Serán para mejorar la capacidad de respuesta del grupo aéreo de la Gendarmería; buscan identificar pistas ilegales y agilizar el traslado de tropas
Lo biturbohélice ATR 72, con capacidad para transportar hasta 66 pasajeros, podrían llegar al país para la Gendarmería. Foto: LA NACION
Por Daniel Gallo para LA NACION
Con la intención de fortalecer los controles en la frontera norte, el Gobierno dotará de mayor capacidad de movimiento al grupo aéreo de la Gendarmería. Dos proyectos están en el escritorio de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Por un lado se analizan ofertas para la compra de dos aviones espías con capacidad de radar y de cámaras para monitorear potenciales pistas ilegales de aterrizaje y guiar las operaciones terrestres sobre esos puntos. Más avanzadas están las gestiones para adquirir dos aviones de transporte de tropas.
En este último caso, la evaluación oficial terminó por poner en el primer lugar en el orden de preferencias al modelo ítalo-francés ATR72. La idea del Ministerio de Seguridad es dar a la Gendarmería una importante movilidad propia. Esas aeronaves tienen capacidad para el traslado de 60 efectivos con sus pertrechos y evitaría los largos transportes terrestres de los destacamentos móviles, situaciones que provocaron dos accidentes mortales en los últimos años.
En diciembre pasado perdieron la vida 43 gendarmes al desbarrancarse un ómnibus en la ruta nacional 24, en las cercanías de la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. Ese grupo viajaba desde su base en Santiago del Estero hacia Jujuy. En junio de 2012 murieron nueve gendarmes al chocar un ómnibus que llevaba a los efectivos contra un camión, en Chubut. Con aeronaves propias esperan que no se repitan esas experiencias mortales en los movimientos de fuerzas federales.
Si bien no trascendió el monto de esa inversión, otros países latinoamericanos, como el caso de Perú, optaron por esas aeronaves en programas que alcanzaron los cien millones de dólares para la adquisición de dos unidades.
De todas maneras, esa clase de sistemas tienen costos que dependen no sólo del valor del avión sino de los convenios para futuras reparaciones, la provisión de repuestos y el adiestramiento específico de las tripulaciones.
Más vigilancia
El proyecto que involucra a los aviones de guerra electrónica se encuentra en la etapa de evaluación de alternativas de compra, ya que en los despachos oficiales se aguardan definiciones sobre la posibilidad de negociaciones directas entre países.
Como publicó LA NACION en su edición de anteayer, el mes próximo la ministra Bullrich y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, viajarán a Israel para la cumbre de jefes de seguridad interna y ciberseguridad que se realizará en Tel Aviv, entre el 14 y el 17 de noviembre. En esa ocasión habrá una exhibición de equipamiento de última generación en materia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y se espera que los enviados suscriban acuerdos y, eventualmente, algún precontrato de compra.
La Argentina no cuenta hoy con aeronaves de guerra electrónica, ya que las últimas similares fueron desactivas en 2006 tras un accidente. Ese año se precipitó a tierra un Mohawk del Ejército: fue en Los Polvorines, casi inmediatamente después del despegue de Campo de Mayo, y murieron el piloto y el copiloto. En esos años la Gendarmería aprovechaba informalmente algunos vuelos de entrenamiento de los pilotos del Ejército para conseguir información sobre potenciales pistas de aterrizaje irregulares.
Los aviones espía formarán parte de un proyectado "escudo tecnológico" de protección de la frontera norte. Ese plan incluye la compra de globos aerostáticos con capacidad de visualizar grandes extensiones de terreno. Esa compra de tecnología de origen israelí tiene conversaciones muy avanzadas.
En ese caso se negocia por el sistema SkyStar, basado en un globo aerostático que ubica una cámara a 600 metros de altura. Con esas imágenes se puede identificar vehículos a 15 kilómetros de distancia.
Por otra parte, el transporte aéreo de la Gendarmería será reforzado con los dos helicópteros de transporte de tropas UH1H que habían sido transferidos desde el Ejército pero que estaban en tierra por un problema de seguros vinculados con la empresa constructora, la norteamericana Bell.
Más allá de la dotación aérea que tendrá la Gendarmería, el Gobierno consiguió la aprobación de los Estados Unidos para la compra de 24 aeronaves T6 C Texan II, biplazas de turbohélice que serán operados por la Fuerza Aérea para el adiestramiento avanzado de pilotos y para el control de vuelos ilegales. Un comunicado oficial del Departamento de Defensa norteamericano informó en agosto pasado sobre esa operación, con un costo de 300 millones de dólares.
La Casa Rosada comprometió importantes inversiones en unidades aéreas al encontrarse con la mayoría de los aviones casi desactivados. Incluso la flota aérea presidencial fue dejada en tierra. Otro sistema de transporte, el Fokker 27, voló por última vez la semana pasada. Algo similar ocurre con los interceptores de la Fuerza Aérea, cuyos aviones Mirage fueron dados de baja, sin reemplazo. En busca de cazas livianos el Ministerio de Defensa maneja como opciones el K50 coreano, al que fueron a probar pilotos argentinos el mes pasado, y el M346 italiano.
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