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| Clave. Gran Bretaña está dispuesta a cooperar en pesca e hidrocarburos para fortalecer el desarrollo económico del archipiélago, pero no a discutir la soberanía. Foto:cedoc |
Leandro Dario. Perfil
El gobierno de Mauricio Macri busca reactivar un acuerdo de cooperación científica con el Reino Unido por la pesca en el Atlántico Sur. Así lo declaró hace unas semanas a PERFIL la canciller Susana Malcorra, durante un viaje a la Antártida. De esa forma, el Palacio San Martín volverá a la cooperación que nació en 1990 durante el menemismo y fue congelada en 2005 por Néstor Kirchner. “Se podría llegar –con el paraguas que tenemos de soberanía que preserva nuestros derechos– a profundizar investigaciones conjuntas que se iniciaron en otro momento y que se congelaron”, afirmó la jefa de la diplomacia argentina. Con esas palabras, reafirmó la hoja de ruta firmada con Londres en septiembre de 2016, en la cual se manifestó “la intención de remover obstáculos en áreas como la pesca”, lo que generará “nuevas oportunidades de cooperación y de utilización racional de los recursos naturales de las islas”.
“En diciembre, ministros británicos y argentinos se reunieron en Londres y coincidieron en la importancia de intercambiar información vinculada a los stocks ictícolas en el Atlántico Sur y la necesidad de discutir este tema a principios de 2017”, confirmó a PERFIL un vocero del Foreign Office, en referencia a la bilateral que mantuvieron el vicecanciller Pedro Villagra y el ministro de la Cancillería británica para Europa y las Américas, Alan Duncan.
Para entender el impacto de esa nueva política, hay que preguntarse qué resultado dio esa cooperación en el pasado y por qué fue suspendida. Y más importante aún: ¿cuáles son los objetivos y propósitos de Argentina para reflotarla nuevamente ahora? El ex canciller Rafael Bielsa explicó a PERFIL los motivos por los que el gobierno de Néstor Kirchner congeló la cooperación: “Vimos que los acuerdos –firmados por otro gobierno– no eran equilibrados y solamente contribuían a que continuase incambiada la situación de hecho, es decir, la jurisdicción británica sobre aguas y recursos pesqueros. Agravada esta situación por la emisión de permisos de pesca por la autoridad colonial usurpadora”. Esa decisión sería, sin embargo, revertida por el gobierno de Macri.
Riqueza. La pesca es una industria clave en el desarrollo económico de las islas. Aporta entre el 35% y el 48% de su Producto Bruto Interno (PBI). Desde que comenzó en 1986 a explotar los recursos de las aguas en disputa, los ingresos de las Malvinas aumentaron un 500%, garantizando la autosuficiencia económica en todas sus áreas de gobierno menos en la defensa y en política exterior, que aún son financiadas por Londres. Sólo por venta de licencias, las islas recaudan 25 millones de dólares anuales. Por estos datos, es clave analizar de qué se trata la cooperación que el Gobierno restablecería en los próximos meses.
Mediante los Acuerdos de Madrid I y II, firmados en 1989 y 1990, los dos países restablecieron –bajo la fórmula del paraguas de soberanía, que mantenía inalterados las reivindicaciones de ambas partes– sus relaciones diplomáticas, interrumpidas al estallar la guerra, y acordaron medidas para fomentar la confianza y evitar incidentes en la esfera militar; cooperar para la preservación de recursos pesqueros y para la exploración de hidrocarburos; y establecer contactos entre las islas Malvinas y el territorio continental; entre otras cuestiones.
En relación a los recursos ictícolas, la cooperación le permitía a las islas tener información científica sobre la evolución de las especies migratorias (principalmente el calamar Illex Argentinus), clave para fijar los límites de cuotas máximas permisibles de pesca y evitar la sobreexplotación y depredación. Así, conocerían la distribución y el stock de los recursos desde Chubut a la Antártida en todo el mar Argentino. En tanto, a la Argentina le interesaba restablecer el vínculo bilateral, preservar los recursos, y, sobre todo, discutir sobre el diferendo de soberanía, algo que nunca se produjo.
La Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros estableció la cooperación científica, a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) y el Imperial College Británico. Además, estipuló la creación de una Comisión de Pesca en el Atlántico Sur (CPAS), y la prohibición total temporal de pesca comercial en una zona delimitada destinada a la conservación pesquera. La Comisión de Pesca se reunió durante quince años dos veces por año –una en Londres y otra en Buenos Aires– y recabó información sobre las flotas pesqueras, estadísticas sobre capturas, propuso la realización de investigaciones científicas conjuntas y recomendó acciones de conservación de recursos migratorios en aguas internacionales.
Soberanía. Argentina tenía dos objetivos: en una primera instancia, restablecer la relación con el Reino Unido y evitar la depredación de los recursos, que Argentina reclamaba como propios; y en el largo plazo, sentar las bases para discutir la soberanía sobre las islas y el espacio marítimo circundante. Pero el Foreign Office nunca cambió su postura: eludió dialogar sobre soberanía y sólo cooperó en áreas vitales para el desarrollo económico del archipiélago, como la pesca y los hidrocarburos. Por el contrario, aumentó su control sobre el espacio marítimo circundante. En 1985, la premier Margaret Thatcher autorizó al gobierno de las islas a explotar los derechos de pesca. Así, estableció de facto una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de los isleños, vedada a la explotación argentina, cuyo radio era de 320 kilómetros. La cooperación tampoco disuadió al Reino Unido de implementar otras medidas unilaterales. Cuatro años después de firmar los acuerdos, Londres levantó la prohibición total temporaria de pesca estipulada –para evitar la depredación– en el Anexo de la Declaración Conjunta sobre Conservación de
Recursos Pesqueros, lo que motivó la protesta del gobierno argentino. Otras de las decisiones británicas unilaterales fue la extensión de las licencias de pesca hasta plazos de 25 años. “Esta medida constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos disputados”, sostuvo el Palacio San Martín por ese entonces en un comunicado.
A foja cero. Durante los quince años que Argentina siguió esta política no sólo no se discutió la soberanía, sino que el Reino Unido fortaleció su posición sobre las islas, a través de los cuantiosos ingresos que generó su incipiente industria pesquera. El ex vicecanciller Fernando Petrella reconoció en 1999 los límites que tuvo esa cooperación. “El hecho de que el Reino Unido ejercía jurisdicción de facto con exclusividad, impidiendo a la Argentina pescar y patrullar dichos espacios marítimos, impidió mayores progresos tanto en la cuestión de la conservación como sobre el fondo de la disputa”, escribió en el libro Década de Encuentro Argentina y Gran Bretaña 1989-1999, editado por el CARI.
Pese al fracaso de los 90, el gobierno de Macri volvería ahora a la misma política en materia pesquera. “Nadie sabe por qué lo están haciendo. Esto es traición a la patria. Que digan que quieren entregar las islas y listo”, aseveró a este diario un diplomático del Palacio San Martín.
Si el objetivo del gobierno argentino es discutir la soberanía de las Malvinas, debería revisar el pasado y entender que la cooperación pesquera no basta para sentar a Londres en la mesa de negociación.
Reino Unido lo aprueba y Argentina se contradice
En diálogo con PERFIL, el gobierno del Reino Unido afirmó que está dispuesto a restablecer la cooperación científica pesquera con la Argentina. “El gobierno de las islas Falklands (sic) ha indicado su voluntad de trabajar en conjunto con el gobierno de la Argentina en áreas de mutuo interés, incluida la pesca. Tanto el Reino Unido como las Falklands (sic) darían la bienvenida al restablecimiento de cooperación científica para respaldar la conservación de los recursos en el Atlántico Sur”, afirmó un vocero del Foreign Office. Ese mismo funcionario no respondió, en tanto, si habrá nuevas medidas unilaterales británicas como las de 1994 y 2005, mediante las cuales se autorizó a pescar en un área prohibida y se vendió licencias pesqueras por 25 años.
Desde la Cancillería argentina admitieron que habrá cooperación científica para preservar las especies ictícolas, pero negaron que se trate de un acuerdo de pesca. Esa información, sin embargo, contrastó con las declaraciones a la agencia Télam del vicecanciller Pedro Villagra, quien el 21 de diciembre destacó la “importancia del intercambio de información relativa a los caladeros en el Atlántico Sur, más específicamente a la migración del calamar Illex”. “Se acordó que debería avanzarse en más conversaciones para considerar si existe la necesidad de restablecer la Comisión de Pesca del Atlántico Sur, y si las partes pueden comenzar un proceso que conduzca a un acuerdo de administración pesquera regional para el Atlántico Sur occidental”, agregó el número dos de Malcorra. Con esa última opción, Argentina correría el riesgo de incurrir en el mismo error del canciller noruego Nils Claus Ihlen, quien en 1919 afirmó que “los planes del Gobierno Real Danés respecto de la soberanía sobre la totalidad de Groenlandia no encontrarían dificultades por parte de Noruega”, concediendo así una declaración unilateral en forma de promesa que, luego, fue “internacionalmente obligatoria”.
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