere, además, el desarrollo de una nueva tecnología de evaporación, ya que en esta región boliviana –en contraste con los dos países vecinos mencionados– hay una temporada de lluvias de tres meses de duración”.
La estrategia del Gobierno boliviano contempla tres fases. La primera de ellas se puso en marcha en enero de 2013 con la inauguración de una planta piloto para la producción de carbonato de litio, ubicada en la localidad de Llipi, a 120 kilómetros del salar de Uyuni, donde –según información de fuentes oficiales– ya se ha alcanzado un producto con el 99,5 por ciento de pureza. Una segunda etapa dio inicio en febrero de 2014, a partir de la puesta en funcionamiento de la planta industrial de baterías de ion-litio en La Palca (Potosí), construida bajo la modalidad “llave en mano” por la empresa china LinYi Dake Trade. La última instancia del plan gubernamental contempla un futuro acuerdo con empresas que aporten la tecnología para la producción de baterías recargables para vehículos.
Industrialización local y valor agregado
En las conclusiones de su trabajo El litio en Argentina: de insumo estratégico a commodity, que acaba de publicar en la revista Herramienta, Federico Nacif lamenta que el debate hoy en la Argentina esté limitado únicamente “al nivel de inversiones extranjeras radicadas, la cantidad de empleo generado, el monto de las regalías percibidas por las provincias y –eventualmente– el impacto ambiental”. Desde su punto de vista, “superar la actual visión desarrollista/extractivista significa ver la alta rentabilidad internacional de los componentes de litio (carbonato de litio, litio metálico, cátodos, baterías recargables) solo como una condición económica que posibilitaría, a largo plazo, satisfacer una demanda social interna: la soberanía energética en base a la acumulación de energía renovable”.
En ese sentido, Ernesto Calvo señala que el gran desafío es “darles valor agregado a las sales de litio”, ya que “un kilo de carbonato de litio cuesta seis dólares, mientras que una batería de cinco kilos representa 25.000 dólares”. A juicio de Nacif, “la revolución tecnológica en baterías de litio impulsada por las instituciones de ciencia y tecnología de los países centrales nos obliga a encarar una estrategia alternativa a la concesión de los recursos para la explotación decommodities destinadas a abastecer lejanos desarrollos industriales”. En ese marco, sostiene, “la propiedad de los bienes naturales comunes emerge como condición de posibilidad para una política soberana de industrialización del litio al servicio de un nuevo esquema energético en América Latina”.
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