Tropas militares en el vecindario de Botafogo, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de julio de 2017. Foto Afp
Río de Janeiro. Una fuerza de 10 mil hombres -incluidos 8 mil 500 militares- empezó a desplegarse el viernes en Río de Janeiro, un estado brasileño en pleno marasmo económico, devastado por la inseguridad y los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.
Blindados de transporte de tropas circulaban por la tarde por la ciudad, después que el presidente Michel Temer firmara el decreto que "autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el Estado" de Rio.
Dos vehículos de ese tipo, con decenas de uniformados en torno, se desplegaron en el aeropuerto de Santos Dumont, en el centro de la ciudad, y otros dos en la playa de Botafogo, indicaron reporteros de la AFP.
En total, 8 mil 500 militares, 620 de la Fuerza Nacional (formada por diversos cuerpos policiales y de bomberos), 380 de la Policía de Carreteras y 740 policías del estado de Río integran el refuerzo.
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El despliegue se prolongará hasta fines de 2018, cuando concluya el mandato de Temer.
“El objetivo de la misión es preservar el orden público y garantizar el funcionamiento de las instituciones", explicó el mandatario conservador en un video colgado en las redes sociales.
Se trata, agregó, de "un nuevo paso ante esa situación que hoy preocupa y angustia a todos los brasileños".
'Un pacto por la seguridad y la paz'
El ministro de Defensa, Raul Jungmann, dijo que no está previsto, en principio, un patrullaje militar "ostensivo" y que la operación se estructuraría en cuatro ejes: "inteligencia", "integración" entre cuerpos, operaciones "sorpresa" y "participación activa" de la sociedad.
"Rio precisa un pacto por la seguridad y por la paz", afirmó.
"Vamos a llegar al crimen organizado, a sus cadenas de mando", prometió.
"Estamos repitiendo la fórmula de los Juegos Olímpicos de 2016, que tanto éxito tuvo", afirmó Jungmann. Para la seguridad de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Rio, en agosto y septiembre de 2016, se desplegaron 85 mil militares y policías, el doble que en Londres-2012.
Con 6.5 millones de habitantes y una enorme desigualdad social, la ciudad de Río enfrenta altos niveles de criminalidad, alimentados por bandas de delincuentes fuertemente armadas. La sensación de inseguridad se ha agravado por la catastrófica situación financiera del Estado, que retrasó el salario de muchos de sus funcionarios, incluidos los policías.
A fines de junio, casi un centenar de policías militares (PM, un cuerpo de represión dependiente de las autoridades de cada Estado) fueron detenidos y acusados de implicación y complicidad en el tráfico de drogas.
Y en lo que va del 2017, 91 policías murieron en este Estado petrolero, sede de Petrobras, en el centro del escándalo de sobornos que condujo tras las rejas a buena parte de la élite política y empresarial del país; entre ellos, el exgobernador Sergio Cabral y el exdiputado de Rio Eduardo Cunha, condenados a duras penas de cárcel.
Una de cada cuatro escuelas tuvo que cerrar por determinados periodos o se vio obligada a interrumpir cursos a causa de tiroteos u otros tipos de enfrentamientos, según la Secretaría Municipal de Educación, citada por la estatal Agencia Brasil.
En promedio, tres personas fueron víctimas cada día de balas perdidas en los seis primeros meses del año, según un estudio del diario O Globo.
"Hemos perdido totalmente el control de la seguridad de Río, ya nadie puede desplazarse con tranquilidad. Le estamos pidiendo diariamente al ministro [de Hacienda] Henrique Meirelles que firme un acuerdo de recuperación fiscal, para empezar a reorganizar el Estado", escribió mediados de mes en una red social el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
La movilización militar se decidió en el marco de un dispositivo constitucional de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), al que el Ejecutivo brasileño ya recurrió 29 veces entre 2010 y 2017, para enfrentar crisis puntuales de seguridad en diversos Estados.
En febrero, unos nueve mil soldados acudieron al auxilio de las fuerzas locales de seguridad de Río en vísperas del Carnaval, ante un principio de huelga policial que las autoridades temían pudiese aumentar los casos de violencia.
Temer, que ostenta un nivel récord de impopularidad (5% de opiniones favorables) adopta estas decisiones en vísperas de una semana crucial, en la cual la Cámara de Diputados votará si encamina a la corte suprema o si archiva una denuncia de corrupción pasiva en su contra.
Fuente: Diario La Jornada México
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