Por Jorge Alejandro Suárez Saponaro - Zona Militar
La crisis de la FAA
La declaración de la emergencia de seguridad, implicó entre otras cosas la aprobación de un reglamento, en el cual se faculta a la FAA en casos excepcionales al eventual derribo de aeronaves que violen el espacio aéreo. Asimismo, la norma impulsa nuevamente el Plan de Radarizacíón, con prioridad en la zona norte del país. El dictado de esta norma, encontró a la FAA en una crisis gravísima, con una pérdida sustancial de capacidades que van desde la baja de los veteranos cazas Mirage, la práctica paralización de la flota A-4AR, la dura realidad de los aviones de instrucción básica, las limitaciones de la aviación de transporte, a lo que se agrega las limitaciones en el plan de radarización por problemas de presupuesto. A ello se une la voluntad de las autoridades provinciales, que por convenios asumieron la responsabilidad de construir las instalaciones e infraestructuras, que en más de un caso han quedado en punto muerto, como ha ocurrido en la provincia de Formosa.
En este contexto, el Poder Ejecutivo instruyó al Ministerio de Defensa “un ambicioso y profundo plan de reforma de las instituciones armadas” que ha generado reservas en sectores militares, dado que temen que sea un plan de más recortes y reducciones, que no se tomen medidas para recuperar capacidades. En el caso de la FAA, como afirmó un ex mando de la institución, esta se encuentra destruida y por ende, el plan de reforma, debe ser de “reconstrucción”.
La FAA enfrenta día a día duros desafíos, que van desde intentar mantener algún material en vuelo, adiestrar a su personal, mantener un sistema de bienestar social y vivienda y ser responsable de un despliegue, que a todas luces está desactualizado, dado la realidad estratégica del país y que respondió a circunstancias distintas que datan de hace más de cincuenta años. La degradación de infraestructuras y materiales es continua, ni siquiera puede cumplir con éxito las demandas de la emergencia de seguridad, especialmente para contrarrestar la violación del espacio aéreo, como otras tareas de impacto “político” pero no menos importante como asistencia a la comunidad, lucha contra incendios, transporte de fuerzas de seguridad, apoyo a la presencia argentina en la Antártida.










