Resulta innegable que el actual gobierno no recibió una Defensa en buena condiciones. Peor también, que al fin de la actual gestión la situación ha empeorado claramente.
Décadas de bajo presupuesto y sobre todo de inadecuada distribución de aquél –presupuesto del 1% del PBI o menor, 80% o más personal, 15 al 17 % funcionamiento, 1 a 5%- equipamiento, imperantes desde 1991- habían ocasionado graves efectos en materia de obsolescencia del equipamiento y limitaciones en el adiestramiento del personal.
Circunstancias a las que se agregaba una estructura deformada, con una desproporcionada cantidad de oficiales de grados altos que incrementa el gasto en personal -incluyendo pasividades- generándose unidades incompletas, y excesivas estructuras burocráticas, todo ello ocasionado por la falta de reestructuración tras las reducciones presupuestarias. También es innegable que al fin de la actual gestión, la situación ha empeorado claramente.
Desde principios de 2016 el país carece virtualmente de aviación de combate, con tres viejos aviones A-4AR por tal concepto. En cambio se compraron a Estados Unidos 12 aviones de entrenamiento anunciados como Beechraft T-6+ Texan II, presuntamente para la lucha contra el narcotráfico. No obstante, se adquirió la versión desarmada T-6, con lo que no pueden cumplir tal función. Buenos aviones de entrenamiento, su adquisición no aparecía como necesaria contándose con los entrenadores básicos Grob G-120, Tecnam P2002J, Emb 312 Tucano, y avanzados IA-63 Pampa.
La carencia de aviación de combate durante todo el período colocó en situación de extrema vulnerabilidad al país.
Como solución, se habría optado tras casi cuatro años por adquirir 12 aviones livianos de combate coreanos FA-50, derivados del avión de adiestramiento avanzado T-50. Sus prestaciones son sustancialmente inferiores a las de los aviones de combate de cuarta generación con que cuentan Chile, Perú y Brasil (con el F-39 Gripen E) . Esta compra implicaría realizar un importante gasto –más de 500 millones de dólares- sin lograr una razonable capacidad de intercepción y combate.
La catástrofe del ARA San Juan debió haber provocado una reacción contra la situación descripta. Lo cierto es que nada concreto se ha hecho en materia de reestructuración. En cambio, las reducciones presupuestarias de 2018 y 2019, impactando sobre los fondos para adiestramiento, han agravado la situación.
Mientras el país carece de submarinos en condiciones de operar, situación en la que se halla parte de los buques de la Armada, habiéndose suspendido la modernización a realizarse con intervención de INVAP de diversos buques, fue dispuesta la adquisición a Francia de 4 patrulleros Gowind OPV-90 por 319 millones de euros, incluyendo tres buques nuevos y uno usado. Éste, “L’Adroit”, tras ocho años de navegación en inútil búsqueda de comprador, rechazado por la Armada francesa y por diversos países, logró ser comprado por Argentina. Se trata de buques que por sus características son sólo aptos para función de policía naval.
Tal compra se realizó pese a haberse celebrado en marzo de 2016 un convenio entre Astillero Río Santiago y la Armada Argentina para la construcción del OPV Fassmer cuyos planos habían sido adquirido anteriormente –que Chile construyó en el Astillero ASMAR-. En definitiva, el país tiene buques con varias décadas y ninguna modernización y parte de ellos sin condiciones para navegar, pero compra onerosos buques patrulleros con capacidades que se superponen con otros medios del Estado. Si se concreta la compra del FA-50, se habrá alcanzado el milagro de gastar mil millones de dólares, sin salir de la indefensión…
Durante la actual gestión, se suspendió la modernización del TAM contratada anteriormente con Elbit Systems –se llegó a modernizar un tanque- con lo que el principal blindado argentino, continuará con sus sistemas de los 80s y careciendo de la esencial capacidad de combate nocturno.
En definitiva, plataformas con 30, 40 y 50 años sin modernización, malas condiciones de mantenimiento, múltiples sistemas de armas inoperables, compras redundantes o poco útiles, unidades incompletas, estructuras con deformaciones derivadas del excesivo número de personal de grados altos, aviación de combate y fuerza submarina inexistentes. Sólo puede colocarse en el haber el esfuerzo casi anónimo de quienes luchando con la escasez de medios y recursos procuran pese a todo entrenarse lo mejor posible, permitiendo la esperanza.
Frente a la virtual situación de indefensión, la próxima gestión tiene el enorme desafío y la oportunidad de realizar la postergada –desde 1985- reestructuración y modernización de las Fuerzas Armadas, restableciendo adecuadas proporciones entre los grados militares, obteniendo las unidades completas necesarias, suprimiendo estructuras burocráticas, obteniendo que el gasto militar incluya adecuadas proporciones para funcionamiento y equipamiento, y reequipando a las Fuerzas Armadas. Se requiere no sólo dinero –parte puede obtenerse por reestructuración- sino idoneidad y voluntad política, pero es posible y necesario, si se quieren preservar la integridad territorial y los recursos naturales del país.
*José Manuel Ugarte es Doctor en Derecho y profesor de la UBA. Corredactor de las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.Por José Manuel Ugarte - Clarin.com
Ejercicio de tropas en Campo de Mayo. Foto: EFE/ Enrique García Medina
Décadas de bajo presupuesto y sobre todo de inadecuada distribución de aquél –presupuesto del 1% del PBI o menor, 80% o más personal, 15 al 17 % funcionamiento, 1 a 5%- equipamiento, imperantes desde 1991- habían ocasionado graves efectos en materia de obsolescencia del equipamiento y limitaciones en el adiestramiento del personal.
Circunstancias a las que se agregaba una estructura deformada, con una desproporcionada cantidad de oficiales de grados altos que incrementa el gasto en personal -incluyendo pasividades- generándose unidades incompletas, y excesivas estructuras burocráticas, todo ello ocasionado por la falta de reestructuración tras las reducciones presupuestarias. También es innegable que al fin de la actual gestión, la situación ha empeorado claramente.
Desde principios de 2016 el país carece virtualmente de aviación de combate, con tres viejos aviones A-4AR por tal concepto. En cambio se compraron a Estados Unidos 12 aviones de entrenamiento anunciados como Beechraft T-6+ Texan II, presuntamente para la lucha contra el narcotráfico. No obstante, se adquirió la versión desarmada T-6, con lo que no pueden cumplir tal función. Buenos aviones de entrenamiento, su adquisición no aparecía como necesaria contándose con los entrenadores básicos Grob G-120, Tecnam P2002J, Emb 312 Tucano, y avanzados IA-63 Pampa.
La carencia de aviación de combate durante todo el período colocó en situación de extrema vulnerabilidad al país.
Como solución, se habría optado tras casi cuatro años por adquirir 12 aviones livianos de combate coreanos FA-50, derivados del avión de adiestramiento avanzado T-50. Sus prestaciones son sustancialmente inferiores a las de los aviones de combate de cuarta generación con que cuentan Chile, Perú y Brasil (con el F-39 Gripen E) . Esta compra implicaría realizar un importante gasto –más de 500 millones de dólares- sin lograr una razonable capacidad de intercepción y combate.
La catástrofe del ARA San Juan debió haber provocado una reacción contra la situación descripta. Lo cierto es que nada concreto se ha hecho en materia de reestructuración. En cambio, las reducciones presupuestarias de 2018 y 2019, impactando sobre los fondos para adiestramiento, han agravado la situación.
Mientras el país carece de submarinos en condiciones de operar, situación en la que se halla parte de los buques de la Armada, habiéndose suspendido la modernización a realizarse con intervención de INVAP de diversos buques, fue dispuesta la adquisición a Francia de 4 patrulleros Gowind OPV-90 por 319 millones de euros, incluyendo tres buques nuevos y uno usado. Éste, “L’Adroit”, tras ocho años de navegación en inútil búsqueda de comprador, rechazado por la Armada francesa y por diversos países, logró ser comprado por Argentina. Se trata de buques que por sus características son sólo aptos para función de policía naval.
Tal compra se realizó pese a haberse celebrado en marzo de 2016 un convenio entre Astillero Río Santiago y la Armada Argentina para la construcción del OPV Fassmer cuyos planos habían sido adquirido anteriormente –que Chile construyó en el Astillero ASMAR-. En definitiva, el país tiene buques con varias décadas y ninguna modernización y parte de ellos sin condiciones para navegar, pero compra onerosos buques patrulleros con capacidades que se superponen con otros medios del Estado. Si se concreta la compra del FA-50, se habrá alcanzado el milagro de gastar mil millones de dólares, sin salir de la indefensión…
Durante la actual gestión, se suspendió la modernización del TAM contratada anteriormente con Elbit Systems –se llegó a modernizar un tanque- con lo que el principal blindado argentino, continuará con sus sistemas de los 80s y careciendo de la esencial capacidad de combate nocturno.
En definitiva, plataformas con 30, 40 y 50 años sin modernización, malas condiciones de mantenimiento, múltiples sistemas de armas inoperables, compras redundantes o poco útiles, unidades incompletas, estructuras con deformaciones derivadas del excesivo número de personal de grados altos, aviación de combate y fuerza submarina inexistentes. Sólo puede colocarse en el haber el esfuerzo casi anónimo de quienes luchando con la escasez de medios y recursos procuran pese a todo entrenarse lo mejor posible, permitiendo la esperanza.
Frente a la virtual situación de indefensión, la próxima gestión tiene el enorme desafío y la oportunidad de realizar la postergada –desde 1985- reestructuración y modernización de las Fuerzas Armadas, restableciendo adecuadas proporciones entre los grados militares, obteniendo las unidades completas necesarias, suprimiendo estructuras burocráticas, obteniendo que el gasto militar incluya adecuadas proporciones para funcionamiento y equipamiento, y reequipando a las Fuerzas Armadas. Se requiere no sólo dinero –parte puede obtenerse por reestructuración- sino idoneidad y voluntad política, pero es posible y necesario, si se quieren preservar la integridad territorial y los recursos naturales del país.
*José Manuel Ugarte es Doctor en Derecho y profesor de la UBA. Corredactor de las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.Por José Manuel Ugarte - Clarin.com
A lo largo de los años, de las sucesivas presidencias, las FFAA han perdido capacidades estratégicas, sin que la clase política tomara medidas para subsanarlo. Comprar entrenadores sin capacidad de ataque ligero, habiendo medios de este tipo en existencia en la FAA, fue más una medida política como ofrenda a Trump por parte de Macri. Si bien son un adelanto tecnológico, lo que necesita el país es la capacidad de caza supersónica, perdida con la jubilación de los Mirage. Yo veo a los FA-50 como reemplazo de los A4AR más que de los Mirage, cazas puros. Esto está en consonancia con la política del gobierno de dar prioridad a los temas de seguridad antes que a la defensa, en la errónea creencia de que las guerras convencionales ya son cosa del pasado en la región. La historia no es una foto, donde todos somos buenitos. La geopolítica es dinámica y nunca se sabe cuándo un país vecino pone en el gobierno a un peligroso.
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