El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone crear un Consejo de Seguridad Nacional que tendrá un papel central en la conducción y coordinación de las políticas vinculadas con la seguridad del país. La iniciativa establece que el Consejo será el órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional y estará presidido por el Presidente de la Nación. El nuevo sistema abarcará de manera articulada las funciones diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia, además de aquellas relacionadas con la protección de infraestructuras críticas y la soberanía nacional. La propuesta coloca al Presidente al frente de la dirección política del sistema, en su carácter de Jefe Supremo de la Nación, responsable político de la administración general del país y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Quiénes integrarían el Consejo
El proyecto establece una estructura con miembros permanentes y no permanentes.Los permanentes serían el Presidente de la Nación; el Jefe de Gabinete de Ministros; el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el ministro de Defensa; el ministro de Economía; el secretario de Inteligencia de Estado; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Los miembros no permanentes serán convocados por el Presidente del Consejo de acuerdo con los temas que se incorporen a cada reunión. El proyecto permite además convocar a otras personas cuando sus conocimientos o competencias en cuestiones estratégicas puedan resultar de utilidad.
El texto establece que tanto los miembros permanentes como los no permanentes estarán sujetos, respecto de la información que conozcan por su participación en el Consejo, al régimen de confidencialidad y a las responsabilidades previstas en la Ley de Inteligencia Nacional.
Qué funciones tendrá
Las atribuciones previstas para el Consejo son amplias. Entre ellas se encuentra asesorar al Presidente en todo lo relacionado con la Seguridad Nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional para su aprobación por el Poder Ejecutivo y aprobar las políticas sectoriales de los organismos que integran el sistema. También tendrá la responsabilidad de coordinar y supervisar la ejecución de la Política de Seguridad Nacional y de las políticas sectoriales, incluyendo a los órganos, fuerzas y medios comprometidos en las acciones de seguridad. Otra de sus funciones será orientar las prioridades del sistema y los esfuerzos de inversión, investigación, capacitación y desarrollo. El proyecto le asigna además competencias específicas en materia de control aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, de acuerdo con las disposiciones previstas en el propio proyecto de ley.
Uno de los cambios centrales se encuentra en la redefinición de la Defensa Nacional, que pasaría a contemplar riesgos, amenazas y desafíos de origen externo, tanto estatales como no estatales, y de carácter cinético o no cinético. En este marco, la iniciativa establece que las Fuerzas Armadas constituyen el instrumento militar de la Defensa Nacional y deberán estar organizadas, adiestradas y equipadas para su empleo disuasivo y efectivo frente a este tipo de escenarios. Asimismo, contempla su participación en operaciones militares convencionales y no convencionales, además de operaciones distintas de la guerra, mantenimiento de la paz, asistencia humanitaria y apoyo a otros países o a la comunidad nacional.
Infraestructuras críticas
El Consejo también tendrá un papel central en la protección de las denominadas Infraestructuras Críticas. Entre sus responsabilidades estará elaborar la Estrategia Nacional y el Plan Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas, identificar aquellas consideradas de interés nacional y coordinar su protección. La iniciativa contempla incluso la posibilidad de coordinar la protección de infraestructuras binacionales o plurinacionales con organismos internacionales o con otros Estados.
Poder para requerir información
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es que el Consejo tendrá facultades para requerir de manera obligatoria información y asistencia a cualquier órgano u organismo del Sector Público Nacional cuando resulte necesario para cumplir sus funciones.
También podrá solicitar la cooperación de los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios. Esto le otorga al organismo una capacidad de coordinación transversal que excede específicamente al ámbito militar y busca integrar información y recursos de distintas áreas del Estado.
Una política de seguridad integrada
El proyecto establece que el Consejo deberá elaborar y elevar al Poder Ejecutivo la Política de Seguridad Nacional, que fijará los lineamientos y objetivos generales del sistema. A partir de esa política, los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de Inteligencia de Estado, deberán elaborar sus respectivas políticas sectoriales. El Consejo deberá verificar que sean compatibles con la Política de Seguridad Nacional, aprobarlas y controlar su ejecución.
El esquema propuesto busca así concentrar en un mismo ámbito la coordinación de áreas que tradicionalmente funcionan con competencias diferenciadas: Defensa, política exterior, economía e inteligencia, sumando además las dimensiones cibernética, jurídica y de protección de infraestructuras críticas.
El proyecto deberá ahora atravesar el debate parlamentario. De aprobarse, el Consejo de Seguridad Nacional se convertiría en una de las principales estructuras de coordinación estratégica del Estado argentino, con el Presidente de la Nación como autoridad política máxima y con participación permanente de las áreas consideradas centrales para la seguridad nacional.
¿Sirve un Consejo de Seguridad Nacional en Argentina? El desafío que impone el futuro
Edgardo Glavinich analiza los condicionantes de este nuevo organismo, las amenazas reales del país y las razones estructurales por las cuales la cartera de Economía debe integrar la mesa estratégica.
El debate sobre la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional en Argentina no surgió de manera aislada, sino en respuesta a la cuestión Malvinas, a un contexto global convulso y a la reconfiguración del escenario hemisférico. En este entorno, las tensiones geopolíticas y la competencia entre Estados Unidos y China convierten a los recursos naturales y la infraestructura regional en activos estratégicos de alto valor.
El director de la Fundación Sherman Kent, Edgardo Glavinich, indicó “el nuevo organismo es un formato institucional, no una doctrina, y conviene tratarlo como tal”.
En ese sentido, advierte que la existencia legal del órgano no asegura nada, ya que “el diagnóstico no es la ausencia de una mesa sino la ausencia de procesos, secretaría y producto”.
La incorporación de Economía: El eje de la seguridad moderna
Lo que verdaderamente cambió en Argentina no es solo la arquitectura institucional, sino la urgencia geopolítica del país: “Con el Corolario Trump en ejecución y una captura presidencial en el hemisferio, un país que administra simultáneamente dependencias con Washington y Beijing necesitaría, más que nunca, un lugar donde esas decisiones se evalúen juntas“.
Una de las particularidades más relevantes del debate actual sobre el Consejo de Seguridad Nacional es la presencia del Ministerio de Economía junto a las carteras tradicionales de Defensa, Cancillería e Inteligencia. Lejos de ser un detalle secundario, la inclusión del área económica refleja la evolución misma de los conflictos globales.
El Ministerio de Economía compondría el nuevo Consejo de Seguridad Nacional que impulsa el gobierno de Javier Milei, ante la creciente importancia de la seguridad de la infraestructura crítica.
Glavinich explica las razones centrales que justifican esta integración multidisciplinaria: “Los instrumentos con los que hoy los Estados presionan, disuaden y sancionan son financieros, comerciales y tecnológicos antes que militares. En el hemisferio actual, los swaps, los puertos y las estaciones espaciales se leen como activos de seguridad, y evaluarlos exige una inteligencia económica que el Estado argentino no produce de manera sistemática“.
A esto se suma la realidad presupuestaria y la capacidad de ejecución del Estado. La conducción estratégica requiere recursos, y “un consejo que define prioridades sin el ministro que asigna el presupuesto define deseos”. No obstante, el analista señala también el riesgo inherente a este diseño si no se aplica con visión de largo plazo, advirtiendo que el peligro es “que al final Economía participe como filtro fiscal y no como actor estratégico, subordinando la seguridad nacional a la caja del trimestre”.
El mito del NSC estadounidense y las amenazas reales del país
A raíz del anuncio del presidente Javier Milei en cadena nacional, surgió la comparativa del Consejo de Seguridad Nacional con el National Security Council (NSC) de los Estados Unidos. Si bien el NSC sentó un precedente histórico en 1947 para coordinar el área de política exterior y defensa, Glavinich considera que pretender replicarlo de manera lineal en la Argentina sería un acierto solo parcial.
Las diferencias sustanciales de escala presupuestaria, las características de la burocracia estatal y la estricta separación legal argentina entre defensa nacional y seguridad interior exigen mirar modelos de países intermedios como el Reino Unido, España o Francia, que tomaron del modelo norteamericano el proceso técnico y no el gigantismo.
En cuanto a la agenda concreta que debería atender el organismo en el caso argentino, el análisis demuestra que las prioridades distan de los esquemas bélicos tradicionales. Glavinich sostiene que las amenazas relevantes rara vez son militares en sentido clásico, pero resultan profundamente estratégicas por su capacidad para erosionar la soberanía y la gobernabilidad.
Edgardo Glavinich sostiene que Argentina podría mirar modelos en Estados Unidos y Reino Unido, pero debería entender las diferencias entre las necesidades nacionales y las extranjeras.
En primer lugar, ubica al crimen organizado transnacional, destacando que “ya no es un problema de seguridad interior, sino de gobernanza: rutas fluviales y portuarias, lavado, corrupción institucional y organizaciones con vínculos regionales, con Rosario y la Hidrovía como su expresión más visible”. A este fenómeno se suma la desprotección de los espacios marítimos y aéreos, la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y el dominio cibernético, la interferencia extranjera en inversiones sensibles y el riesgo latente del terrorismo internacional.
Respecto de los escenarios de conflicto y la proyección geopolítica, Glavinich precisa que las hipótesis de trabajo deben ser de contexto antes que de rivales declarados:
“La primera es el Atlántico Sur y la Antártida como espacio de competencia creciente, donde la proyección británica, el interés extrarregional en el paso bioceánico y una estrategia estadounidense que define el hemisferio ‘hasta la Antártida’ exigen presencia naval, logística y científica sostenida, no anuncios”.
Entre estos escenarios menciona además el impacto de las crisis regionales con derrame, la vulnerabilidad de los puertos agroindustriales del Gran Rosario frente a un eventual bloqueo o sabotaje, los conflictos híbridos de baja intensidad y el riesgo latente de quedar envueltos en disputas de grandes potencias a causa de las propias dependencias financieras e infraestructurales.
Las tres variables para evitar un “consejo de papel”
El verdadero desafío de la iniciativa no pasa por firmar un nuevo decreto, sino por lograr que la institución funcione y se sostenga en el tiempo como una verdadera política de Estado. La experiencia regional demuestra que América Latina está llena de organismos colegiados que jamás operaron como declaraban.
En la Argentina, el Consejo de Defensa Nacional de la Ley 23.554 existe formalmente desde 1988, pero en casi cuatro décadas no logró producir de manera regular directivas estratégicas.
Para evitar repetir ese patrón, Glavinich destaca que la eficacia del Consejo dependerá exclusivamente de tres pilares fundamentales que deben garantizarse en su diseño:
El primer pilar es una secretaría técnica permanente y profesional. Sin un cuerpo técnico con analistas de carrera que preparen las opciones, gestionen las crisis y hagan seguimiento a la ejecución, cualquier consejo queda reducido a una reunión de gabinete sin continuidad.
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| El Atlántico Sur y la Antártida recobran relevancia tras el giro de la política exterior de Argentina y deben ser temas centrales del futuro Consejo de Seguridad Nacional. |
El tercer pilar reside en la obligación legal de funcionar junto a un estricto control parlamentario. Esto implica establecer por ley la periodicidad mínima de las reuniones y dar intervención a las comisiones del Congreso para garantizar el contrapeso democrático.
La implementación de un Consejo de Seguridad Nacional en la Argentina representa una decisión crucial que definirá el grado de soberanía con el que el país enfrente los desafíos geopolíticos de las próximas décadas. Pese a este potencial, Edgardo Glavinich deja dudas hacia el futuro: “La pregunta correcta sobre el Consejo de Seguridad Nacional no es si la Argentina necesita uno, sino por qué esta vez funcionaría”, concluyó el experto y dejó entrever
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