Durante la visita a la Argentina, en marzo de 2016, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama ingresó en territorio argentino escoltado por aviones estadounidenses F-16, dado que el país no poseía avión de combate alguno.
Esa situación no se ha modificado en lo sustancial; un país con vastas ciudades, centros industriales, centrales nucleares, etc. no posee medio alguno para interceptar un ataque aéreo en caso de conflicto. Tampoco tiene modo de hacer respetar su soberanía en su espacio aéreo, si algún país (tal como el Reino Unido, con quien mantiene un conflicto territorial) decidiera vulnerarlo. No existe en el mundo un país de características de algún modo similares a las de la Argentina (PBI, territorio, población) en una situación comparable.
No se limita la mencionada situación al espacio aéreo. Si del ámbito terrestre se trata, por ejemplo, en materia de blindados, la familia TAM, en su día los mejores de Sudamérica, presentan tras más de tres décadas una situación de obsolescencia, superados holgadamente en blindaje, artillería, sensores y dirección de tiro por sus similares modernos, de los cuales ya hay presencia en la región. Su modernización con cooperación israelí habrá de mejorar múltiples aspectos, pero demandará años que prolongarán la vulnerabilidad, y no permitirá mudar su naturaleza en términos actuales de tanques livianos, necesitados de la complementación de tanques de batalla principales. La Armada, que cuenta con buques de guerra de superficie y submarinos no obsoletos o modernizables -aspecto que se está encarando- enfrenta limitaciones presupuestarias para mantenerlos y para mantener adecuadamente entrenado a su personal, así como para recuperar la operatividad de sus medios aéreos. Tampoco se advierten planes concretos para encarar la renovación de la flota.
Esta situación es ampliamente conocida en el mundo. En su edición 2017, The Military Balance examina detenidamente la situación de defensa de Argentina, destacando la necesidad de “reemplazar una gran cantidad de plataformas viejas, inoperables y retiradas”, señalando “falta de inversión en equipamiento y una erosión general de las prácticas de mantenimiento” y concluyendo que las Fuerzas Armadas argentinas “son una sombra de aquellas que fueron derrotadas en una guerra limitada por el Reino Unido en 1982”. Por su parte, UK Defence Journal ha reiterado (26 de abril de 2017) que “tras un significativo período de declinación, las fuerzas armadas argentinas han dejado de ser una fuerza militar capaz”. Por su parte, el IDSA hindú ha señalado que “negligencia por espacio de dos décadas ha significado que las Fuerzas Armadas (argentinas) estén enfrentando obsolescencia en bloque”.
Tratándose de una situación que, en realidad, ha demandado tres décadas, nadie puede esperar una solución instantánea. El problema es que, en realidad, el camino no ha siquiera comenzado.
No es que no hayan existido esfuerzos e incluso logros puntuales. Lo que sucede es que evidentemente no se han comprendido la génesis y la magnitud del problema.
La situación se origina en la limitación del presupuesto de defensa a aproximadamente el 1% del PBI, combinada con un excesivo gasto en personal derivado de una estructura de personal sobredimensionada en grados medios y altos y con escaso número de tropa –que determina la abundancia de estructuras burocráticas para su justificación-, lo que significa que un 80% del presupuesto es destinado a personal, un 15% a funcionamiento (combustible, munición, mantenimiento) y un 5% (o menos) a material, porcentaje que obviamente no permite renovar el equipamiento. Esto, por un cuarto de siglo, explica la situación actual. Como no ha sido sustancialmente modificado, las cosas no han mejorado, ni lo harán en el futuro.
Una mejora del presupuesto, dedicada exclusivamente a equipamiento, mantenida por espacio de dos décadas, mejoraría la situación... pero hay que hacer más.
Resulta imprescindible repensar las Fuerzas Armadas argentinas, rediseñarlas para cumplir su misión de defensa del país, concluir con la profusión de estructuras burocráticas a favor de lo operativo, reestructurarlas obteniendo unidades completas, redesplegarlas de modo de facilitar el adiestramiento conjunto, establecer adecuadas proporciones entre los diversos grados y categorías; todo lo cual redundaría en eficiencia y eficacia, disminuyendo el excesivo gasto en personal, dedicar la industria de defensa a la producción militar y no mayormente civil, entre otros aspectos.
Un país relativamente importante desarmado en una región con países armados no es un aporte para la paz. Es un foco de inestabilidad y de conflicto potencial, que brinda un premio desmesurado a una nunca totalmente descartable agresión, en países con relaciones civiles-militares no consolidadas. La paz en Sudamérica constituye un bien supremo que es preciso resguardar; la situación indicada no contribuye a ello.
La Argentina actualmente gasta más de 5.000 millones de dólares en defensa, sin poseer prácticamente capacidad operativa alguna. Preciso es lograr que ese dinero y el buen núcleo de personal bien preparado, con que todavía se cuenta, rindan frutos para la defensa del país.
José Manuel Ugarte es Doctor en Derecho (UBA), Co-redactor de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
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