Con la proyección de su soberanía sobre el Mar de China Meridional, el gigante asiático busca proteger sus intereses geopolíticos e imponer, con su poderío naval, una política de hechos consumados. Sin embargo, el primer traspié jurídico en la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya ha puesto un límite a las ambiciones de Beijing.
El Mar de China Meridional, que conecta el océano Índico con el Pacífico Occidental, se ha convertido en el último tiempo en un escenario de tensiones diplomáticas entre el gobierno de Beijing y algunos de sus vecinos que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La importancia geopolítica de la zona obedece a que por sus aguas circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo comercial del planeta, lo que incluye la mitad de los contenedores, un tercio de la carga de granos y dos tercios de los envíos de petróleo procedentes del estrecho de Ormuz, puerta de salida del golfo Pérsico. Por el estratégico estrecho de Malaca, que comunica el Índico con el Mar de China Meridional, transita el 80 por ciento de las importaciones de crudo chinas.
En mayo de 2009 el gobierno de Beijing presentó ante la ONU, por primera vez en forma oficial, un mapa con el trazado de la denominada “línea de los nueve puntos”, también conocida como “lengua de vaca”, que englobaba bajo su soberanía prácticamente la totalidad de las islas ubicadas en el Mar de China Meridional. Ese trazado, cuya primera formulación data de 1948, incluye las Paracel –ocupadas de facto por China en 1974 y reclamadas por Vietnam– y las Spratly –cuya soberanía es reclamada total o parcialmente también por Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei–, además del banco Scarborough –bajo control chino desde 2012 y reclamado por Filipinas–. Además de su valor estratégico y de la explotación de sus recursos pesqueros, esta zona cuenta con unas reservas de petróleo estimadas en 12.000 millones de barriles y de gas calculadas en 4.380 billones de metros cúbicos.
China y la ASEAN: ¿socios o rivales?
¿Cuáles son los medios con los que cuenta el gigante asiático para hacer valer estos reclamos, dejando de lado sus muy discutibles argumentos de carácter histórico y jurídico? Consultado por DEF, Jorge Malena, director de Estudios sobre China Contemporánea en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, señaló: “China se encuentra entre los tres principales socios comerciales, prestamistas e inversores extranjeros en la mayoría de los países que son parte de esta controversia, por lo cual la herramienta económica -más allá de la militar- pasa a ser crucial”.
Por su parte, según argumentó este especialista, los vecinos afectados por las pretensiones territoriales de Beijing estarían en condiciones de “apelar no solo a la justicia internacional, sino también a la diplomacia multilateral”. Al respecto, añadió, podría asumir un rol destacado el Foro Regional de la ASEAN, que reúne a los once países socios de ese bloque comercial además de una serie de potencias como EE. UU. y la Unión Europea y aliados como India, Japón, Corea del Sur y Canadá. “Si este considerable número de Estados actúa de manera mancomunada, podría ejercer un importante grado de presión sobre China”, sentenció.
Por lo pronto, en julio del año pasado los ministros de Relaciones Exteriores de China y los países miembros de la ASEAN firmaron en Vientián (Laos) una declaración conjunta para la efectiva implementación de un código de conducta –que ya había sido esbozado en 2002– por el cual las partes se comprometen a garantizar la libre navegación del Mar de China Meridional y a resolver sus disputas territoriales por vías pacíficas y amistosas, de acuerdo a los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y en pleno respeto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar).
El “Caribe chino”
Haciendo un paralelismo con la expansión de EE. UU. sobre sus aguas circundantes a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, algunos analistas utilizan la expresión “Caribe chino” para referirse a la transformación de China en el poder dominante en su vecindario. Aun con las diferencias que existen entre la situación de inestabilidad y volatilidad que caracterizaba a los estados caribeños y las dificultades que hoy enfrenta Beijing para imponerse como potencia regional, el académico estadounidense Robert Kaplan observa que el valor geográfico de ambos mares es análogo: tanto el Caribe como el Mar de China Meridional se caracterizan por su lejanía respecto de las grandes potencias de la época y por el hecho de ser considerados por Washington y Beijing, respectivamente, como la extensión de su territorio continental y la proyección de su poderío en su zona de influencia.
“El Mar de China Meridional es vital para el proyecto de Beijing como potencia regional”, explicó a DEF el politólogo Juan Manuel Pippia, experto en relaciones internacionales, docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y miembro fundador del portal Innovaes. Al analizar el sendero que podría seguir el gigante asiático en la construcción de su hegemonía en aguas circundantes, consideró que estamos frente a un “escenario plagado de complicaciones”, ya que si bien EE. UU. sigue contando con la supremacía naval y nuclear, a Washington le sería muy difícil imponerse por una cuestión estrictamente geográfica.
“China tiene a su favor la distancia, los misiles de corto alcance y un comienzo de militarización de la zona, lo que podría estar llevando la situación a un punto de no retorno”, manifestó Pippia, al tiempo que definió la estrategia de Beijing y su apego a la famosa línea de los nueve puntos como “una cuestión de pura realpolitik”. Se trata, en definitiva, de forzar a sus vecinos y al resto de los países involucrados a aceptar una política de hechos consumados que no tendría vuelta atrás y dejaría al gigante asiático como actor dominante en la región.
El creciente poderío naval
En este marco cobra gran relevancia la construcción de una Armada moderna, capaz de proyectar su poder más allá de sus mares circundantes. Aunque los intereses vitales de China parecen estar limitados por el momento a sus aguas más cercanas, el Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2015, instaba a la Armada del Ejército Popular de Liberación a modificar gradualmente su estrategia, para incorporar a la “defensa de las aguas costeras” la “protección en mar abierto”, dotándose de una “estructura de combate naval combinada, eficiente y multifuncional” y potenciando “sus capacidades de disuasión y contraataque estratégicos”.
La meta hacia la que transita China es lo que en la jerga de los expertos se conoce como “Marina de aguas azules”. ¿Qué significa? “Una Marina con capacidad interoceánica, para lo cual necesita contar, entre otras cosas, con portaaviones y el grupo de navíos que los escolten y estén en condiciones de prestarles servicios logísticos”, ilustró Pippia, quien recordó que hoy Beijing cuenta con dos portaaviones: el Liaoning, que entró en servicio en 2012 a partir de la remodelación del antiguo buque ucranio Varyag; y el Shandong, que fue totalmente fabricado en el país y acaba de ser botado, pero aún no se encuentra operativo. Tal como detalló este analista, otro factor clave en la estrategia china de “negación de aguas” o “anti-acceso” son los submarinos: hoy el país cuenta con 60 y dispondrá en breve de 75, lo que dificultaría enormemente cualquier margen de maniobra estadounidense y le permitiría Beijing proyectar su influencia sobre la primera cadena de islas, que incluye también las Senkaku/Diaoyu -cuya soberanía es disputada por Japón- en el Mar de China Oriental.
Traspié jurídico en La Haya
Una serie de incidentes ocurridos con fuerzas navales y pescadores en la zona del banco Scarborough, que derivaron en el control de ese accidente geográfico por parte de China en mayo de 2012, llevaron a Filipinas –entonces bajo el gobierno de Benigno Noynoy Aquino– a presentar el caso antela Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, que emitió en julio de 2016 un laudo favorable al gobierno de Manila. Tal como nos detalló Jorge Malena, los principales argumentos del tribunal establecieron que no existía fundamento para sustentar la reclamación de Beijing respecto de sus “derechos históricos sobre los recursos de las áreas marítimas delimitadas por la línea de los nueve puntos”.
En referencia a los reclamos sobre el archipiélago de las Spratly, el tribunal consideró que ninguna de ellas es desde el punto de vista jurídico una isla, ya que “no puede soportar una comunidad humana estable o vida económica independiente”. Por lo tanto, en los términos de la Convemar, no pueden formar parte de ningún reclamo de zona económica exclusiva (ZEE) o plataforma continental. Finalmente, en lo que ha significado -según Malena- “un impacto muy duro para los intereses de China tanto en el orden jurídico como político internacional”, la Corte determinó que Beijing “violó los derechos soberanos de Filipinas con sus acciones en la zona, ha perjudicado seriamente el medio el medio ambiente, ha entorpecido los derechos de sus pescadores, ha afectado la explotación petrolífera y ha enconado el conflicto bilateral”.
Las autoridades de Beijing no aceptaron el fallo. La Cancillería definió el inicio unilateral del proceso de arbitraje por parte del gobierno filipino como “un acto de mala fe” por no haber agotado la vía de las negociaciones bilaterales, al tiempo que acusó a Manila de haber distorsionado y tergiversado deliberadamente la realidad. Finalmente, consideraron el laudo arbitral como “nulo, sin fuerza vinculante y carente de efectos sobre su soberanía respecto de las islas del Mar de China Meridional, así como sus derechos e intereses en dicho mar”. En el ínterin, la llegada al poder de Rodrigo Duterte en Filipinas y el anuncio del abandono por parte de Manila de la tutela económica y militar de EE. UU. parecen haber abierto un capítulo completamente nuevo en la política exterior del país. Por lo pronto, en una declaración conjunta firmada con su contraparte china en octubre del año pasado, se mencionó “la importancia del mantenimiento y la promoción de la paz y la estabilidad, así como la libertad de navegación en el Mar de China Meridional”, y se especificó que las disputas territoriales entre ambos se resolverían mediante “consultas y negociaciones amistosas en el marco del derecho internacional”.
El dilema estadounidense
Una gran incógnita en estos primeros meses de gestión de Donald Trump es qué actitud tomará el gobierno de EE. UU., teniendo en cuenta la pirotecnia verbal del nuevo inquilino de la Casa Blanca durante la campaña y sus reproches al gobierno de Barack Obama por haber tolerado las amenazas e intimidaciones de Beijing en el Mar de China Meridional. En este sentido, Jorge Malena consideró que “Trump ha evidenciado su apoyo tanto a los aliados históricos de EE. UU. en la región (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Singapur y Australia), como así también a Vietnam, un actor cada vez más cercano a Washington”. Y agregó: “Ello guarda relación con la creciente preocupación que tuvieron las cuatro últimas administraciones estadounidenses por el protagonismo regional chino, apoyado no solo en los ámbitos político y económico, sino también en el militar”.
Sin embargo, aseguró Juan Pippia, “el hundimiento por parte de la administración Trump del Tratado Transpacífico (TPP) –que buscaba enlazar más estrechamente la economía estadounidense con socios en la zona, como Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam– ha sido una buena noticia para China, ya que le quita un motivo para mantener su presencia militar en la zona y demuestra un menor interés de Washington por conservar su actual influencia en Asia-Pacífico”. Aun cuando no queda del todo clara la postura de la Casa Blanca, tal vez EE. UU. ya no esté dispuesto a hacer ulteriores esfuerzos para proveer a la defensa de sus aliados en la región.
En un artículo publicado en septiembre pasado, Hugh White, profesor del Centro de Estudios Estratégicos y de la Defensa de la Universidad Nacional de Australia, consideraba riesgosa la ambigüedad demostrada por EE. UU. en los últimos años. Y en caso de nuevas provocaciones por parte de China –como, por caso, la construcción de una base en el banco Scarborough–, reclamaba como respuesta la aplicación de sanciones económicas y diplomáticas contra Beijing. “Lo que está en riesgo –concluía el autor– es la credibilidad de EE. UU. y el futuro de su liderazgo en Asia”.
Más contemporizador, en su libro Asia’s Cauldron [“La caldera asiática”], Robert Kaplan advierte que el objetivo de Washington en esta parte del planeta “debería ser el equilibrio, no la dominación”, pues, desde su punto de vista, “el equilibrio de poder es en sí mismo la mejor salvaguardia de la libertad”. Esa es la lección que, según este académico, nos debería dejar el Mar de China Meridional en “un mundo nervioso, repleto de buques de guerra y barcos petroleros, lleno de incesantes juegos de guerra, que no necesariamente deberían acabar en un combate real”.
Botadura del nuevo portaaviones chino Shandong en el astillero de Dalian.
El Mar de China Meridional, que conecta el océano Índico con el Pacífico Occidental, se ha convertido en el último tiempo en un escenario de tensiones diplomáticas entre el gobierno de Beijing y algunos de sus vecinos que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La importancia geopolítica de la zona obedece a que por sus aguas circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo comercial del planeta, lo que incluye la mitad de los contenedores, un tercio de la carga de granos y dos tercios de los envíos de petróleo procedentes del estrecho de Ormuz, puerta de salida del golfo Pérsico. Por el estratégico estrecho de Malaca, que comunica el Índico con el Mar de China Meridional, transita el 80 por ciento de las importaciones de crudo chinas.
En mayo de 2009 el gobierno de Beijing presentó ante la ONU, por primera vez en forma oficial, un mapa con el trazado de la denominada “línea de los nueve puntos”, también conocida como “lengua de vaca”, que englobaba bajo su soberanía prácticamente la totalidad de las islas ubicadas en el Mar de China Meridional. Ese trazado, cuya primera formulación data de 1948, incluye las Paracel –ocupadas de facto por China en 1974 y reclamadas por Vietnam– y las Spratly –cuya soberanía es reclamada total o parcialmente también por Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei–, además del banco Scarborough –bajo control chino desde 2012 y reclamado por Filipinas–. Además de su valor estratégico y de la explotación de sus recursos pesqueros, esta zona cuenta con unas reservas de petróleo estimadas en 12.000 millones de barriles y de gas calculadas en 4.380 billones de metros cúbicos.
China y la ASEAN: ¿socios o rivales?
¿Cuáles son los medios con los que cuenta el gigante asiático para hacer valer estos reclamos, dejando de lado sus muy discutibles argumentos de carácter histórico y jurídico? Consultado por DEF, Jorge Malena, director de Estudios sobre China Contemporánea en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador, señaló: “China se encuentra entre los tres principales socios comerciales, prestamistas e inversores extranjeros en la mayoría de los países que son parte de esta controversia, por lo cual la herramienta económica -más allá de la militar- pasa a ser crucial”.
Por su parte, según argumentó este especialista, los vecinos afectados por las pretensiones territoriales de Beijing estarían en condiciones de “apelar no solo a la justicia internacional, sino también a la diplomacia multilateral”. Al respecto, añadió, podría asumir un rol destacado el Foro Regional de la ASEAN, que reúne a los once países socios de ese bloque comercial además de una serie de potencias como EE. UU. y la Unión Europea y aliados como India, Japón, Corea del Sur y Canadá. “Si este considerable número de Estados actúa de manera mancomunada, podría ejercer un importante grado de presión sobre China”, sentenció.
Por lo pronto, en julio del año pasado los ministros de Relaciones Exteriores de China y los países miembros de la ASEAN firmaron en Vientián (Laos) una declaración conjunta para la efectiva implementación de un código de conducta –que ya había sido esbozado en 2002– por el cual las partes se comprometen a garantizar la libre navegación del Mar de China Meridional y a resolver sus disputas territoriales por vías pacíficas y amistosas, de acuerdo a los principios universalmente reconocidos del derecho internacional y en pleno respeto de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar (Convemar).
El “Caribe chino”
Haciendo un paralelismo con la expansión de EE. UU. sobre sus aguas circundantes a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, algunos analistas utilizan la expresión “Caribe chino” para referirse a la transformación de China en el poder dominante en su vecindario. Aun con las diferencias que existen entre la situación de inestabilidad y volatilidad que caracterizaba a los estados caribeños y las dificultades que hoy enfrenta Beijing para imponerse como potencia regional, el académico estadounidense Robert Kaplan observa que el valor geográfico de ambos mares es análogo: tanto el Caribe como el Mar de China Meridional se caracterizan por su lejanía respecto de las grandes potencias de la época y por el hecho de ser considerados por Washington y Beijing, respectivamente, como la extensión de su territorio continental y la proyección de su poderío en su zona de influencia.
“El Mar de China Meridional es vital para el proyecto de Beijing como potencia regional”, explicó a DEF el politólogo Juan Manuel Pippia, experto en relaciones internacionales, docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y miembro fundador del portal Innovaes. Al analizar el sendero que podría seguir el gigante asiático en la construcción de su hegemonía en aguas circundantes, consideró que estamos frente a un “escenario plagado de complicaciones”, ya que si bien EE. UU. sigue contando con la supremacía naval y nuclear, a Washington le sería muy difícil imponerse por una cuestión estrictamente geográfica.
“China tiene a su favor la distancia, los misiles de corto alcance y un comienzo de militarización de la zona, lo que podría estar llevando la situación a un punto de no retorno”, manifestó Pippia, al tiempo que definió la estrategia de Beijing y su apego a la famosa línea de los nueve puntos como “una cuestión de pura realpolitik”. Se trata, en definitiva, de forzar a sus vecinos y al resto de los países involucrados a aceptar una política de hechos consumados que no tendría vuelta atrás y dejaría al gigante asiático como actor dominante en la región.
El creciente poderío naval
En este marco cobra gran relevancia la construcción de una Armada moderna, capaz de proyectar su poder más allá de sus mares circundantes. Aunque los intereses vitales de China parecen estar limitados por el momento a sus aguas más cercanas, el Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2015, instaba a la Armada del Ejército Popular de Liberación a modificar gradualmente su estrategia, para incorporar a la “defensa de las aguas costeras” la “protección en mar abierto”, dotándose de una “estructura de combate naval combinada, eficiente y multifuncional” y potenciando “sus capacidades de disuasión y contraataque estratégicos”.
La meta hacia la que transita China es lo que en la jerga de los expertos se conoce como “Marina de aguas azules”. ¿Qué significa? “Una Marina con capacidad interoceánica, para lo cual necesita contar, entre otras cosas, con portaaviones y el grupo de navíos que los escolten y estén en condiciones de prestarles servicios logísticos”, ilustró Pippia, quien recordó que hoy Beijing cuenta con dos portaaviones: el Liaoning, que entró en servicio en 2012 a partir de la remodelación del antiguo buque ucranio Varyag; y el Shandong, que fue totalmente fabricado en el país y acaba de ser botado, pero aún no se encuentra operativo. Tal como detalló este analista, otro factor clave en la estrategia china de “negación de aguas” o “anti-acceso” son los submarinos: hoy el país cuenta con 60 y dispondrá en breve de 75, lo que dificultaría enormemente cualquier margen de maniobra estadounidense y le permitiría Beijing proyectar su influencia sobre la primera cadena de islas, que incluye también las Senkaku/Diaoyu -cuya soberanía es disputada por Japón- en el Mar de China Oriental.
Traspié jurídico en La Haya
Una serie de incidentes ocurridos con fuerzas navales y pescadores en la zona del banco Scarborough, que derivaron en el control de ese accidente geográfico por parte de China en mayo de 2012, llevaron a Filipinas –entonces bajo el gobierno de Benigno Noynoy Aquino– a presentar el caso antela Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La Haya, que emitió en julio de 2016 un laudo favorable al gobierno de Manila. Tal como nos detalló Jorge Malena, los principales argumentos del tribunal establecieron que no existía fundamento para sustentar la reclamación de Beijing respecto de sus “derechos históricos sobre los recursos de las áreas marítimas delimitadas por la línea de los nueve puntos”.
En referencia a los reclamos sobre el archipiélago de las Spratly, el tribunal consideró que ninguna de ellas es desde el punto de vista jurídico una isla, ya que “no puede soportar una comunidad humana estable o vida económica independiente”. Por lo tanto, en los términos de la Convemar, no pueden formar parte de ningún reclamo de zona económica exclusiva (ZEE) o plataforma continental. Finalmente, en lo que ha significado -según Malena- “un impacto muy duro para los intereses de China tanto en el orden jurídico como político internacional”, la Corte determinó que Beijing “violó los derechos soberanos de Filipinas con sus acciones en la zona, ha perjudicado seriamente el medio el medio ambiente, ha entorpecido los derechos de sus pescadores, ha afectado la explotación petrolífera y ha enconado el conflicto bilateral”.
Las autoridades de Beijing no aceptaron el fallo. La Cancillería definió el inicio unilateral del proceso de arbitraje por parte del gobierno filipino como “un acto de mala fe” por no haber agotado la vía de las negociaciones bilaterales, al tiempo que acusó a Manila de haber distorsionado y tergiversado deliberadamente la realidad. Finalmente, consideraron el laudo arbitral como “nulo, sin fuerza vinculante y carente de efectos sobre su soberanía respecto de las islas del Mar de China Meridional, así como sus derechos e intereses en dicho mar”. En el ínterin, la llegada al poder de Rodrigo Duterte en Filipinas y el anuncio del abandono por parte de Manila de la tutela económica y militar de EE. UU. parecen haber abierto un capítulo completamente nuevo en la política exterior del país. Por lo pronto, en una declaración conjunta firmada con su contraparte china en octubre del año pasado, se mencionó “la importancia del mantenimiento y la promoción de la paz y la estabilidad, así como la libertad de navegación en el Mar de China Meridional”, y se especificó que las disputas territoriales entre ambos se resolverían mediante “consultas y negociaciones amistosas en el marco del derecho internacional”.
El dilema estadounidense
Una gran incógnita en estos primeros meses de gestión de Donald Trump es qué actitud tomará el gobierno de EE. UU., teniendo en cuenta la pirotecnia verbal del nuevo inquilino de la Casa Blanca durante la campaña y sus reproches al gobierno de Barack Obama por haber tolerado las amenazas e intimidaciones de Beijing en el Mar de China Meridional. En este sentido, Jorge Malena consideró que “Trump ha evidenciado su apoyo tanto a los aliados históricos de EE. UU. en la región (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Tailandia, Singapur y Australia), como así también a Vietnam, un actor cada vez más cercano a Washington”. Y agregó: “Ello guarda relación con la creciente preocupación que tuvieron las cuatro últimas administraciones estadounidenses por el protagonismo regional chino, apoyado no solo en los ámbitos político y económico, sino también en el militar”.
Sin embargo, aseguró Juan Pippia, “el hundimiento por parte de la administración Trump del Tratado Transpacífico (TPP) –que buscaba enlazar más estrechamente la economía estadounidense con socios en la zona, como Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam– ha sido una buena noticia para China, ya que le quita un motivo para mantener su presencia militar en la zona y demuestra un menor interés de Washington por conservar su actual influencia en Asia-Pacífico”. Aun cuando no queda del todo clara la postura de la Casa Blanca, tal vez EE. UU. ya no esté dispuesto a hacer ulteriores esfuerzos para proveer a la defensa de sus aliados en la región.
En un artículo publicado en septiembre pasado, Hugh White, profesor del Centro de Estudios Estratégicos y de la Defensa de la Universidad Nacional de Australia, consideraba riesgosa la ambigüedad demostrada por EE. UU. en los últimos años. Y en caso de nuevas provocaciones por parte de China –como, por caso, la construcción de una base en el banco Scarborough–, reclamaba como respuesta la aplicación de sanciones económicas y diplomáticas contra Beijing. “Lo que está en riesgo –concluía el autor– es la credibilidad de EE. UU. y el futuro de su liderazgo en Asia”.
Más contemporizador, en su libro Asia’s Cauldron [“La caldera asiática”], Robert Kaplan advierte que el objetivo de Washington en esta parte del planeta “debería ser el equilibrio, no la dominación”, pues, desde su punto de vista, “el equilibrio de poder es en sí mismo la mejor salvaguardia de la libertad”. Esa es la lección que, según este académico, nos debería dejar el Mar de China Meridional en “un mundo nervioso, repleto de buques de guerra y barcos petroleros, lleno de incesantes juegos de guerra, que no necesariamente deberían acabar en un combate real”.
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