El Estado usará en 60 días el monto asignado a cinco meses; construirán 25.000 unidades en Buenos Aires
Por Pablo Fernández Blanco para La Nación
Algunos funcionarios del Ministerio del Interior hicieron en los últimos días una llamativa apuesta que involucra fondos por miles de millones de pesos. El desafío consiste en gastar en lo que resta del año los $ 9592, 1 millones que tiene disponibles la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Domingo Amaya.
Aunque el sueño de todo funcionario es contar con fondos abundantes para volcar a su tarea, no se trata de una tarea sencilla. Sucede que en la primera parte del año el gasto en viviendas y mejoramiento del hábitat, al igual que en otras áreas del Estado, quedó frenado por los avatares de la transición política. El objetivo para los próximos dos meses es agotar los recursos disponibles, que representan el 43 por ciento del presupuesto del área para este año.
En otros términos: la cartera de Amaya deberá volcar a la calle en poco más de dos meses y medio la misma cantidad que debería destinar en más de cinco meses si hiciera un uso cronológico de los recursos. Ese es el motivo por el que algunos funcionarios apostaron en contra.
En lo que resta del año el Gobierno destinará $ 6250,5 millones a la puesta en marcha y el avance de casas sociales, una tarea cuya gestión está a cargo de los institutos de la vivienda provinciales y, en algunos casos, de los municipios.
Otros $ 3341 millones los volcará a la mejora del hábitat, que apunta principalmente a instalar servicios básicos en villas y asentamientos precarios.
La provincia de Buenos Aires será uno de los territorios privilegiados de la inversión pública en viviendas. La semana próxima se anunciará, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el lanzamiento de un plan para construir 25.000 nuevas casas en territorio bonaerense, y se les sumarán anuncios por otras 15.000 en las provincias.
Desde la mirada política, es lógico el apuro de Amaya por avanzar en la utilización de los fondos disponibles. El plan de Macri es concretar una inversión de $ 100.000 millones hasta el final de su mandato para construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas para construir o mejorar otras 456.000 casas.
Esos trabajos permitirían sacar de la crisis habitacional a unas cuatro millones de personas, una tercera parte de los 12 millones que viven en situación precaria. Si logra completar el plan, podrá decir que financió unas 30.000 viviendas por año, casi el doble de las 16.000 por año que hizo el kirchnerismo, pese a que había prometido hacer más del triple que la administración actual.
Desde el punto de vista político, se trataría de una carta ganadora de cara a los comicios presidenciales.
A través de diversos ajustes, los fondos destinados a viviendas y mejoramiento del hábitat se incrementaron en casi $ 190 millones en el año.
En la primera parte del año, Amaya firmó más de 20 convenios con gobernadores y 60 acuerdos específicos con provincias y municipios para establecer pautas concretas de la inversión pública en vivienda. Se fijaron plazos de ejecución, montos a desembolsar y la cantidad de habitantes que serán alcanzados por el proyecto.
La indigestión presupuestaria de la cartera de vivienda se debe en parte a lo que ocurrió en el primer trimestre del año. Tras el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades revisaron la contabilidad de sus antecesores y encontraron irregularidades. Luego iniciaron el pago de unos $ 7000 millones correspondientes al último año de Cristina Kirchner en el poder.
Aunque ese trabajo les llevó el primer trimestre, las erogaciones se contabilizarán en el ejercicio del año pasado.
Un funcionario de Interior que pidió reserva de su nombre sostuvo, en diálogo con LA NACION, que la utilización de todos los recursos disponibles es una orden del ministro Rogelio Frigerio, el titular de la cartera, que además de la relación con las provincias engloba el gasto en obra pública, la construcción de viviendas y el mejoramiento del hábitat.
En parte, se trata de una cuestión de sillas. Semanas atrás, un funcionario de trato frecuente con Frigerio le dijo a LA NACION: "Estamos acá para usar el presupuesto. Si estuviera en otra ministerio podría decirte lo contrario, pero estamos acá para gastar la plata", explicó en referencia tácita al titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que tiene entre sus preocupaciones la marcha del déficit fiscal. Son intereses antagónicos: si el gasto aumenta y los ingresos del Estado no acompañan, se agranda el rojo del sector público.
De todas maneras, el propio titular de Hacienda cosecha las bondades del gasto público en otros indicadores. Hace dos semanas, en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Prat-Gay sostuvo: "Toda la economía dejó de caer en el tercer trimestre".
Cuando dejaba el lugar, amplió su afirmación ante la consulta de LA NACION. Y mencionó, a modo de ejemplo, los valores positivos que mostraron las ventas de asfalto y de cemento, ambos rubros vinculados con la construcción.
Al momento de mencionar a los responsables del cambio de tendencia, Prat-Gay nombró al campo y al propio Estado, que multiplicó el gasto en obras.
El Estado invertirá $ 9500 millones en viviendas: construirán 25.000 unidades en Buenos Aires. Foto: Archivo
Por Pablo Fernández Blanco para La Nación
Algunos funcionarios del Ministerio del Interior hicieron en los últimos días una llamativa apuesta que involucra fondos por miles de millones de pesos. El desafío consiste en gastar en lo que resta del año los $ 9592, 1 millones que tiene disponibles la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Domingo Amaya.
Aunque el sueño de todo funcionario es contar con fondos abundantes para volcar a su tarea, no se trata de una tarea sencilla. Sucede que en la primera parte del año el gasto en viviendas y mejoramiento del hábitat, al igual que en otras áreas del Estado, quedó frenado por los avatares de la transición política. El objetivo para los próximos dos meses es agotar los recursos disponibles, que representan el 43 por ciento del presupuesto del área para este año.
En otros términos: la cartera de Amaya deberá volcar a la calle en poco más de dos meses y medio la misma cantidad que debería destinar en más de cinco meses si hiciera un uso cronológico de los recursos. Ese es el motivo por el que algunos funcionarios apostaron en contra.
En lo que resta del año el Gobierno destinará $ 6250,5 millones a la puesta en marcha y el avance de casas sociales, una tarea cuya gestión está a cargo de los institutos de la vivienda provinciales y, en algunos casos, de los municipios.
Otros $ 3341 millones los volcará a la mejora del hábitat, que apunta principalmente a instalar servicios básicos en villas y asentamientos precarios.
La provincia de Buenos Aires será uno de los territorios privilegiados de la inversión pública en viviendas. La semana próxima se anunciará, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, el lanzamiento de un plan para construir 25.000 nuevas casas en territorio bonaerense, y se les sumarán anuncios por otras 15.000 en las provincias.
Desde la mirada política, es lógico el apuro de Amaya por avanzar en la utilización de los fondos disponibles. El plan de Macri es concretar una inversión de $ 100.000 millones hasta el final de su mandato para construir 120.000 nuevas viviendas sociales, reurbanizar las 505 comunidades más vulnerables del país y otorgar créditos con parte del capital o tasas subsidiadas para construir o mejorar otras 456.000 casas.
Esos trabajos permitirían sacar de la crisis habitacional a unas cuatro millones de personas, una tercera parte de los 12 millones que viven en situación precaria. Si logra completar el plan, podrá decir que financió unas 30.000 viviendas por año, casi el doble de las 16.000 por año que hizo el kirchnerismo, pese a que había prometido hacer más del triple que la administración actual.
Desde el punto de vista político, se trataría de una carta ganadora de cara a los comicios presidenciales.
A través de diversos ajustes, los fondos destinados a viviendas y mejoramiento del hábitat se incrementaron en casi $ 190 millones en el año.
En la primera parte del año, Amaya firmó más de 20 convenios con gobernadores y 60 acuerdos específicos con provincias y municipios para establecer pautas concretas de la inversión pública en vivienda. Se fijaron plazos de ejecución, montos a desembolsar y la cantidad de habitantes que serán alcanzados por el proyecto.
La indigestión presupuestaria de la cartera de vivienda se debe en parte a lo que ocurrió en el primer trimestre del año. Tras el cambio de Gobierno, las nuevas autoridades revisaron la contabilidad de sus antecesores y encontraron irregularidades. Luego iniciaron el pago de unos $ 7000 millones correspondientes al último año de Cristina Kirchner en el poder.
Aunque ese trabajo les llevó el primer trimestre, las erogaciones se contabilizarán en el ejercicio del año pasado.
Un funcionario de Interior que pidió reserva de su nombre sostuvo, en diálogo con LA NACION, que la utilización de todos los recursos disponibles es una orden del ministro Rogelio Frigerio, el titular de la cartera, que además de la relación con las provincias engloba el gasto en obra pública, la construcción de viviendas y el mejoramiento del hábitat.
En parte, se trata de una cuestión de sillas. Semanas atrás, un funcionario de trato frecuente con Frigerio le dijo a LA NACION: "Estamos acá para usar el presupuesto. Si estuviera en otra ministerio podría decirte lo contrario, pero estamos acá para gastar la plata", explicó en referencia tácita al titular de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que tiene entre sus preocupaciones la marcha del déficit fiscal. Son intereses antagónicos: si el gasto aumenta y los ingresos del Estado no acompañan, se agranda el rojo del sector público.
De todas maneras, el propio titular de Hacienda cosecha las bondades del gasto público en otros indicadores. Hace dos semanas, en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Prat-Gay sostuvo: "Toda la economía dejó de caer en el tercer trimestre".
Cuando dejaba el lugar, amplió su afirmación ante la consulta de LA NACION. Y mencionó, a modo de ejemplo, los valores positivos que mostraron las ventas de asfalto y de cemento, ambos rubros vinculados con la construcción.
Al momento de mencionar a los responsables del cambio de tendencia, Prat-Gay nombró al campo y al propio Estado, que multiplicó el gasto en obras.
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